Una enorme sensación de injusticia

La semana pasada se hizo pública la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se condena a Isa Serra, destacada dirigente de Unidas Podemos, por un delito de atentado a la autoridad, lesiones y daños. Además de las multas correspondientes a las lesiones y daños, se impone a Serra una pena de un año y siete meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena. Como era de esperar, las reacciones adversas se sucedieron en cadena.

De un tiempo a esta parte, nos hemos ido acostumbrando a las protestas airadas y a las declaraciones gruesas en contra de las resoluciones judiciales. Lo sorprendente ahora no es sólo el calibre de las descalificaciones, sino la procedencia de las mismas. No es lo mismo que vengan de compañeros de partido o de activistas en las redes sociales que del vicepresidente del Gobierno.

Pablo Iglesias escribió en un mensaje de Twitter que le invadía "una enorme sensación de injusticia" al conocer la sentencia, a lo que añadió que "en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso". El mensaje no tiene desperdicio. El vicepresidente del Gobierno arroja sospechas de parcialidad sobre los jueces españoles, acusándolos de connivencia con los poderosos, dando a entender que persiguen judicialmente a los activistas que luchan por la justicia social, mientras dejan impune la corrupción de aquellos. De paso sugiere que los jueces se comportan de forma autoritaria, impropia de un régimen de libertades, al convertir en delito una simple protesta. Recurre para ello al guión acostumbrado: si el sistema judicial se alinea supuestamente con las élites poderosas y corruptas (la casta), enfrente tendríamos al pueblo virtuoso (la gente), de cuyo sentir se hace portavoz Iglesias. Populismo de manual.

Las declaraciones de otros miembros de Unidas Podemos, dentro y fuera del gabinete, han abundado en lo mismo. La ministra de Igualdad presentó una descripción edulcorada de los hechos (Serra "actúo en defensa de los Derechos Humanos y del artículo 47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda") por decir lo menos, cuando no directamente falsa (Serra "ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad"). Con todo, ha sido Pablo Echenique quien ha ido más lejos: "EL TSJ ha condenado sin pruebas a Isa Serra por manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad. Obviamente recuriremos (sic), pero yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. Qué vergüenza".

Entre las cosas que hemos visto está el señalamiento personal del presidente del Tribunal, como cuando la sentencia de ‘la manada’

Si el portavoz del grupo parlamentario morado en el Congreso de los Diputados acusa a los jueces de condenar sin pruebas, o de dictar a sabiendas una resolución injusta, no puede extrañarnos el alud de descalificaciones que se han sucedido en las redes sociales y en algunos medios. Entre las cosas que hemos visto, está el señalamiento personal del presidente del Tribunal, como sucedió cuando la sentencia de ‘la manada’. No menos significativa es la difusión del término lawfare como etiqueta asociada a las protestas contra la sentencia. De esa forma, el caso de Isa Serra se presenta como un ejemplo del uso torticero de la ley para perseguir o desprestigiar a los adversarios políticos bajo la cobertura de un procedimiento aparentemente legal. Convendría no tomárselo a la ligera, pues no cabe acusación más grave contra jueces y magistrados.

No es de extrañar que la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial haya tenido que emitir un comunicado para expresar su malestar por las manifestaciones de Iglesias y salir en defensa de la independencia judicial. El comunicado señala cosas elementales como que la corrupción no goza de impunidad en nuestro país, como muestran los casos de corrupción jugados por los tribunales españoles en los últimos años, o que en una sociedad democrática no se condena a nadie por actos de protesta. Además tiene que recordar a un vicepresidente del Gobierno el respeto institucional debido a la labor jurisdiccional de los jueces así como la mesura y prudencia que cabría esperar de sus pronunciamientos como cargo público.

Como si se tratara de un simple ciudadano e Iglesias no tuviera responsabilidades especiales en razón del alto puesto que ocupa

Por contraste, el ministro de Justicia ha guardado silencio y la portavoz del ejecutivo se ha limitado a ‘enmarcar’ las declaraciones del líder de Podemos en el ejercicio de la libertad de expresión. Como si se tratara de un simple ciudadano e Iglesias no tuviera responsabilidades especiales en razón del alto puesto que ocupa. De paso podríamos recordar que atravesamos una grave crisis sanitaria y social para salir de la cual el Gobierno reclama insistentemente unidad, lealtad y confianza en las instituciones. Más que nada por contextualizar la libertad de opinión del vicepresidente.

