“'El movimiento es vida;' y es bueno poder olvidar el pasado y matar el presente mediante el cambio continuo.” Julio Verne

Fue el pasado julio cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó un proyecto de cartilla covid para que, quienes presentasen anticuerpos, pudiesen evitar las medidas de confinamiento. La propuesta, tan bien intencionada como errónea, provocó las iras de la izquierda, que no dudó en lanzarse al cuello de su pieza de caza mayor, alegando problemas éticos. Cuando volvió sobre la cuestión en noviembre, en medio de la segunda ola, hablaron incluso de que el pasaporte se establecería para “señalar” a las personas con anticuerpos.

Ya sabemos de la obsesión patológica de la izquierda, política y/o mediática, con la discriminación de la derecha; da igual que todas, absolutamente todas las medidas que ha promovido Ayuso para combatir la pandemia hayan sido finalmente adoptadas bien por el Gobierno (recordemos las pruebas en origen para acceder a España, la facilitación a las farmacias de pruebas para cortar la cadena de transmisión, la relajación de las medidas contra la hostelería, tan poco justificadas como generadoras de pobreza, la cuarentena obligatoria para los procedentes de determinados países…).

Si Esperanza Aguirre inaugura más hospitales públicos que todas las demás CCAA juntas, está recortando la sanidad; si Ayuso construye el Zendal en cuatro meses, el único hospital de España dedicado en exclusiva al tratamiento de la covid-19, es que se come mal, sólo sirve para hacer dieta y no tiene quirófanos, aunque los pacientes de esta enfermedad no los necesiten. Y, por una vez que la crítica es fundada, los mismos que gritaban en julio y aullaban en noviembre callan ahora que la propuesta se extiende desde la OMS a Europa, y hasta Simón la recoge con alegría. Sólo esto último ya nos debería hacer sospechar de la bondad de la medida, pues si hay una enseñanza que podemos extraer de esta terrible situación que arrastramos desde hace más de un año es que todo lo que plantea el director del CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) debe ser inmediatamente puesto en cuarentena.

El ejemplo de Israel

Y digo que la crítica a Ayuso, en cuanto al pasaporte covid, era fundada porque no puede establecerse, bajo la excusa de tener una herramienta “meramente informativa” acerca de la inmunización de unos, un sistema que penalice a quienes, bien por voluntad propia, bien por incapacidad de la Administración de suministrarles la vacuna, no hayan sido vacunados. Hoy sabemos, gracias a la campaña de vacunación en Israel, que las tasas de prevalencia de la enfermedad entre los vacunados caen en picado. También sabemos que el propio Israel, con un 80% de la población vacunada con al menos una dosis (frente a un 6% escaso en España), ha empezado a exigir el pasaporte (allí, green pass) para acceder a todos los lugares públicos, desde gimnasios a supermercados. Lo que no sabemos aún es si los vacunados podrían seguir transmitiendo la enfermedad a otros, que, llevados por la previsible relajación de las medidas profilácticas, pongan en riesgo a los demás; nada garantiza, por otro lado, que la vacuna sea efectiva en todos los vacunados, como ocurre con todas las vacunas y como nos recuerda la Agencia Europea del Medicamento. Esto, ya de por sí, supone un importante hito para no emitir el señalado pasaporte.

En segundo lugar, y mucho más importante, es necesario considerar las implicaciones éticas de una medida que divide en dos castas a la sociedad, dos grupos con distintos derechos de movilidad, de acceso a lugares públicos, a los centros educativos, al lugar de trabajo. Todos tenemos ganas de incorporarnos plenamente a nuestra vida anterior, y nadie, o casi nadie, duda de la necesidad de las vacunas en este proceso; pero somos también conscientes de las dificultades en la producción y distribución de las vacunas. Imaginemos, por un momento, un escenario de emisión de pasaportes covid combinado por una paralización en la producción de vacunas, o una caída radical de su efectividad por la aparición de alguna nueva variante que exigiese una reestructuración de todo el proceso de investigación; durante un tiempo, da igual su duración, muchas empresas invertirían en capital humano inmunizado (supuesto que siguiesen estándolo en ese nuevo escenario) en detrimento de quienes no lo hayan sido, abriendo una nueva brecha en el mercado laboral y en la propia sociedad. Son interesantes, en este sentido, los posicionamientos en contra del Consejo Alemán de Ética, este mismo mes de febrero (que han llevado a la canciller Merkel a situarse frente a Macron), así como los anteriores de la profesora Salas de la Universidad de Medicina de Santiago y de la también profesora del Center for Global Health Science and Security de la Georgetown University, Alexandra Phelan, en The Lancet.

Se trata de instrumentos perfectos para controlar aún más a la población bajo el paraguas del Estado, apoyándose en una (falsa) sensación de seguridad y en el miedo a las consecuencias, sin duda terribles en muchos casos, de la enfermedad

Ya no resultan extraños, desgraciadamente, los cambios de criterio de la Organización Mundial de la Salud, que hasta enero mantenía su oposición al pasaporte y en este mes de febrero pasa a considerarlo necesario. Al son de ella baila Fernando Simón, que, ante el regreso de Madrid a la idea en noviembre, se mostraba, cuanto menos, precavido, para abrazarla sin ambages esta misma semana. Los datos médicos gozan de una especial protección legislativa, pues se considera que afectan directamente a la intimidad de la persona.

Y, en una época en que las falsificaciones de los resultados de los PCRs empiezan a ser moneda común, qué impedirá, como me señalaba el Dr. Anchuela, sentarnos en una terraza al lado de alguien que haya mostrado un QR, que puede ser también falso (como están sospechando en Israel, pues es relativamente sencillo cambiar el texto asociado al mismo con un programa de tratamiento de gráficos) y no dice nada sobre cualquier otra enfermedad contagiosa. Al fin y al cabo, se trata de instrumentos perfectos para controlar aún más a la población bajo el paraguas del Estado, apoyándose en una (falsa) sensación de seguridad y en el miedo a las consecuencias, sin duda terribles en muchos casos, de la enfermedad.

Un instrumento para perpetuar las divisiones entre buenos y malos, que distrae el foco sobre la pésima campaña de vacunación y que evita el debate sobre el verdadero problema: la ausencia de pruebas masivas que permitan al ciudadano autoconfinarse ante la presencia de la enfermedad. Tenemos los medios para hacerlo, pero parece que es mejor doblegar libertades antes que doblegar la curva. Lo importante es movernos, y matar el presente con el cambio continuo.