El gobierno debe crear, emitir y hacer circular toda la moneda y todo el crédito necesarios para satisfacer el poder de gasto del gobierno y el poder adquisitivo de los consumidores. A. Lincoln.
El pasado 25 de mayo el Congreso de los Diputados aprobó, con los votos en contra de PP y Vox, la limitación del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea un profesional o un empresario. Se materializa así la figura del delincuente potencial, y se nos incluye en ella a todos los ciudadanos, bien de forma activa, bien de forma pasiva. Olvídese de guardar dinero en efectivo para emergencias o para lo que le dé la gana, porque no podrá emplearlo.
Ya he hablado en varias ocasiones, la última aquí, sobre la limitación de libertad que supone prohibir un medio de pago legal. No tiene nada que ver con que cada vez lo usemos menos, con que sea mucho más cómoda la tarjeta (de crédito, generalmente) o el pago con el móvil. Nadie discute las ventajas de la tecnología asociada a los medios de pago. Bueno, eso tampoco es del todo cierto, pues quienes no la soportan son los mismos que ahora nos tratan como delincuentes potenciales, como ahora veremos. “Si no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer”, le repetirán. Yo no tengo nada que esconder, Hacienda conoce todos mis ingresos mejor que yo, que al fin y al cabo debo optar por estudiarlos con sumo cuidado en estas fechas o por aceptar la liquidación del IRPF que, graciosamente, me propone.
El siguiente paso será la prohibición completa del efectivo para cualquier tipo de transacción, algo que se venderá como moderno, higiénico, resiliente e inclusivo
Con la connivencia de los bancos, asfixiados con la política de tipos bajos impulsada por los bancos centrales por nuestro bien, el siguiente paso será la prohibición completa del efectivo para cualquier tipo de transacción, algo que se venderá como moderno, higiénico, resiliente e inclusivo. Bueno, esto también lo callarán, porque cientos de miles de jubilados que siguen sacando su pensión del banco tendrán que adaptarse al nuevo sistema, lo quieran o no. Será un gran paso en pro de la modernidad. En esa España 2050 en la que ya no habrá nadie viviendo en las calles, no nos plantearemos cómo dejarle el euro del carro al inmigrante que lo recoge en el Mercadona. Irán todos provistos de wallets que se cargarán automáticamente con nuestro mero deseo de darles una propina. Pero, insisto, como no habrá nadie en esa situación, porque todos seremos felices en ese futuro deseable que nos dibuja el Gobierno, tampoco será necesario. Veinte años antes, en 2030, ya sin efectivo en el bolsillo, veremos cómo se soluciona el problema, pero para ese momento Sánchez ya no estará al frente del Ejecutivo, aunque seguiremos pagando su pésima gestión y sus terribles decisiones.
Criptomonedas en la reserva
Buscar respuestas coherentes a preguntas pertinentes ha dejado de tener sentido con el gobierno de Sánchez y con su ministra de Hacienda. Igual que nadie entiende, salvo por carencia de suministro, por qué se recomienda una segunda dosis de un fabricante distinto a partir de un estudio con menos de 700 personas, de las que la mitad aproximadamente recibió placebo (es decir, nada), y por qué se exige un consentimiento informado del paciente que opta por seguir las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, nadie puede entender por qué se prohíbe el medio de pago que es, además, de curso legal forzoso.
El control de las transacciones monetarias por parte de Hacienda llevará a que nadie, en ningún momento, pueda vivir separado de la sociedad registrada, del formato canónico que quieren establecer. Bueno, esto tampoco es totalmente cierto. La mayor educación tecnológica de los ciudadanos hace que las criptomonedas sean, cada vez más, un activo de reserva ante la erosión del ahorro y la destrucción del futuro que provocan la política fiscal y la política monetaria actuales.
Antes de la transición al euro digital, que se dará con una depreciación importante para poder hacer frente, artificialmente, al volumen de deudas contraído por los estados (sólo España tiene una deuda que supera el 125% del PIB, partiendo de aquella del 36% con Zapatero; en la práctica, esto supone que la deuda per cápita haya pasado de los 8.500 euros a los 30.000 actuales), veremos diversos intentos de prohibición del Bitcoin, del Ethereum y de cualquier moneda libre, emitida por los usuarios y fuera del alcance de los bancos centrales. Intentos baldíos, pues exigirán el control de Internet (algo en lo que ya está China con su propuesta de nuevo protocolo, al que no hacen feos los países europeos), lo que llevará a su vez a la creación de nuevos protocolos independientes de comunicación telemática que evitarán la confiscación.
La democracia está más débil que nunca. Los estados crecen con la emisión de deuda que pagamos los ciudadanos y se arrogan parcelas de poder que nunca han tenido con la subasta de derechos inexistentes que los ciudadanos compramos, inconscientes de los costes que conllevan. Todo funciona bajo la ilusión de la libertad que dicen garantizar, cuando sólo promueven la sensación de libertad.
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