Existe la tentación de mirar a Europa como quien entra por primera vez en la casa de un millonario y se deslumbra. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce en Bruselas. Los principales medios de comunicación fueron hace siete años víctimas de un error de interpretación que podrían pagar muy caro a no mucho tardar. Consideraron que la victoria del “sí” en el referéndum del Brexit se debía a la difusión de bulos por parte de los populistas británicos. No tuvieron en cuenta que la opinión pública ya bullía como consecuencia del mal rumbo de la economía, de la falta de integración de determinada inmigración en los barrios populares y de las dudas sobre la fortaleza del proyecto europeo.
Compraron el mensaje de que las fake news son capaces de intoxicar sociedades enteras e inflaron un problema de forma muy arriesgada. A fin de cuentas, era mucho más fácil atribuir la responsabilidad a los intoxicadores que a la decadencia de Occidente y de su modelo de vida.
El legislador tomó nota y comenzó a trabajar para intentar atajar el fenómeno de la ‘desinformación’, que atribuyó, en buena parte, a las acciones hostiles de otras potencias contra las democracias europeas y norteamericanas.
Unos años después, en 2022, se aprobó la Ley de Servicios Digitales de la UE. Su objetivo era “crear un entorno en línea más seguro, justo y transparente”. En otras palabras: obligar a Facebook, Google o Twitter a cumplir determinadas reglas para operar en la Unión Europea. No habría nada que objetar a este respecto si la norma se refiriera exclusivamente a su negocio o a su fiscalidad. El problema es que se hizo una referencia a la “desinformación”. Y hecha la ley, hecha la trampa.
Israel y Palestina
Hace unas horas, Bruselas ha pedido al dueño de X (Twitter), Elon Musk, que responda a varias preguntas con respecto al contenido violento y a los bulos que se han difundido en esta red social desde que estalló el conflicto entre Israel y Palestina. Sospecha la UE que esta empresa ha podido incumplir los preceptos de su novedosa normativa, que obliga a las grandes compañías digitales a “eliminar rápidamente los contenidos ilícitos, como el discurso de odio, el contenido terrorista y la desinformación”.
¿Y qué es esto último? Evidentemente, la mentira. En otras palabras: el contenido que se difunde a sabiendas de que es falso para generar unos estados de ánimo y corrientes de opinión determinados entre los ciudadanos. Sobra decir que a esta tarea contribuyen de forma decisiva los propios partidos políticos. Sin ir más lejos, el panfleto editado por el PSOE semanalmente (El socialista) recogía este viernes la siguiente declaración de Pedro Sánchez: “Las derechas se manifiestan porque no quieren un presidente del PSOE ni la revalorización de las pensiones, la subida del SMI o la reforma laboral”. Eso no es cierto y a Elon Musk no le pedirán explicaciones si el ejército de cuentas afines a los socialistas lo difunden en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las normas contra la 'desinformación' no están concebidas para matizar al poder o enmendarle la plana, sino para asegurar su posición.
Lo que hoy se emplea para frenar los bulos del 'bando hostil' también podría servir en el futuro para controlar las informaciones que emite el 'enemigo interno'.
No deja de llamar la atención que el legislador haya mostrado más interés por paliar esta 'desinformación' que por potenciar la buena información. Es cierto que el proyecto de Reglamento europeo de los medios de comunicación establece diferentes figuras de protección para las empresas del sector y trata de garantizar la independencia de los medios públicos. Ahora bien, se echan de menos referencias a aspectos que pueden parecer menores, pero que no lo son. Por ejemplo: ¿se ha visto perjudicado el ciudadano medio por el surgimiento de muros de pago en los legacy media que le han dificultado el acceso a las noticias más relevantes o mejor elaboradas? ¿No son esos ciudadanos más propensos desde entonces a caer en informaciones que no cumplen los requisitos de veracidad? El mero hecho de que la batalla contra la desinformación haya sido considerada más urgente que el debate sobre el acceso a la buena información deja claro que la intención de estas normas es la de controlar el discurso, lo que podría derivar en censura.
Es decir, ¿qué era un problema mayor? ¿Que la basura de Russia Today y de Sputnik se emitiera en Europa; o que los propagandistas radicales llenen estos días las redes sociales de alegatos en favor de Hezbollah; o que los ciudadanos no puedan acceder a una información completa y relevante -y gratuita o asequible- sobre los conflictos de Ucrania o Israel para extraer sus propias conclusiones?
La culpa de Google
Se criticaba hace unos meses desde esta tribuna la política de multinacionales como Google, que en servicios como Discover priorizan el sensacionalismo y las noticias de 'clic fácil' frente a las más relevantes, algo, por cierto, que ha sido denunciado por algunos de los principales diarios españoles. En estas líneas, también se lamentaba la presbicia de los editores patrios, que pactaron con la multinacional norteamericana para cederle los derechos de sus noticias a cambio de migajas, ante la evidencia de que es imposible competir sin seguir las normas que establece esta compañía.
Ante este fenómeno -que ha hundido o apresado a varios sectores económicos-, es normal que Europa se blinde con normas que pongan coto a determinadas prácticas anti-competitivas de Alphabet o de Meta. Ahora bien, no dejan de ser muy peligrosas las medidas que pretenden controlar la información. Porque lo que hoy se emplea para frenar los bulos del 'bando hostil' también podría servir en el futuro para controlar las informaciones que emite el 'enemigo interno'.
Musk ha lanzado un órdago y ha sugerido que podría vetar Twitter a los ciudadanos europeos si recibe una sanción, que podría afectar hasta al 6% de los ingresos que obtenga en el territorio comunitario. Después, lo ha desmentido. Sea como sea, imagine el lector lo que ocurriría en ese caso: los usuarios dejarían de tener acceso a las patrañas que se difunden en esta red social, pero también a muy buenas fuentes de información que, en muchas ocasiones, critican de forma afilada y acertada los desmanes del poder.
Podría sonar exagerado, pero es que vale más prevenir que curar. Así que cuidado con las normas que pretenden luchar contra la 'desinformación' porque a lo mejor conducen a eso mismo, lo cual casi siempre es beneficioso para los que mandan.
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Recuerdo que, en tiempos de Franco, tenía que recurrir a la BBC para evitar la censura y poder tener noticias de lo que ocurría en España. Con la llegada de la democracia, jamás pensé que volvería a tener que acudir a fuentes extranjeras para evitar la censura y cancelación de los medios nacionales, impuesta o consentida, y poder conocer que es lo que ocurre fuera de este occidente decadente y unipolar donde impera la represión cultural impuesta por el pensamiento único anglosajón.