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Andrea Mármol

Opinión

De espectáculos bochornosos

La independencia judicial lo es de los políticos, pero también de los medios de comunicación, del clima social y de las voces que piden ejemplaridad

Iglesias y Garzón manifestándose ante el Supremo.
Iglesias y Garzón manifestándose ante el Supremo. EFE

La coincidencia en una misma semana de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al cliente a hacerse cargo del impuesto de actos y documentos jurídicos en las hipotecas y la decisión del Tribunal de Estrasburgo a cuenta de Otegi han vuelto a poner a la justicia española allí donde siempre la quiere el debate público español: en el punto de mira. La indignación que numerosos actores políticos han querido escenificar para acreditar la excepcionalidad de la situación no es, en realidad, otra cosa que la constatación de que nuestra conversación nacional mantiene viva su seña de identidad más destacada, que alcanza a los poderes económicos, medios de comunicación y al propio Gobierno de España. A saber: el constante cuestionamiento de nuestra democracia.

Nada tiene que ver un episodio con el otro. La gestión del Supremo respecto al impuesto hipotecario puede haber generado dudas innecesarias y provocado malestar en el seno judicial, pero nada de esto es suficiente para justificar las enmiendas a la totalidad a las que tan asiduos somos en España. “Un espectáculo bochornoso”, hemos escuchado repetidamente con gravedad, exigiéndole a la Justicia lo que no exigimos a nadie más. ¿Alguien cree de verdad que el hecho de que los clientes asuman el cargo de un impuesto, al que nadie desde el Legislativo le ha puesto un pero en años, mina la credibilidad de las instituciones españolas? Los políticos que pudieron eliminar ese tributo, y que jamás hicieron nada para cambiarlo, taparon con la debida aflicción su inoperancia legislativa. Y los periodistas que de pronto volcaron toda su atención en el asunto tampoco pusieron el grito en el cielo por el impuesto, sino más bien se encontraron lamentando que fuese la acción del Supremo y no un reportaje firmado el que sacó a relucir las injusticias del sistema.

Estamos convirtiendo en norma los consejos a los jueces bajo el parapeto de la desafección, abriendo así la puerta a la arbitrariedad, que es lo contrario de la Justicia

Cada cual está en su pleno derecho de pelear contra las injusticias que considere, pero si se pretende aglutinar simpatizantes a la causa es mejor que se les empiece a tratar como mayores de edad. Y esta presunta indignación no va de hipotecas, sino que constituye para los que más alzan la voz una mera excusa para apuntalar sus objetivos políticos. Prueba de ello es que Joaquim Torra solicitara la dimisión de Carlos Lesmes tras conocerse la sentencia, como si le importaran los hipotecados españoles. Una dimisión que ya había pedido meses antes, a propósito del procés y la instrucción del caso por parte del Supremo. La hipocresía y el cinismo del líder separatista son quizás solo superados por los dirigentes de Podemos, que se apresuraron a presentarse a las puertas del tribunal "en defensa de la independencia judicial". Ahora sabemos que los whatsapps que mandaban a sus círculos los alternaban con los que intercambiaban con el Gobierno para repartirse el CGPJ. Eso sí es un espectáculo bochornoso.

Existe la tentación de lanzarse a subrayar las contradicciones que cabalga el Podemos más anti-sistema, que utiliza las decisiones judiciales que le interesan -porque a la devolución de las prestaciones a la maternidad que también decidió el TS nadie le ha dado tanto vuelo-. Pero en la lógica de Pablo Iglesias todo es absolutamente coherente: las movilizaciones a las puertas de los tribunales cuando no les gusta una resolución judicial es una forma de coacción. Elegir a los jueces a dedo, otra menos beligerante y más sutil pero coacción al cabo. Si además, de esta segunda llevan años participando los partidos tradicionales, el trabajo está hecho.

Que los jueces puedan realizar libremente su trabajo no es un privilegio para la suerte de casta judicial que determinados políticos y opinadores quieren hacernos creer, sino una garantía para todos los ciudadanos. La independencia judicial lo es de los políticos, pero también de los medios de comunicación, del clima social y de las voces que piden ejemplaridad. Los tribunales, a diferencia de las cabeceras y de muchos políticos que se quieren impunes, admiten capacidad de enmienda, como lo prueban las -pocas- sentencias condenatorias por parte de otros tribunales internacionales. Lo que está cerca de un espectáculo bochornoso es pretender una conmoción nacional porque se ha decidido poner la lupa sobre la actuación de los jueces en un caso determinado. Y en España estamos convirtiendo en norma los consejos y las sugerencias a los jueces bajo el parapeto de la desafección, abriendo así la puerta a la arbitrariedad, que es lo contrario de la justicia.



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