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Fernando Díaz Villanueva

Opinión

Fiscalía General del Gobierno

Sánchez va a por todas, lo quiere todo y lo quiere ya. Sabe que necesita tener al poder judicial de su lado para sacar adelante su programa

Dolores Delgado.
Dolores Delgado. EFE

El escándalo que se ha armado esta semana en los ambientes judiciales ha sido de campeonato. Los jueces y fiscales suelen ser gente comedida que, como es lógico y recomendable, tratan de pasar desapercibidos y dar la nota lo menos posible. Pero la cacicada de Sánchez no les dejaba otra salida más que hablar aunque fuese a media voz y algo escondidos por si las moscas. A la mayor parte de ellos el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado les ha parecido un disparate, algo de un partidismo tan desaforado que lleva a ponerse en lo peor. Lo peor es que la intención de Sánchez sea doblegar al sistemajudicial para hacer de su capa un sayo transformándolo en una cámara de eco del Ejecutivo.

Para escandalizarse por esto no hace falta ser juez o fiscal, basta con saber para que sirve la Fiscalía General del Estado y lo importante que es la figura del fiscal general en sí, especialmente en temas delicados y de interés nacional. El fiscal general del Estado en España lo nombra el Gobierno, en rigor lo nombra el Rey pero a proposición del Gobierno. El monarca carece de poder y hace lo que le indican desde La Moncloa, en esto y en todo lo demás. Esa ya es la primera anomalía. Es cierto que no es una excepción. En EEUU lo nombra el presidente y lo ratifica el Senado. En México el fiscal general de la República lo nombra el Senado sobre una terna que propone el presidente. En Argentina sucede algo similar. Allí lo llaman procurador general y lo propone el presidente al Senado, luego este le da el plácet con una mayoría de dos tercios.

En España no tenemos ese mecanismo de seguridad parlamentario. El Gobierno decide a quien pone y el Rey se limita a echar la firma. En el pasado se pidió la reforma del procedimiento, pero ni el PP ni el PSOE estaban por la labor ya que ellos eran los beneficiarios directos. Uno de los que abogó por la reforma fue Pablo Iglesias hace tres años, pero ahora, sin embargo, se ha quedado mudo. Las cosas desde el poder se ven de manera muy diferente y si el sistema te permite colocar como fiscal general a quien te plazca sin cortapisa alguna es normal que aprovechen la ventaja.

Sobre el papel, el fiscal general no puede recibir órdenes del Gobierno, pero la realidad es que todos los Gobiernos desde Adolfo Suárez han tratado de nombrar fiscales que ellos entendían como afines

Pero precisamente porque emana directamente del poder ejecutivo hay que velar por su independencia e imparcialidad. Sobre el papel, el fiscal general no puede recibir órdenes del Gobierno, pero la realidad es que todos los Gobiernos desde Adolfo Suárez han tratado de nombrar fiscales que ellos entendían como afines, pero al menos trataban de cuidar las formas. Ninguno, a excepción de Javier Moscoso, que fue fiscal general entre 1986 y 1990, había sido antes ministro, pero en aquel entonces Felipe González dejó pasar un tiempo prudencial de varios meses entre el cese en el ministerio y el nombramiento como fiscal general.

Esta vez ni eso. Dolores Delgado se acostó ministra y se levantó fiscal general del Estado. No era, además, una ministra cualquiera, era la de Justicia, lo cual añade un puñado de sal sobre la herida abierta. Durante su mandato encadenó los escándalos por su nunca aclarada relación con el comisario Villarejo y las llamadas cloacas del Estado. Por aquello y por no defender adecuadamente al juez Llarena en Bélgica, fue reprobada en tres ocasiones por el Congreso y el Senado. Con semejante historial en sólo año y medio, cuando se informó de que no continuaría al frente de Justicia muchos pensaron que estaba amortizada y que lo más que podría hacer sería volver a su carrera de fiscal. En cierto modo lo ha hecho, pero a la cabeza de la Fiscalía en un cargo eminentemente político y de importancia capital.

Porque el nombramiento de alguien tan polémico y tan marcado es cien por cien político. Eso sí, nos viene a dar dos pistas. La primera es que Sánchez va a por todas, lo quiere todo y lo quiere ya. Sabe que necesita tener al Poder Judicial de su lado para sacar adelante su programa y cumplir las promesas que hizo a sus socios y está dispuesto a hacerlo delante de todos. La primera en la frente para que el siguiente se aparte. La Fiscalía General es el primer paso, luego vendrá el Tribunal Supremo, el Constitucional y, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial. Mediante interpretaciones creativas de la ley se puede llegar muy lejos, pueden consumarse auténticos desafueros sin consecuencias penales. También se pueden frenar las iniciativas legales que tome la oposición contra ellos.

Lleva desde hace meses con la murga de que hay que desjudicializar este asunto, que hay que llevarlo al terreno de la política, es decir, al del compadreo y los hechos consumados

La segunda pista es que el tema catalán es prioritario y Sánchez quiere dejarlo resuelto cuanto antes, a lo largo del próximo año si es posible ya que sin ERC no habrá presupuestos y su permanencia en el poder depende de ellos. Lleva desde hace meses con la murga de que hay que desjudicializar este asunto, que hay que llevarlo al terreno de la política, es decir, al del compadreo y los hechos consumados. Con alguien como Delgado se podrá desjudicializar esto en poco tiempo porque la Fiscalía es un órgano jerárquico, es decir, que el fiscal general puede dar instrucciones a los fiscales del Supremo en todo lo que tenga que ver con las causas pendientes sobre el procés.

Está aún por verse el juicio a José Luis Trapero, el antiguo mayor de los Mossos acusado de rebelión por su actitud durante el 1 de octubre. El fiscal podría rebajar la acusación a sedición o directamente retirarla. Lo de suavizar acusaciones ya lo hizo Delgado como ministra. Fue ella quien forzó a la Abogacía del Estado al cambiar la acusación contra la plana mayor del procés. Pasó de rebelión a sedición, lo que trajo penas más blandas. Recordemos que el tribunal presidido por Manuel Marchena se decantó por la sedición cuando emitió el fallo el pasado 14 de octubre.

Dolores Delgado como fiscal general tendría también la última palabra sobre los indultos a los condenados en aquel juicio. Para que el indulto se otorgue es preceptivo un informe del tribunal y ahí los fiscales tienen mucho que decir. De nuevo podrá pasar el rodillo y llevar así el cántaro lleno de agua a su jefe. Nada que ver con su predecesora, María José Segarra, que lucía un expediente inmaculado al llegar a la Fiscalía y que mantuvo una encomiable independencia a pesar de que le había puesto ahí el Gobierno. Delgado no puede decir lo mismo, llega con la toga manchada de barro dispuesta a enfangar todo el sistema judicial.

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