La Transición para una Constitución democrática, a finales de los setenta del siglo XX, fue un logro en las primeras etapas que los bandos enfrentados en guerra civil unieran esfuerzos con miras al futuro: derecha e izquierda y nacionalistas catalanes y vascos (excepto los terroristas y afines). Creó apertura interior y exterior con desarrollo económico por la valía de personas al frente de las instituciones del Estado. No obstante, desde el principio se constataron contradicciones, insuficiencias y cesiones que con el tiempo han aflorado en graves disfunciones del sistema sociopolítico y su impacto en el económico y cultural.

Un simple caso lo ejemplifica: recién aprobada la Constitución pocos podían pensar que, 45 años después, un político golpista (2017), huido de la justicia, condicionara la política nacional española. Está sucediendo: la continuidad del Gobierno Sánchez (PSOE) depende de los siete votos de las provincias catalanas de Puigdemont (Junts, heredero de CIU) en el Congreso de diputados. Esto en sí es una anécdota, pues Sánchez y Puigdemont pasarán. Lo importante es la categoría que lo hace posible y puede reproducirse a peor: el sistema electoral que da entrada en el Congreso a partidos regionales.

Al principio amagaron lealtad (Pujol), pero pronto su voluntad secesionista se manifestó en los hechos: España no les importa; es más, actúan para su disolución. Su único interés es construir sus "naciones" a costa y en contra de la Nación española acaparando competencias estatales. Esta es la constante de su acción en el Congreso y lo van logrando por las cesiones sin fin de los partidos nacionales por su dependencia de estos partidos regionales. Han desvirtuado el orden constituido entre el Estado Nacional unitario y la descentralización autonómica, pues sólo ha regido la lógica de la centrifugación del Estado por haber dejado abierto el Título VIII de la Constitución al decisionismo de los partidos.

Distorsiona el principio fundamental de la representación de la soberanía unitaria, sobrerrepresenta a partidos minoritarios y tiende a la fragmentación nacional

La gobernación de España ha estado condicionada desde la Transición por un modelo electoral que ha distorsionado la representación del pueblo español, dando lugar a privilegios y tratos de favor a unos grupos contra el interés general, cuyo efecto a través de las legislaturas ha ido decantando el orden constituido. Esta tendencia ha sido posible por dar entrada a los partidos regionales en el Congreso de Diputados, incompatible con el modelo electoral proporcional porque distorsiona el principio fundamental de la representación de la soberanía unitaria, sobrerrepresenta a partidos minoritarios y tiende a la fragmentación nacional.

En casi todas las legislaturas los partidos secesionistas han determinado las mayorías al alto coste de cederles sin fin competencias del Estado y recursos. Ha devenido un patrón de conducta contrario a los artículos 1 y 2 de la Constitución porque el derecho a la autonomía, reconocido en el 2, se deriva del carácter unitario de la Nación española.

Si bien ningún modelo electoral es perfecto, con relación al principio de representatividad —en nuestro caso del pueblo español en su conjunto— el sistema proporcional sólo puede ser funcional si se excluye a los partidos regionales de la representación de la Nación, exigiendo a los partidos que concurren a las elecciones al Congreso de Diputados tener implantación y representatividad en la mayor parte de las provincias. Sin embargo, no ocurre así en el modelo electoral mayoritario, como el inglés, donde los partidos regionales minoritarios, como el escoces y el galés, pueden estar representados sin ser determinantes para la gobernación nacional. 

Legalizar agendas radicales

Nuestro modelo electoral del Congreso de Diputados es de representación proporcional cuatrianual con circunscripción provincial (CE, art. 68). Los valores formales de este modelo de representatividad y pluralismo no son tales: tienden a la fragmentación, a la dependencia de partidos minoritarios y, en nuestro caso, a desviación de la "representación del pueblo español" como un todo nacional (ésta es la función constitucional de las Cortes, art. 66.1) por el poder de los partidos regionales cuando los partidos nacionales no tienen la mayoría de los votos. Esto ha sucedido en 11 de las 15 legislaturas habidas entre 1979 y 2023. En esta legislatura está sucediendo con notoriedad a la vista de todos: Sánchez-PSOE en notable minoría ha forzado una mayoría con la suma de partidos regionales a un alto coste para los españoles: Sumar (Compromís, Chunta Aragonesista, Més per-Mallorca, Més per-Menorca, Drago Canarias, Independiente), partidos secesionistas catalanes (ERC, Junts), partidos secesionistas vascos (PVN, Bildu), partido secesionista gallego (BNG), partido nacionalista canario (CC).

El voto de estos partidos minoritarios se afianza por el poder que obtienen: permite legalizar agendas radicales que polarizan el escenario político y socavan la gobernabilidad. Está sucediendo: indultos y amnistía inconstitucional a delincuentes separatistas, privilegios económicos y fiscales, quiebra de la propiedad privada (nacionalizaciones, ocupaciones de viviendas), degradación de la integridad del Estado de derecho (ataques a la independencia judicial y presiones a la judicatura), clientelismo electoral (subvenciones, prebendas) ...

Desde un principio podía ir mal dejar abierta la Constitución (Título VIII) al decisionismo partidista y ha ido de mal en peor: desnaturalización de la Constitución, fragmentación, vulneración de derechos personales, deslealtad, duplicidades, gasto superfluo... Ha sido un filón para los partidos secesionistas cobrarse con competencias estatales sus votos para que el PSOE y el PP tuvieran mayorías en el Congreso.

Dos factores distorsionantes

Hubo tiempo y oportunidades para cerrar las competencias entre Estado y Autonomías con criterios racionales entre PSOE y PP, pero ha prevalecido el "dejar hacer y mirar para otro lado". Dejación por partida doble al mantener también un modelo electoral que les ha hecho dependientes de los partidos secesionistas con cesiones contrarias al orden constituido. Estos son los dos factores que han ido muy mal para los españoles; condicionan el presente y futuro de la Nación. Ambos se retroalimentan.

Recomponer el orden constituido demanda, en primer lugar, por un criterio democrático profundizar la representatividad electoral nacional del sistema proporcional mediante dos estrategias:

— Partidos con implantación nacional. Para obtener escaño en el Congreso de Diputados debe ser exigible a los partidos tener implantación y representatividad como mínimo en el 60% de las provincias. Evitaría la fragmentación actual y la influencia desmedida de los partidos regionales o pequeños.

— Avanzar hacia un sistema mixto equilibrado. Combina el sistema proporcional y el escrutinio mayoritario. Es el modelo alemán para el parlamento federal (Bundestag). Aporta más equidad y estabilidad gubernamental.

En segundo lugar, urge acometer un cambio constitucional pactado para cerrar los artículos competenciales entre el Estado (CE, art. 149) y las autonomías (CE, art. 148) y, en consecuencia, ajustar el resto de los artículos del Cap. III del Título VIII, en parte obsoletos.

Para ambas reformas llegamos tarde, pero aún estamos a tiempo ¿Qué partidos tendrán el valor de incluirlo en su programa electoral?

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