Editorial

Reforma del Constitucional: iniciativa extemporánea y vergonzante

   

Xavier García Albiol y Rafael Hernando, ayer en el Congreso antes de registrar la propuesta de reforma del TC.
Xavier García Albiol y Rafael Hernando, ayer en el Congreso antes de registrar la propuesta de reforma del TC. EFE

El desacuerdo radical de quienes hacemos este diario con lo que sucede en Cataluña, cuyo Gobierno y Parlamento se hallan en manos de una alianza contra natura independentista que ahora pretende enfilar el camino de la secesión mediante la ruptura constitucional, nos obliga a mostrar honda preocupación por iniciativas como la suscrita ayer por el Grupo Parlamentario del PP, que denotan imprevisión y falta de entereza para enfrentar el mayor problema político que afronta España, problema que se pretende reducir a simple materia de los Tribunales de Justicia, como si el resto de los poderes públicos, empezando por el Gobierno, fueran meros espectadores de lo que acontece en la rúa o, como mucho, veloces portadores de recursos ante dichos tribunales. Ahora le ha tocado el turno a un Tribunal Constitucional (TC) al que se trataría de pasar la patata caliente de yugular las iniciativas rupturistas que pudiera adoptar el futuro Parlamento de Cataluña de mayoría independentista. ¡A otro perro con ese hueso! La iniciativa del PP parece una reiteración, bastante burda por más que remozada, de la política que siguió el Gabinete en noviembre del año pasado con motivo de la famosa consulta del 9N que, al final, terminó celebrándose, aunque los voceros gubernamentales sigan sosteniendo que no tuvo lugar algo que fue visto con estupefacción por millones de españoles.

Lo que sucede realmente es que estamos sobrados de gobernantes que no gobiernan y de instituciones que adoptan un perfil bajo ante problemas o cuestiones planteados por viejos aliados políticos que han dejado de serlo

El Ejecutivo del PP, con su abrumadora mayoría absoluta a cuestas, no ha querido tratar el problema catalán y ha preferido ponerse tras el burladero del cumplimiento de la legalidad, como si lo que ocurre desde hace tiempo en Cataluña no fuera el ejemplo notorio de lo contrario. En descargo, que no justificación, hay que afirmar que Rajoy se ha limitado a hacer lo que hicieron sus predecesores, socialistas y populares, en la presidencia del Consejo de Ministros: Cataluña era un feudo distinguido del mosaico institucional puesto al servicio de los intereses de los nacionalistas burgueses de CiU y acompañantes, siempre prestos a apuntalar gobiernos en Madrid con la condición de que no molestaran sus corruptelas. Mucho tiempo después, y en uno de los momentos más delicados de la historia reciente de España, los dirigentes nacionalistas deciden romper la baraja que tanto juego les ha dado haciendo gala de una deslealtad que, aunque no es nueva en nuestra historia constitucional, lleva una carga letal capaz de dar al traste con las esperanzas de bienestar y buen gobierno de millones de españoles, catalanes incluidos. Razón por la cual resulta tan llamativo el escapismo del Gobierno encargando a su grupo parlamentario la presentación de una iniciativa legislativa cuya oportunidad y fundamento suscitan dudas muy serias, tantas como a la mayoría de los restantes grupos presentes en las Cortes.   

Si de algo estamos sobrados en España es de normas y códigos para hacer cumplir las leyes y ejecutar las sentencias de los tribunales. En un país tan reglamentista como el nuestro, como corresponde a su tradición administrativista continental, no hay vacíos legales que impidan al Gobierno o a las instituciones gobernar en beneficio del interés general y de la preservación del orden constitucional. Cualquier jurista podrá confirmar lo que decimos, sin necesidad de grandes exégesis sobre el ordenamiento jurídico español. Lo que sucede realmente es que estamos sobrados de gobernantes que no gobiernan y de instituciones que adoptan un perfil bajo ante problemas o cuestiones planteados por viejos aliados políticos que han dejado de serlo, con la creencia ilusoria de que terminarán volviendo al redil del pacto del 78, porque, al fin y al cabo, "son de los nuestros". Un grave error de cálculo, por supuesto, teniendo en cuenta que el pacto del 78 fue hace tiempo puesto en almoneda por quienes en el Gobierno y fuera de él insisten, día sí y día no, en su vigencia. Dicho lo cual y aceptando que es urgente el cambio constitucional, al Ejecutivo corresponde restablecer la legalidad, sin atajos espurios de ningún tipo, cuando ésta sea violentada.

La responsabilidad del PSOE

A pesar de su mayoría parlamentaria –hoy puesta en entredicho por las encuestas–, somos conscientes de la soledad del Gobierno en este trance, enfrentado a un clima social de clara indiferencia ante lo que se cuece en Cataluña, probablemente debido a la falta de información seria y solvente sobre sus consecuencias para el conjunto de los españoles, y a la proliferación abrumadora de mensajes centrífugos –la responsabilidad de un PSOE que sigue sin saber qué hacer con España cuando sea mayor es aquí palmaria– y acomodaticios que, desgraciadamente, han impregnado grandes segmentos de nuestra sociedad, incluidas sus élites dirigentes. No hay más que oír las declaraciones constantes de federalismo y de nacionalismo plural, con las que se intenta confundir a la opinión pública, para encubrir el grave problema de la debilidad de nuestro Estado nacional.

Desde aquí estamos convencidos y comprometidos con las bondades de la unidad territorial de España, porque consideramos que es la mejor manera de mantener la libertad y la igualdad de nuestros compatriotas. Y también creemos que, mientras los independentistas sean los dueños y señores de las instituciones catalanas, los problemas continuarán. Por eso, a pesar de las reservas que nos suscita el modelo constitucional actual y la ejecutoria de las instituciones, desearíamos apoyar medidas claras del Gobierno en pro del objetivo de la unidad nacional. Lamentamos, por desgracia, no poder hacerlo con un Ejecutivo que sigue rehuyendo sus responsabilidades hasta el punto de que, cuando el lobo de la radical insumisión del nacionalismo catalán hace acto de presencia, no tiene más ocurrencia que convertir al Tribunal Constitucional, cuyo prestigio es perfectamente descriptible, en el guardia de la porra, subvirtiendo su papel dentro del entramado constitucional vigente.

Si el Gobierno, como parece, no está dispuesto a ejercer las facultades que le atribuye la Constitución y persiste en su política escapista y miedosa a la hora de hacer frente a sus responsabilidades con quienes ponen en riesgo la paz y la prosperidad de los españoles, habrá que convenir que no queda otra alternativa que pedir la opinión de los ciudadanos para que sean ellos quienes, en unas elecciones generales que ya están a la vuelta de la esquina, decidan, a la vista de los proyectos que se presenten, a quién otorgan su confianza en la tarea para capitanear la reconstrucción del edificio constitucional español.

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