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Isabel Couso

Opinión

España, otra vez, una excepción educativa

Si España no es capaz de volver con seguridad y dignidad a las aulas, no volverá tampoco a la vida real

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Óscar J.Barroso / Europa Press

Ha vuelto a ocurrir. España alejada de Europa, no volvió a las aulas de forma ordinaria para continuar el curso después del confinamiento, con lo que no ha podido tener una experiencia real de propagación del virus en colegios e Institutos.

Más de 8.200.000 alumnos esperan al nuevo curso 2020/2021. Gracias al esfuerzo de familias, profesores, alumnos, Administraciones y equipos directivos con las tecnologías digitales, el curso escolar pasado 2019/2020 se finalizó con mucha dignidad.

A excepción de Italia, que corrigió por situación insegura su decisión de volver, desde el 4 de mayo se volvió a las aulas en el resto de países europeos. La reapertura antes de vacaciones les permitió tener una posición de ventaja para afrontar la situación producida por los rebrotes de la covid-19. No han perdido el tiempo: han realizado planes, estudios, encuestas familiares, acuerdos con la comunidad educativa y propuestas de Gobierno para la gestión del nuevo curso 2020/2021. España afronta ahora la gran vuelta a los colegios, sin educación ordinaria presencial desde el 11 de marzo.

Los jefes de Gobierno europeos se han implicado personalmente con especial empatía en la vuelta a las aulas, tanto en la reapertura inicial como ante el nuevo curso

Los responsables educativos europeos han venido declarando que ahora saben mucho mejor cómo funcionar en los centros educativos, la idoneidad de las medidas sanitarias, los puntos débiles de estas mismas medidas en relación con las diferentes edades y necesidades de apoyo, han experimentado el nuevo uso de espacios comunes y aulas, y un sinfín de detalles imprescindibles en el día a día escolar. Siendo un tema socialmente sensible, los jefes de Gobierno se han implicado personalmente con especial empatía en la vuelta a las aulas tanto en la reapertura inicial como ante el nuevo curso. Angela Merkel, Giuseppe Conte, Enmanuel Macron, Antonio Costa y Boris Johnson han dedicado tiempo y entrevistas específicas a hablar de la educación en tiempos de coronavirus.

Desde nuestro país y nuestra política, hierática, glacial, antipática, sorprende la naturalidad, transparencia y humanidad con la que han expresado la importancia de la instrucción, de la convivencia social para los niños, de la prioridad de la educación en las políticas de Gobierno, de la problemática de los padres que no pueden delegar el cuidado de los hijos para ir al trabajo, de soluciones, de ayudas, de ideas, de planes, de alternativas, de la importancia de que las escuelas estén en vanguardia tecnológica para afrontar este reto. También se han referido al dolor de cerrar las escuelas y cómo lo afrontaron personalmente, del gran impacto social positivo que tiene volver a las aulas. Han visitado colegios y se han implicado de forma directa (y creíble) con los estudiantes transmitiendo a las familias y educadores que no están solos, que sienten y comparten esta situación traumática con ellos. Y han afrontado críticas a su gestión personalmente, con liderazgo y valentía.

Autoritarismo y libertad

Boris Johnson ha aludido al deber moraly “national priority” de que los niños "vuelvan a los colegios después de meses sin una educación presencial". Apelando a una suerte de conciencia ética colectiva  explica que la instrucción es insustituible pero también explica la espiral de costes económicos inasumibles de  padres y cuidadores que no pueden acudir al trabajo; a pesar de su controvertida gestión en ocasiones y de que se nos muestre una versión mediática siempre histriónica, alguien como él que ha estudiado en Eton y en el Balliol College de Oxford, sabe argumentar en un país serio que valora la cultura, la economía y la libertad y desprecia el autoritarismo.

España desconcertada: datos y mensajes atemorizantes por doquier, la increíble equivalencia en las informaciones entre PCR positivas, contagiados y enfermos está aterrando a la población; ya da igual que en letra pequeña se difundan los nuevos hospitalizados y los nuevos fallecidos desde el desconfinamiento. Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Portugal llegan a acuerdos con grandes laboratorios o lideran con sus Universidades, sus científicos, sus empresas, sus laboratorios, las investigaciones de la vacuna. Pfizer, Astra Zeneca, Moderna Therapeutics se comprometen con la entrega de millones de dosis de vacuna para ingleses, franceses, italianos, alemanes, portugueses.

En un país en el que se abrieron los bares, pero no los colegios, no hay llamada o voz pública que defienda los valores del trabajo para volver a la presencialidad, indispensable en millones de puestos de trabajo prácticamente cerrados, no digitalizables. Gran parte de la población ya ha asumido el gran mensaje: la calle es insegura, los espacios públicos son inseguros, el trabajo es inseguro, el contacto humano es inseguro, y ahora ya vamos a por lo único que estaba fuera de este brote psicótico atemorizado en que se está convirtiendo España: la educación.

Los profesores no querrán ser los mártires y familias objetoras preferirán el homeschooling, (escolarización en casa) que exige amplia supervisión institucional, hoy no disponible

Si se siguen considerando los centros educativos prácticamente como tubos negros de carga viral apocalíptica a los que se lleva a profesores y alumnos a la guerra bacteriológica sin que se contrarreste esta visión, habrá que responsabilizarse de las consecuencias y gestionarlas: los profesores no querrán ser los mártires y familias objetoras preferirán el homeschooling, (escolarización en casa) que exige amplia supervisión institucional, hoy no disponible. Horizonte problemático. En la Constitución la educación es un derecho fundamental y la escolarización básica es obligatoria y gratuita, pero no obliga a un lugar concreto para ello.

España está descubriendo con la crisis sanitaria que delegar en las Comunidades Autónomas educación a la carta por territorios (terminará en acortar currículos, calendarios, jornada, horarios, materias), es un escapismo político insuficiente: que hay una responsabilidad nacional. La gente común quiere algo más relevante, una política nacional clara, más allá de las manoseadas mascarillas y distancias.

Será difícil escapar de la Constitución (Art 149.1.30) que atribuye al Estado responsabilidad exclusiva sobre “las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales”. Si ocurre, habrá consecuencias para el país, aunque en esta España política, todo se asuma en silencio indiferente o con indignación contenida.

 Si España no es capaz de volver con seguridad y dignidad a las aulas, no volverá tampoco a la vida real.

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