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Cifuentes no vale una Universidad

Toca exigir coherencia a la primera autoridad de la Comunidad de Madrid. Y decencia. Porque es indecente e irresponsable seguir poniendo en riesgo el prestigio de una Universidad Pública y la apuesta educativa de miles de estudiantes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos efe

Eso que hemos dado en llamar, no sin cierta imaginación, ‘nueva política’, ha introducido en la vida pública española notables dosis de vacua ingenuidad y, lo que es algo más preocupante, un factor de dispersión e inestabilidad nada recomendable en los tiempos que corren. Pero en la cara de esa moneda que echaron a rodar cuesta abajo la prepotencia y los groseros errores de los viejos partidos, encontramos algunos ingredientes de gran interés, en especial aquellos que tienen que ver con la tan traída y llevada, e imprescindible, regeneración de la vida pública.

La irrupción de Ciudadanos y Podemos en el escenario, y la consiguiente voladura del bipartidismo, han traído consigo nuevos hábitos políticos, mucho más cercanos a las exigencias de pulcritud y limpieza vigentes en las democracias más avanzadas. De este modo, las líneas rojas de lo que es o no aceptable en política se van adaptando progresivamente a los nuevos tiempos, y a los cada vez más estrechos márgenes que están dispuestos a aceptar los ciudadanos.

A veces, el furor desinfectante de los nuevos partidos se desliza hacia terrenos en los que, más que hacer justicia, lo que se ejecuta es una especie de caza de brujas preventiva que ocasiona daños irreparables y nada tiene que ver con el propósito purificador que se dice perseguir. Pero en líneas generales, la exacerbación de la pulcritud en el manejo de los asuntos y dineros públicos, aun con excesos, es una muy buena noticia en tanto que contribuye como ninguna otra a promover esa imprescindible y pendiente regeneración.

Es pronto para saber si en este episodio alguien ha cometido algún delito. Pero de lo que ya no hay duda es de la utilización pertinaz de la mentira para soslayar responsabilidades políticas

En este contexto, la mentira ha pasado de ser un pecado venial a convertirse en un pesado lastre para aquellos que compatibilizan su uso con la práctica de la política. Es pronto para saber si en el episodio que ha puesto contra las cuerdas a Cristina Cifuentes, alguien ha cometido algún delito. Pero de lo que ya no caben apenas dudas es de la utilización pertinaz de la mentira para soslayar responsabilidades políticas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cometido graves errores en la gestión de esta crisis, provocada tras conocerse diversas irregularidades supuestamente cometidas por los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos que dirigieron el máster que Cifuentes aprobó pero, a lo que parece, no estuvo en condiciones de cursar. Pero sin duda, el mayor, el error que la deja en las puertas de una inevitable dimisión, es el de la mentira, ya sea de palabra, de omisión o de obra.

No vamos a repetir aquí el sinnúmero de detalles que cuestionan la versión que de los hechos ha dado Cristina Cifuentes, así como, en primera instancia, antes de rectificar y enviar el asunto a la Fiscalía, los principales dirigentes de la Universidad. Tampoco, desde una perspectiva estrictamente política, tiene por el momento demasiada importancia si hubo o no delito en los tejemanejes perpetrados por rector y profesores con las actas y demás documentos acreditativos. Eso lo determinarán en su día los tribunales competentes. Lo que ahora toca es exigir coherencia a la primera autoridad de la Comunidad de Madrid. Y decencia. Porque es indecente e irresponsable seguir poniendo en riesgo el prestigio de una Universidad Pública y la apuesta educativa de miles de estudiantes.

El objetivo urgente es frenar el deterioro reputacional de la Rey Juan Carlos. Y para ello, solo hay un camino correcto: la renuncia inmediata de todos los responsables

Y si Cifuentes ya no tiene más salida que la dimisión, otro tanto debieran hacer los responsables de la Universidad que se han prestado, cuando menos, a colaborar en lo que cada vez se asemeja más a un sucio chanchullo colindante con el tráfico de influencias. Puede que ya sea tarde, pero el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, si quiere irse con dignidad, todavía está a tiempo de actuar de oficio para declarar nulo el título concedido a Cifuentes en aplicación de la Ley 39/2015, concerniente a los actos de las Administraciones Públicas, y que en su artículo 47 dispone que serán nulas de pleno derecho aquellas decisiones en las que se hubiere prescindido “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. Cuando el  crédito de las personas se agota, la única salida que queda es preservar el de las instituciones. Y no es de ningún modo aceptable que la defensa de intereses personales se haga a costa de los públicos.

El que fuera presidente de las Cortes con el PSOE de Felipe González, Gregorio Peces-Barba, puso en marcha la Universidad Carlos III, que primero fue la “universidad de los socialistas” y con el paso del tiempo ha perdido aquella inicial adjetivación convirtiéndose en uno de los centros de educación superior más prestigiosos de España. Con la URJC no ha pasado lo mismo. Sigue siendo para muchos la “universidad del PP”. Lo ocurrido ahora confirma esa sensación, no del todo justa, y va a profundizar en el estigma. Así que el objetivo urgente es frenar el deterioro reputacional de la Rey Juan Carlos. Y para ello, solo hay un camino correcto: la renuncia inmediata de todos los responsables. 



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