Aparte de temas éticos y estrictamente políticos como la traición al programa electoral, la amnistía, el mantenimiento en el cargo de investigados por corrupción, los pactos con Bildu etc., hay una serie de medidas económicas que está tomando Sánchez para mantenerse en el poder que salen directamente de nuestro bolsillo y que afectan, directa e indirectamente, al desempeño económico presente y futuro de los españoles. Es el precio que este personaje está dispuesto a pagar… con lo que es de todos. Y aunque últimamente la noticia es el palacete de París que le hemos regalado al PNV para que aprobara un decreto, los peajes son bastante más caros que ese.
En primer lugar, por su importancia, está la compra de votos tirando de deuda pública. Un gobierno que gasta más de lo que ingresa incluso cuando disfruta de la mayor recaudación fiscal de la historia, es irresponsable. Hace años que debería haber recortado gastos y subvenciones pero sabe que son un caladero de votos, y ha preferido aumentar la presión fiscal (aprovechando incluso la alta inflación no deflactando el IRPF) y aumentar el dinero que el Reino de España debe. Además, es incapaz de asumir la factura política de reconocer que la Seguridad Social no tiene suficientes recursos ni cuando sus cotizantes están en máximos históricos, con lo que la patada para adelante de seguir subiendo el coste de las pensiones (incluso de las máximas) es muy arriesgada para nuestras cuentas públicas. La última medida para mantener ese caladero electoral, obra y gracia del hoy gobernador del Banco de España, J.L. Escrivá, supone que los trabajadores y sus empleadores cada vez ganan menos (restando aún más dinero de sus nóminas) para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, ese que perdemos todos los demás. También tiene su precio no tener Presupuestos Generales del Estado, motivo por el que otros muchos gobiernos han dimitido.
Pero hay mucho más: colocar a un amigo sin experiencia en Correos y que bajo su mala gestión se perdieran decenas de millones de euros más que con una dirección más profesional, es también un coste económico (además de nepotismo), así como comprar un programa de televisión para hacer la competencia a otro que no le ríe las gracias. También cuesta millones, aunque sea indirectamente, la mala elección de las prioridades de gasto que tiene este gobierno. Por ejemplo, la falta de recursos de la Justicia provoca que sea lenta, lo que aumenta la inseguridad jurídica en muchos ámbitos, y eso implica menos inversión a muchos niveles. Lo mismo ocurre con la falta de trasparencia (número e identidad de los asesores por ejemplo), que generan dudas y, como se ha visto con el caso Koldo, facilita episodios de corrupción, otro fenómeno que supone un robo al dinero de todos. Aunque todo esto son migajas si incluimos los casi 2,500 millones gastados en renacionalizar parte de Telefónica (y que no estaban presupuestados), entre otras cosas para poner al frente a uno de los suyos.
Tampoco olvidemos que Sánchez no circunscribe sus aires de grandeza a la actualidad y aspira a algún cargo internacional en el futuro, y sospecho que la (mala) política exterior de su gobierno está relacionada con ello; no sale gratis enemistarse con Estados Unidos, primera potencia económica del planeta, por algo tan nimio como no dejar que sus barcos con destino a Israel paren en nuestros puertos, siendo como es aliado nuestro en la OTAN. Quien piense que esto no tiene un coste económico, se equivoca. Todo está relacionado. Como destrozar el servicio de Cercanías con una masificación brutal debido a una casi gratuidad que fue excepcional pero que se ha convertido en la norma para conseguir votos. Lo justo es que los usuarios de un servicio paguen por él, no que quien no los usa tenga que pagarlos, es un principio básico, por eso existen unas tasas de aeropuerto por ejemplo. Pero si se ofrecen servicios gratuitos a todos (sin asignación por renta, no es una medida social que beneficie sólo a colectivos vulnerables, lo cual tendría algún sentido), lógicamente el exceso de usuarios perjudica a la calidad. ¿Y qué decir de la tan necesaria reforma de la Administración para que sea más eficiente? No se hace porque si se ejecuta bien, perjudicaría las condiciones laborales demasiado laxas de muchos empleados públicos, y eso son votos. Los que conseguirá también regularizando emigrantes ilegales, otro asunto con un alto coste económico.
Al renovar las medidas tomadas en 2020 para evitar desahucios, Sánchez ha agravado enormemente la “inquiokupación”, asumiendo la pérdida económica de muchos para mantener los apoyos políticos de los grupos de ultraizquierda del Parlamento
Tras casi siete años en el poder, el problema de la vivienda deja en evidencia la mala gestión del Gobierno en este tema pero eso no le lleva a cambiar ni una coma su política de castigo (normativo y fiscal) al propietario y al arrendador. Atacar a los que crean riqueza, a los que la ahorran, a los que invierten… es un gran error económico que se está convirtiendo en un problema social grave al reducir la oferta de vivienda y encarecer los precios. No sólo no se libera suelo, ni se construye, ni se promueve con beneficios fiscales el aumento de oferta residencial (justo lo que se debe hacer), además se destroza el mercado de alquiler limitando los precios (lo que reduce los pisos disponibles) y aumentando la inseguridad jurídica de los arrendadores sin dar solución rápida (y justa) a la okupación. Al renovar las medidas tomadas en 2020 para evitar desahucios, Sánchez ha agravado enormemente la “inquiokupación”, asumiendo la pérdida económica de muchos para mantener los apoyos políticos de los grupos de ultraizquierda del Parlamento.
Apoyos palamentarios
Esto también ocurre con la política territorial: como necesita los votos de independentistas catalanes y vascos las mejoras económicas, a costa de los demás, sólo van hacia ellos. Las cesiones, más allá del escándalo político que suponen, tienen un peso económico importante, especialmente este año en el que espera condonar parte de la deuda catalana (es decir, repartirla entre todos los demás españoles) y reducir la aportación de esa autonomía a la caja común con el cupo catalán. Dinero para conseguir apoyos parlamentarios que sale del bolsillo de la mayoría de los españoles, con peores servicios, más deuda y mayor presión fiscal. Es el precio de mantenerse en el poder del actual presidente del gobierno, con el apoyo de su partido y sus socios y una gran legión de cómplices en otros muchos ámbitos.
