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EDITORIAL

Fernández Díaz y el recalcitrante PP

El exministro Jorge Fernández Díaz.
El exministro Jorge Fernández Díaz. EFE/J.C. HIDALGO

Rita Barberá fue recolocada como vocal en la Comisión Constitucional y también en la Comisión de Economía; José Ignacio Wert, premiado con el puesto de embajador de España ante la OCDE en París; José Manuel Soria, propuesto como director ejecutivo del Banco Mundial, aunque tuvo que renunciar; y ahora, en el Partido Popular, buscan un digno acomodo al piadoso Jorge Fernández Díaz, un ministro de Interior para olvidar. Lo han intentado primero proponiéndole como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y, después, de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. En ambos casos, la oposición del resto de partidos lo ha impedido. Pero en el PP, inasequibles al desaliento, no han cejado en el empeño. Y por la puerta de atrás, han enchufado al señor en la Comisión de Peticiones. Misión cumplida. 

En el PP cuidan de su gente, de 'los suyos', aun a costa de avergonzar a militantes, simpatizantes y votantes. Es el curioso código de honor de quienes están acostumbrados a disponer de la Administración a voluntad

Estos cuatro nombres son sólo los más recientes de una larga lista de recolocaciones de ex ministros y altos cargos venidos a menos, o caídos en desgracia, a los que el PP, siempre tan atento con los suyos, desagravia proporcionándoles puestos a la medida de su lealtad y, por supuesto, aspiraciones. Esa es, al parecer, la única ley de hierro de este PP, por lo demás un partido sin ningún músculo: asegurar el futuro de los suyos, más concretamente de esa élite que ha servido y sirve bien a Rajoy, interpretando escrupulosamente sus deseos o que, cuando menos, jamás dirá esta boca es mía. Lealtad y silencio tienen su precio. Y en el PP pagan bien, no cabe duda. Hoy por ti, mañana por mí es su lema. Deberían rotularlo en la entrada de su sede en la calle Génova.

La competencia o incompetencia de los personajes, su bagaje, el balance de su gestión, son matices irrelevantes, minucias propias de países más severos, de naciones antipáticas y estiradas, donde la clase política no sólo no puede pastelear las instituciones a voluntad, sino que además está obligada a rendir cuentas. Aquí, al contrario, se perdona todo o casi todo. Los españoles somos generosos a la fuerza. No importa que los prebostes, a su paso, dejen pleitos pendientes, leyes inservibles, ministerios patas arriba o ayuntamientos con un inquietante olor a podrido; tampoco las imputaciones y sospechas que puedan pender sobre sus cabezas.

Ellos cuidan de su gente, de los suyos, y lo hacen aun a costa de avergonzar a militantes, simpatizantes y votantes. Es el curioso código de honor de quienes están acostumbrados a disponer de la Administración a voluntad, a mirarse el ombligo. Patricios que, lejos de espabilar, siguen en su nube, convencidos de que todo el monte es orégano. Así pueden pasar otros diez años de crisis, escándalos e incertidumbres, que ellos seguirán en la poltrona. Para el PP, al parecer, la política es eso.


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