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Jorge Vilches

Opinión

Matrícula de honor en ingeniería social

El progreso no es un Estado burocrático, omnipotente y omnipresente en manos de un Gobierno mesiánico que decide pensar por cada uno de nosotros

Protestas contra la 'ley Celaá'
Protestas contra la 'ley Celaá' Europa Press

Leí hace un par de años un panfleto en el que un sociólogo progre hablaba de la superioridad moral de la izquierda. El prólogo lo firmaba un tal Íñigo Errejón, la versión naif de la filósofa Chantal Mouffe. Esa pretendida superioridad se debe, a su entender, a que la izquierda es abanderada de la justicia, la conciencia social, la cultura y la educación. La falsedad es tan grande que, tras comprobar que carecen, mancillan o manipulan esos cuatros elementos, habría que pensar justo lo contrario.

Ni siquiera son “progresistas”. La idea del progreso es la garantía de la libertad del ser humano, que es la esencia natural que da sentido a la vida. El progreso no es un Estado burocrático, omnipotente y omnipresente en manos de un Gobierno mesiánico que decide pensar por cada uno de nosotros. El progreso no es que el poder esté en manos de un puñado de ingenieros sociales que asumen la tarea de corregir, adoctrinar, prohibir, incautar y sacrificar nuestra libertad hasta que se cree el Hombre y la Sociedad nuevas, a imagen y semejanza de su ideología totalitaria.

A ningún Gobierno socialdemócrata europeo se le habría ocurrido pactar una ley de Educación, o cualquier otra, con el heredero político de una banda terrorista

Estamos gobernados por la peor izquierda posible, la más radical, populista, engreída y rupturista que hemos tenido desde la Guerra Civil. No consiguen disimular su pulsión totalitaria en nada de lo que hacen o dicen.  A ningún Gobierno socialdemócrata europeo se le habría ocurrido pactar una ley de Educación, o cualquier otra, con el heredero político de una banda terrorista, o con quienes han dado un golpe de Estado y aún lo defienden. No hay en Occidente un Gobierno democrático que llame “facha” a todo aquel que, dentro de la ley, quiere controlar la acción gubernamental.

Este Gobierno socialcomunista intenta que pensemos que la democracia es la sumisión incondicional a los dictados del Gobierno. Eso en realidad es la definición del autoritarismo, porque lo democrático es la garantía de la libertad, del ejercicio de los derechos individuales, de la separación de poderes, y de la seguridad jurídica. Sin olvidar el derecho legítimo de la oposición a aspirar al poder para revertir la política de ese Gobierno.

La 'batalla de posiciones'

La tarea se plantea hoy muy difícil. No les basta con haber colonizado el Estado y hostigar a los partidos y las instituciones, incluida la Corona, que pueden ser obstáculo en su camino. Es preciso moldear las conciencias de las nuevas generaciones. Por eso la izquierda y sus socios nacionalistas quieren controlar la educación. Necesitan adoctrinar.

El marxista Max Adler escribió hace cien años que no hacía falta ninguna revolución violenta para tomar el poder para siempre. Bastaba con conformar la mentalidad de los niños. Fue mucho más sincero que el florido Gramsci, quien por la misma época habló de ganar la cultura y la educación para vencer en la política. Es lo que llamó la “batalla de posiciones” para la hegemonía.

Imaginemos. Si hoy los jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, ni lo que significó social y políticamente. Si piensan que ETA es una cosa del pasado, pero que la Guerra Civil está muy presente. ¿Qué van a pensar en diez o quince años con una Ley de Educación que elimina la libertad educativa y de elección de los padres? ¿Con una ley que se carga la Alta Inspección Educativa sustituyendo las oposiciones por la designación?

Todo lo español les será ajeno a las nuevas generaciones, frente a la propio, lo que separa. Eso no es progreso

Un ejemplo son las nuevas hornadas de nacionalbolcheviques e independentistas en Cataluña: no saben nada de nada salvo el relato nacionalista, y carecen de cualquier costumbre democrática. El nacionalismo ha creado en 40 años dos generaciones de feligreses que votarán de forma mecánica al independentismo, que repudiarán lo español, y que aceptarán de buen grado el recorte de libertades en Cataluña con tal de llegar a la paradisíaca república propia.

La izquierda y sus socios nacionalistas quieren romper el alma del proyecto común de España, que es la cultura española. Todo lo español les será ajeno a las nuevas generaciones, frente a la propio, lo diferencial, lo que separa. Eso no es progreso. Eso es condenar a los jóvenes a la miseria cultural, primer paso de la pobreza económica.

Figura de autoridad

El otro gran crimen es la eliminación de la educación especial. Han sacrificado la libertad y la felicidad de esos niños y de sus familias al logro de su ideología. Lo llaman “evitar la segregación” y “conseguir la equidad”. Ninguno de esos dos conceptos tiene que ver con la educación, sino con el adoctrinamiento y la ingeniería social. Por eso son retrógrados, reaccionarios a los que la mayor felicidad posible del mayor número, como escribió Jeremy Bentham, es prescindible si no ayuda a la consecución de su objetivo ideológico.

Esta izquierda, la de la superioridad moral, cree que la instrucción pública es una fábrica de ciudadanos, no de profesionales o gente instruida. Piensa que la docencia tiene una función social: cambiar el mundo según su particular ideología, un dogma que traslada a las aulas y a las mentes de los chicos. El daño es considerable porque el docente es una figura de autoridad para el niño y no tiene derecho a usurpar el papel de los padres. Afortunadamente no todo el profesorado es así -soy profesor-, pero sí los que han perpetrado la fundamentación ideológica de la ley Celaá.

Cuando una ley de educación no sirve al interés general ni a su esencia con tal de obtener una contrapartida política es una perversión de la democracia y del mandato de servicio público. Una vez más este Gobierno socialcomunista saca matrícula de honor en ingeniería social autoritaria.

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