Quim Torra ha incumplido, consciente y reiteradamente, las leyes. Y, por ello, ha sido inhabilitado por los tribunales. Su permanencia al frente de la Generalitat de Cataluña es un fraude de ley al que el Tribunal Supremo debería poner fin cuanto antes.
El sistemático desprecio con el que el personaje ha respondido a las decisiones de la Justicia debiera ser razón suficiente para que ningún representante político que se precie le considere un interlocutor, moral y políticamente, digno de tal nombre. Y, sin embargo, el presidente del Gobierno, el presidente de todos los españoles, no sólo acepta la interlocución, sino que, al no suspender la reunión, somete a los catalanes que no son independentistas, y de paso al resto de los ciudadanos leales a la Constitución y a las leyes, a una insoportable humillación.
Una humillación que Torra ha amplificado hoy disfrazándose de jefe de un Estado ante el primer ministro de un Gobierno extranjero, y que Pedro Sánchez legitima asumiendo el degradante papel que el independentismo le ha reservado. La retransmisión en directo de la llegada del presidente del Gobierno al Palau de la Generalitat, revista a las tropas incluida, no solo es la escenificación de una farsa inadmisible; es, sobre todo, la triste imagen de una claudicación, la constatación de que, para Sánchez, todo vale si de lo que se trata es de conservar el poder, incluso la descarada subordinación de los intereses generales a los de los enemigos de la nación.
El presidente del Gobierno, al aceptar su rol secundario, colabora de forma consciente en el blanqueo del que hace poco denominó el “Le Pen de la política española”
Que de la reunión no haya salido apenas algo en claro, es lo de menos. El mal ya está hecho: el mayordomo de Carles Puigdemont, el activista cuya misión no es otra que denigrar a la democracia española, se permite insultar con el lazo amarillo en la solapa a millones de catalanes, mientras el presidente del Gobierno, al aceptar su rol secundario, colabora de forma consciente en el blanqueo del que hace poco denominó el “Le Pen de la política española”.
"La ley por sí misma no basta", ha sentenciado Pedro Sánchez al oficializar lo que ha bautizado como "el diálogo para el reencuentro", pomposo enunciado para lo que no es más que el sometimiento a las exigencias del separatismo. Cualquier español mínimamente avisado sabe lo que para Torra y el independentismo significa la palabra “diálogo”, cualquiera menos Pedro Sánchez, un jefe del Gobierno de España que parece ignorar un aspecto básico del Estado de derecho: que sin ley no hay democracia, y que sin respeto al ordenamiento jurídico sólo hay caos.
Manuel Azaña describió durante la II República a un sector de la izquierda más radicalizada como gentes que practicaban una “política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta”. Probablemente, hoy sería mucho más severo con quien, además de depreciar como nadie en democracia el noble ejercicio de la política, ha vaciado de contenido el concepto de diálogo y ha eliminado de su vocabulario la palabra dignidad.
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