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Editorial

La venta de Catalunya Caixa no iba a costar un duro al contribuyente

Luis de Guindos y Mariano Rajoy

La adjudicación de Catalunya Banc, antigua Catalunya Caixa, al BBVA con unas pérdidas iniciales para los contribuyentes de 11.800 millones de euros, algo más de un punto del PIB oficial, a las que habrá que sumar las que resulten de los activos traspasados a la Sareb, es lo que parece: un escándalo en toda regla y un fracaso más de este Gobierno, cuyo presidente y cuyo ministro de Economía proclamaron repetidamente que la reestructuración bancaria no iba a costar un duro a los españoles. En este como en otros tantos asuntos, la tozuda realidad les desmiente y desbarata sus taimadas explicaciones sobre el acontecer de la economía y de las finanzas españolas. Este fracaso lo es también de la Generalidad de Cataluña, en tanto en cuanto la entidad “vendida” era una institución fundada por la Diputación de Barcelona, a pesar de lo cual no han movido un dedo para gestionar el desastre y minimizar los daños para sus propios ciudadanos, a los que un día sí y otro también prometen el oro y el moro con la independencia. Una demostración más de en qué manos está el poder público en España –y desde luego en Cataluña- y qué poco importa el dinero de los contribuyentes, que desde hace siete años no reciben ni explicaciones ni satisfacciones de ninguna clase. Leña al mono que es de goma.

Alguien debería explicar la diferencia en el tratamiento de Bankia y CX, para que no pensemos que la diferencia ha sido política

La entidad vendida lleva en manos del FROB desde 2012, habiendo recibido más de 12.800 millones en toda clase de ayudas que ya se dan por perdidas. Durante ese tiempo, la gestión de esa empresa financiera ha seguido los mismos pésimos derroteros que con Narcís Serra; toda la labor de los responsables públicos ha consistido en desmantelarla para convertir en imposible su recuperación y hacer bueno el axioma oficial de que lo público es malo per se. No ha ocurrido lo mismo en el caso de una entidad análoga como Bankia, donde se echó mano de un gestor experimentado que, a duras penas y a contracorriente, se está esforzando en rentabilizar hasta donde sea posible el dinero de los españoles. Alguien debería explicar esa diferencia tan notoria de tratamiento entre las entidades nacionalizadas, para que no pensemos que la política, en su versión más vil, también ha tenido que ver en este nuevo asalto a mano armada al bolsillo de los españoles.

Dinero tirado equivalente al ajuste en Sanidad y Educación

Tampoco está de más recordar en este momento de infinito cabreo la actuación decisiva que en mayo de 2012 el ministro De Guindos, un hombre que lleva pretendiendo instalarse en esa burocracia europea bien remunerada prácticamente desde que llegó, tuvo a la hora de, con Bankia como portaestandarte, hacer estallar la crisis bancaria de forma incontrolada, para negociar a continuación un rescate muy oneroso para las entidades receptoras del mismo, con severas limitaciones en términos de negocio y exigentes planes de reestructuración que, como se ha demostrado ahora con Catalunya Bank y antes con Nova Galicia Banco, han terminado en liquidaciones ruinosas. Planes todos que fueron promovidos por el Gobierno español y bendecidos en Bruselas, y de los que ahora se culpa a Bruselas. Es lo que tiene despreciar el valor del dinero público y negociar un rescate por videoconferencia, como se hizo en los aciagos meses de mayo y junio de 2012.

Es el momento de pedir responsabilidades, tarea para los partidos que no han participado en esta masacre financiera

Ante tanta inepcia acumulada y tanto engaño, resulta complicado mantener la templanza. Aunque sea muy difícil aquilatar una cifra, no resulta aventurado cuantificar las inyecciones de capital comprometidas en el rescate bancario –mayormente de las antiguas Cajas de Ahorros- en los 100.000 millones de euros, algo así como el 10% del PIB o el equivalente a más de 2.100 euros por español. Los más de 11.800 millones tirados a la basura con Catalunya Bank se acercan peligrosamente a los 13.800 en que se cifran los recortes en Sanidad y Educación efectuados hasta ahora. Tanto el Gobierno y sus ministros como el gobernador del Banco de España descartaron la liquidación y achatarramiento de las Cajas quebradas con argumentos tan fatuos como cargados de displicente superioridad. Es el momento de exigir responsabilidades, tarea en la que quedan emplazados los partidos que no han participado en esta masacre financiera. En todo caso, quede constancia de nuestra enérgica protesta por lo sucedido y nuestra sorpresa porque uno de los artífices de semejante desaguisado se postule sin rubor para dirigir el Eurogrupo. Europa y España se merecen otra cosa.

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