Condenar sin pruebas

Que uno tenga libertad para opinar dice poco de si la opinión que expresa es imprudente, carece de razón o no se ajusta a la verdad, que son los criterios por los que deberíamos juzgarla. Cualquier resolución judicial puede ser criticada públicamente; de hecho, el recurso ante una instancia superior no sería posible sin la crítica jurídica. Nadie lo pone en duda. Sin embargo, una cosa es discutir los argumentos del tribunal, o su interpretación de los hechos, y otra bien distinta lanzar sospechas de parcialidad y de prevaricación sobre los jueces, insinuando que criminalizan la simple protesta, que persiguen judicialmente a quienes defienden los derechos humanos o que condenan sin pruebas porque son de derechas. Es la distancia que va de la crítica razonada a la consigna sectaria, el improperio o el cliché demagógico. Por contundente o afilada que sea la crítica, esa línea divisoria es bien clara.

Basta ir a la sentencia para ver que Serra no ha sido condenada por ejercer sus derechos o protestar contra un desahucio que consideraba injusto. Tampoco paró el desahucio, pues los delitos que se le atribuyen ocurrieron una vez finalizado éste, cuando los manifestantes se enfrentaron violentamente con la policía. Según los hechos probados, los manifestantes, entre los que se encontraba Serra, no sólo insultaron, escupieron o empujaron a los agentes, sino que lanzaron contra estos "un aluvión de objetos contundentes" como macetas, botellines, papeleras o adoquines; además de los golpes contra los furgones policiales, llegaron a abrir el portón de uno de ellos forzando a los agentes a repeler la agresión. Igualmente en los hechos probados constan los insultos de Sierra contras dos mujeres policías, que han sido ampliamente reproducidos por los medios.

Mientras el relato de los agentes se ajusta a lo que se ve en las grabaciones, los jueces aprecian a la luz de las imágenes "una parcial falta de objetividad" en los testigos de la defensa

La sentencia dedica buena parte de sus 70 páginas a explicar las pruebas realizadas en el juicio oral. En ellas se examinan las declaraciones de 11 agentes que fueron testigos directos de los hechos, varios de los cuales la vieron lanzar objetos y proferir insultos; como señala la sentencia, no se les concede mayor credibilidad por ser policías que a otros testigos, pero tampoco menos. Además el Tribunal dispuso de unas grabaciones de los sucesos, así como de los informes periciales, tanto médicos como de valoración de daños, con los que pudo cotejar la prueba testifical. Mientras el relato de los agentes se ajusta a lo que se ve en las grabaciones, los jueces aprecian a la luz de las imágenes "una parcial falta de objetividad" en los testigos de la defensa. Se podrán discutir aspectos de la valoración de las pruebas, o la doctrina jurisprudencial de la coautoría que aplica el Tribunal, lo que no puede decirse es que condenó sin pruebas o de forma arbitraria.

Hay una cierta paradoja en toda esta polémica. La misma sentencia parece adelantarla en un momento cuando dice que la presunción de inocencia no puede llevarse al extremo absurdo de considerar que las actuaciones judiciales son ilegítimas y vulneradoras de derechos. Sólo falta el matiz: cuando afectan a uno de los nuestros. En efecto, algunos se desgañitan en defensa de la presunción de inocencia de los acusados, pero sólo cuando se trata de los suyos, e invierten tal principio cuando se trata de los jueces, a los que se atribuye sin mayores pruebas una actuación contraria a la Constitución y las leyes. Me temo que esa visión sectaria de la Justicia deja traslucir algo más en este caso: una clara animosidad contra la independencia que define el papel del juez en un Estado constitucional como garante del imperio de la ley y de los derechos de los ciudadanos. De ahí que la idea de lawfare funciona aquí como un espejo, que refleja más a quien acusa que al acusado.