Economía de guerra

«Las estimaciones apuntan a un impacto poco significativo y transitorio». Nadia Calviño, 13 de marzo de 2020.

Cuando aún no hemos hollado el pico de la pandemia que la cordada liderada por Illa y Simón nos promete alcanzar un día sí y otro también desde hace más de dos semanas, la tormenta que se ha cernido ya sobre todos nosotros promete ser la peor de los últimos 90 años. Si la gestión del Ejecutivo de los 22 ministerios está siendo nefasta en lo sanitario, con más de 11.000 muertos y cerca de 120.000 afectados oficiales, no lo viene siendo menos en lo económico. Porque, y es imprescindible no olvidarlo nunca, la pandemia pasará, pero las consecuencias de las decisiones económicas que se tomen estos días pueden hipotecar la recuperación durante años.

“Los gastos públicos no desaparecen y no podemos abandonar un funcionamiento normal del sector público", declaró la titular de Economía esta misma semana a Carlos Alsina. Este Gobierno ya ha incumplido el pasado ejercicio 2019 la promesa de no incrementar el déficit, que se encontraba en el 2,48% al finalizar el anterior y lo ha llevado al 2,64%; nada menos que un 8,9% adicional, 33.223 millones de euros de gasto adicional. Todos recordamos los viernes sociales; el problema de las fiestas es que hay que pagarlas. Y para eso estamos las clases medias, a las que el Gobierno (como hizo el anterior, responsable de la mayor subida de la presión fiscal de la historia reciente de España) ha tomado como la ubre que ordeñar, incluso cuando apenas queda leche. Pagamos hoy un 8% más en impuestos que la media europea, de acuerdo con el Índice de Competitividad Fiscal 2019 publicado en octubre pasado por el IEE que dirige Gregorio Izquierdo, mientras que nuestro PIB per cápita es un 17.2% inferior a la media europea, de acuerdo con Eurostat. En esas circunstancias, resulta inmoral que el Estado sólo pueda mantenerse extrayendo las rentas de los ciudadanos y de las empresas, las verdaderas creadoras de riqueza. Y es inadmisible que nadie, en la dirección de la Administración del Estado, sea capaz de plantear alternativas a un gasto que, si en condiciones normales es a todas luces excesivo e ineficiente, en las condiciones actuales (y, sobre todo, futuras) resulta obsceno.

Una situación que requiere una acción del Gobierno a dos niveles: procurar ayuda a quien más lo necesite y preparar la recuperación

Desde 2012, primer año completo de Rajoy, el PIB ha crecido un 20,7%; en ese mismo tiempo, el de los falsos recortes que nos recuerdan desde la izquierda, el presupuesto de gastos (capítulos 1 a 8) ha crecido en 58.786,8 millones de euros; desde los 137.834,7 millones de euros hasta los 196.621,6 millones. Y eso teniendo en cuenta que Sánchez sigue gobernando con los últimos presupuestos de Montoro, y no ha podido ejecutar aún su plan completo de ruina. No es posible que unos presupuestos que suponen un incremento del gasto del 43% respecto a los primeros de Rajoy no haya partidas en las que recortar. Evidentemente, eso supone replantearse nuestro sistema social, miles de subvenciones a cientos de actividades, pero es evidente que la situación lo requiere. Una situación que requiere una acción del Gobierno a dos niveles: procurar ayuda a quien más lo necesite y preparar la recuperación.

Denostados 'fondos buitre'

Es en una situación como esta cuando un Estado debe dar respuesta a sus ciudadanos. Así lo han entendido todos los países. El principal problema del nuestro es una hipertrofia endémica y una deuda pública desorbitada, que alcanza el 97% del PIB; la combinación de estos dos factores hace muy difícil una respuesta ágil, porque no puedes exigirle más a unos ciudadanos que ven cómo se esfuman sus ingresos y, al mismo tiempo, sin capacidad de endeudarnos más en unos mercados que se inundarán de papel y que, lógicamente, exigirán (si algún denostado “fondo buitre” está dispuesto a comprar nuestra deuda) una remuneración por su riesgo que no será pequeña. Pagamos hoy la falta de acción de tantos años. No haber adelgazado el estado antes nos lleva a una situación asimilable a la de un enfermo de coronarias al que le recetasen grasas en su dieta.

Así pues, la solución sólo puede estar en meter la tijera a los presupuestos. Es la única solución, como algunos llevamos años reclamando en vano, siempre bajo los comentarios suficientes del equipo del gasto, de los del “aún hay margen”. No, no hay margen, ni lo había. El único margen viable para no condenar a dos generaciones al ostracismo es el del recorte del gasto espurio.

Y no cabe la duda. Ante una caída que estimo en al menos un 12% del PIB este año, hay que recortar el gasto en, al menos, esa proporción. Podemos discutir si una partida es más importante que otra, pero el recorte mínimo del que estamos hablando, y que detallo aquí, debe ascender al menos a 24.265 millones de euros. Un magro 12.3% que, evidentemente, los técnicos deberían incrementar en al menos otro tanto. Cuando más de 300.000 españoles se han ido al paro en marzo, el peor dato de la historia desde que hay registros; cuando al menos un millón y medio más están sumidos en ERTEs, no es la hora de un estado más grande, sino de un estado más ágil. Un estado que dé respuesta al nuevo normal.

Salir del agujero

Si consideramos, además, que la línea de avales de 100.000 millones podría tener un nivel de impagos del 83%, como ocurrió con los de Zapatero, lo valiente sería asumirlo y dedicar 12.000 millones de ellos a pagar la cuota de los autónomos durante un año y otros 35.000 millones más a recortar el IRPF en un 50%. Se trata de que los ciudadanos vean mermada su capacidad económica lo menos posible para, de ese modo, poder salir lo antes posible del agujero en el que estamos a punto de ser arrastrados por el Gobierno de Sánchez. Lo que recortamos del gasto (24.000 millones) respecto de lo que dejamos de ingresar (47.000 millones) deja un déficit de 23.000 millones; 10.000 millones menos de los 33.000 en los que ha incurrido el ejecutivo socialista en 2019.

Sí hay dinero. Pero no veo voluntad política de encontrarlo.