Editorial

La irritante incompetencia de la más lista de la clase

La irritante incompetencia de la más lista de la clase
La irritante incompetencia de la más lista de la clase efe

Cuando las sospechas derivaron en certezas, cuando el independentismo decidió volar los puentes del diálogo y la convivencia, anticipando sin el menor rubor sus intenciones de acabar con el sistema democrático que nos hemos dado todos los españoles, el presidente del Gobierno, como casi siempre a deshora, entregó a Soraya Sáenz de Santamaría el dosier catalán. Hubo quien respiró aliviado: la responsabilidad de reconducir la crisis más aguda de las que hemos vivido desde que en España se restauró la democracia había recaído en las mejores manos. Lamentablemente, el tiempo ha puesto de manifiesto la ingenuidad de quienes así pensaban.

La gestión desarrollada por el Gobierno en su conjunto, y en particular por su número 2 en lo que respecta a la gravísima situación creada por el secesionismo en Cataluña, no ha podido ser más desafortunada. La constatación de haber sido engañada reiteradamente por su inicial interlocutor, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, o el antológico patinazo de los servicios de inteligencia dependientes de Vicepresidencia, incapaces de evitar que las juventudes de la CUP colocaran las urnas en los colegios el 21-O, son dos de los más llamativos fallos que deben anotarse en la hoja de servicios de Sáenz de Santamaría. Pero ni son los únicos, ni tampoco los más graves.

No admite ya demora la remoción de los principales responsables de que todavía hoy un sujeto como Puigdemont siga en disposición de mantener el pulso

Porque lo más trascendente es comprobar, cuando quizá ya es demasiado tarde, cómo el fracaso de la vicepresidenta del Gobierno es fruto de un diagnóstico equivocado y una metodología que parte de un preocupante alejamiento de la realidad. En el universo Soraya brillan los tecnicismos, las leyes, los abogados del Estado, esa superioridad de los números uno de la oposición que han invadido todos los rincones del poder. Pero nadie parece saber en qué consiste eso que se llama “hacer política”. Y la mejor prueba de ello es el inaudito varapalo propinado a esta casta de incompetentes por el Consejo de Estado.

Sin entrar en los argumentos de índole constitucional que estos días han sido citados por algunos juristas de prestigio, y que recordaban que Puigdemont, mientras no haya una sentencia que lo inhabilite, es un ciudadano en posesión de todos sus derechos políticos, lo que resulta incomprensible es que el Gobierno, en asunto tan delicado, no haya sido capaz de hacer una consulta discreta antes de poner en cuestión no ya su prestigio, sino el del Estado. Solo la ineptitud o la soberbia de quienes desprecian las instituciones de ese Estado pueden explicar semejante ridículo.

Probablemente, será la Justicia la que acabe arreglando el entuerto y poniendo las cosas de nuevo en su sitio. Pero lo que no admite mayor demora, a la vista del largo historial de descalabros, de cartas regaladas al independentismo, es la remoción de los principales responsables de que todavía hoy un sujeto como Puigdemont siga en disposición de mantener el pulso y jugar esta infausta partida.

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