Editorial

26J: Un gobierno para gestionar el proceso constituyente

   

Urnas que se usarán en las elecciones generales del próximo 26 de junio.
Urnas que se usarán en las elecciones generales del próximo 26 de junio. EFE

La consulta de este domingo obliga a reflexionar no sólo sobre el sentido del voto, sino, lo que es más importante desde nuestro punto de vista, sobre los problemas de España y la necesidad urgente de afrontarlos con un proyecto nacional de reconstrucción que nos saque del bucle diabólico construido durante la crisis por ese discurso que pretende ignorar la realidad, bajo la premisa de que nuestro edificio constitucional es vigoroso y no necesita cambios sustanciales. La parálisis institucional que enseñorea el país desde la abdicación de Juan Carlos I, nos ha conducido a la insólita repetición de unas elecciones generales sin la más mínima certeza de que puedan servir para acabar con el desgobierno y la decadencia. De ahí que pensemos que no merece la pena especular con los resultados del domingo, y que ha llegado la hora de exigir a los grupos parlamentarios que integren las nuevas Cortes y que se definen como “constitucionalistas”, el patriotismo necesario para alumbrar en el Parlamento un Gobierno plural de gestión cuya misión fundamental debería consistir en acometer una serie de reformas constitucionales, tendentes a sanear radicalmente el sistema y cerrar democráticamente el ciclo de la Transición y el paréntesis abierto con la renuncia de Juan Carlos I.  

La nueva realidad parlamentaria conformada por la aparición en el escenario del Poder de dos nuevas formaciones políticas ha encontrado las mayores resistencias al cambio en los tradicionales partidos del "turno"

Como hemos podido constatar en los últimos meses, la nueva realidad parlamentaria conformada por la aparición en el escenario del Poder de dos nuevas formaciones políticas ha encontrado las mayores resistencias al cambio en los tradicionales partidos del "turno" durante cerca de cuarenta años: un PP atrincherado tras el latiguillo de la lista más votada, y un PSOE anclado en el espejismo de ser primera referencia de la izquierda. Por supuesto, ninguno de sus dirigentes tuvo la vergüenza torera de dimitir tras el desastre electoral cosechado en diciembre. Nada que ver, por eso, con el comportamiento ejemplar de tantos líderes de otras democracias parlamentarias donde el verbo dimitir se conjuga en primera persona, y ahí está el ejemplo, tan reciente como llamativo, del premier británico David Cameron para ilustrarlo. Desgraciadamente, la falta de gallardía de Rajoy y Sánchez a la hora de asumir responsabilidades ha quebrantado el bipartidismo y colocado en un callejón sin salida la aspiración de tantos españoles a una mejora radical de la calidad de nuestra democracia.

Como han demostrado los acontecimientos de esta última semana, en particular la publicación de las conversaciones mantenidas en su despacho por el ministro del Interior y su correlato de corrupción policial, el deterioro de la calidad institucional ha llegado a un punto difícilmente soportable. La existencia de mafias policiales campando a sus anchas por las sentinas del Estado de Derecho supone la quiebra de cualquier principio constitucional. El momento no puede ser más crítico. A la lista de problemas por resolver, tanto económicos como institucionales, se añade esa corrupción que ha terminado por carcomer las vigas maestras de un Estado amenazado, además, por el riesgo de ruptura territorial proveniente de Cataluña. Si a ello se suma la ausencia de una verdadera separación de poderes y la situación lastimosa de la administración de Justicia, el cuadro resultante invita a despojarse de demagogia y populismos corrosivos para centrarse en el objetivo prioritario de la reconstrucción nacional.

Obligados a un gran acuerdo de regeneración nacional

Más que un error, sería sin duda un crimen que tanto PP como PSOE, PSOE como PP, que tanto monta, volvieran a encastillarse en las posiciones partidistas y profundamente reaccionarias que siguieron a las generales del 20 de diciembre, consistentes en negar el pan y la sal al adversario político, haciendo fracasar cualquier intento serio de abordar la solución de los problemas del país. Ambas formaciones, que con Ciudadanos representan a la inmensa mayoría de esas clases medias que vertebran el sistema, están obligadas a sentarse y negociar la formación de un Gobierno de consenso cuya misión, muy por encima de la gestión de los asuntos consuetudinarios, debería estar centrada casi en exclusiva en la realización, mediante una legislatura corta de no más de dos años, de una serie de grandes reformas –ley electoral, independencia de la Justicia, financiación y democratización de los partidos, por citar algunas– constitucionales, al final de las cuales se disolverían las Cámaras y se sometería lo hecho al veredicto de los españoles en las urnas.

El momento, insistimos, nos parece crítico. Nada de eso será posible si el señor Sánchez sigue empeñado en ser presidente del Gobierno con 90 diputados o menos, o si el señor Rajoy continúa aferrado a la muletilla de que tiene que ser él, un personaje cuyas hipotecas con la corrupción le hacen incompatible con cualquier idea de cambio, quien dirija ese Gabinete de coalición encargado de abordar la regeneración radical de nuestro sistema democrático, al margen de las recetas populistas al uso. La gravedad de la crisis política española reclama generosidad personal y espíritu de sacrificio. No hacerlo así supondría jugar a la ruleta rusa de unas terceras generales que, a la tercera va la vencida, podría entronizar en el poder la versión española de esa demagogia populista que circula por la Unión Europea con los resultados que son de prever. Probablemente pecamos de ingenuos. Probablemente pedimos demasiado, pero como liberales y demócratas no se nos ocurre otra salida para poner en vías de solución la crisis política española. Es la hora de la regeneración democrática. Treinta y cinco millones de españoles tienen la palabra.



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