Como discutía aquí la pasada semana, los términos del debate territorial se han asentado y civilizado. El cálculo de las balanzas fiscales ha demostrado, por ejemplo, que los ciudadanos que residen en Madrid y en Cataluña reciben una financiación pública acorde con sus ingresos y características demográficas. Además, la única desigualdad apreciable surge en cuanto a la acumulación de deuda autonómica con el Estado, que es aproximadamente el doble en Cataluña que en Madrid (respectivamente, 8.000€ y 4.000€ por habitante).

Viéndose refutados por la evidencia, quienes ayer llegaron a hablar de “expolio” hoy apelan a las emociones que suscita la capitalidad madrileña para pregonar de ésta unos efectos que, como digo, han desmentido los números contables. De paso, intentan convencer a los canónigos de la conllevancia para que les entreguen algún organismo, aunque sea uno tan inútil como el Senado, con el fin de trasladarlo a sus ciudades favoritas.

Debemos tomar el guante y abrir el debate territorial en los términos relativamente técnicos de con qué tipo de capitalidad debemos dotarnos. Al respecto, las dos preguntas esenciales se refieren a cuál es el grado óptimo de centralización de los servicios estatales y dónde debemos ubicarlos.

¿Qué conviene centralizar?

Responder a esta primera pregunta tiene una parte fácil y otra bastante más difícil. La más fácil se refiere a los costes de producción. Por ejemplo, la prestación de servicios ha de estar descentralizada cuando se trata de servicios personales, cuya demanda está dispersa en el territorio y para cuya prestación no es viable ni el servicio a distancia ni el desplazamiento del usuario. Es éste el caso, por ejemplo, de las escuelas y centros de salud.

No obstante, la pandemia nos está enseñando que muchos de esos servicios ya pueden prestarse a distancia y el asunto es aún más claro en cuanto a las funciones de gestión y organización, muchas de las cuales ya se venían centralizando en el ámbito privado. No sólo porque suelen gozar de “economías de escala” —su coste baja al aumentar el tamaño— sino porque las nuevas tecnologías facilitan cada día más la transferencia de la información necesaria para gestionar a distancia.

A los 14 meses de pandemia nuestra máxima autoridad sanitaria sigue suministrando datos que son la pesadilla de los investigadores y el hazmerreír internacional.

Estas crecientes economías de escala ponen en duda el actual diseño de buena parte de nuestra Administración Pública, dotada con un aparato estatal y 17 autonómicos, y fruto de una descentralización realizada en bloque y sin ningún plan racional, con escasa especialización funcional, y, como también ha demostrado la pandemia, descabezada: pocos de esos aparatos, si alguno, alcanza la dimensión necesaria para que pueda disponer de unos servicios centrales eficaces. Tenemos decenas de “observatorios” y “altos comisionados” dedicados a las tareas más peregrinas. Alguien en Moncloa ha tenido incluso la ocurrencia de animar el espíritu empresarial “con horizonte 2030” creando una “Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora”. Sin embargo, a los 14 meses de pandemia nuestra máxima autoridad sanitaria sigue suministrando datos que son la pesadilla de los investigadores y el hazmerreír internacional.

Si muchos bancos y empresas han cerrado sus direcciones regionales, resulta poco razonable que dispongamos de estos 18 miniministerios de sanidad o de educación, muchas de cuyas funciones convendría volver a centralizar para evitar, ya sea la ineficacia o el solapamiento, como he argumentado aquí en otra ocasión. También para desarrollar el tipo de servicios eficaces que se han echado de menos durante la pandemia, y ello con independencia de dónde se ubiquen esos servicios centrales o incluso de qué administración dependan.

¿Dónde ubicar la Administración del Estado?

Tanto para estos servicios procede centralizar como para los que aún dependen actualmente del Estado debemos plantearnos también dónde ubicarlos, empezando por si deben situarse en una sola ciudad o en varias. No es cuestión baladí. Por un lado, si bien pueden hacerse argumentos de equilibrio territorial, ese equilibrio ya se alcanza por otras vías (al menos con respecto a Madrid y Cataluña, ambas se sitúan en el 100% de financiación autonómica por habitante ajustado por demografía, como les decía hace una semana).

Además, al ubicar todos los servicios centrales en una sola ciudad no sólo se obtienen sinergias, sino que, para lo bueno y para lo malo, también se crean ciudades diferentes. Esta variedad es valiosa por sí misma, aunque a menudo se transforme en un pasivo, dependiendo del tipo de administración pública y, en especial, de su carácter más o menos clientelar. El atractivo de Barcelona hasta la autonomía se debía en buena medida a no sufrir el peso, hoy agobiante, de una administración pública hiperactiva, del mismo modo que Madrid se ha liberado de gran parte de esa opresión gracias al estado autonómico. Con éste, Madrid expulsó hacia la periferia —y después a Bruselas— mucho del clientelismo que, durante décadas, si no siglos, había encadenado su potencial. Un clientelismo éste practicado con maestría, por cierto, por esa burguesía catalana que hoy tanto se queja de que ahora le hacen menos caso.

Atendiendo a las raíces históricas, pudiera ser lógico, por ejemplo, situar el Senado en León (sede de las primeras Cortes europeas), el Ministerio de Comercio en Burgos (principal feria medieval)

No obstante, si por el motivo que fuera, decidiéramos ubicar esos servicios centrales en varias ciudades, la pregunta sería dónde. Atendiendo a las raíces históricas, pudiera ser lógico, por ejemplo, situar el Senado en León (sede de las primeras Cortes europeas), el Ministerio de Comercio en Burgos (principal feria medieval) y el de Educación en Palencia o Salamanca (primeras universidades de la península). Quizá algunos insistan en un reparto proporcional entre las 17 autonomías. De seguir ese camino, Barcelona tendría que esperar, pues esta ciudad desde la que escribo ya cuenta con varios organismos estales, como la Escuela Judicial, la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones y otros entes menores. Otras regiones también querrían completar antes su cuota de agencias públicas. Además, Cataluña estaría de acuerdo, a la vista de sus esfuerzos por desentenderse de la Agencia Europea de Medicamentos (la cual, hoy en día, cuenta ya con 897 empleados; pero que, tras la covid, pronto puede multiplicar su tamaño).

Me refería más arriba a que el problema de la centralización tiene su parte fácil y su parte difícil. Observe que sólo he considerado aspectos “productivos”, los relativos a cómo aumentar el producto social. Por desgracia, con frecuencia hacemos de la política una pelea meramente “distributiva”, preocupándonos sólo por cómo repartir lo ya producido (o incluso lo que aún está por producir y que, a menudo y como consecuencia, ya nunca será producido).

Está claro que, si de verdad queremos ser una sociedad próspera, hemos de fomentar la competencia productiva y restringir la distributiva, tanto entre individuos como entre regiones, y también en las decisiones sobre la capitalidad y el grado de centralización; pero ya le advertía que esta vertiente del asunto es difícil. Por ello, aunque hoy sea Domingo de Ramos, convendrá abordarla en una fecha aún más esperanzadora, tal vez el Domingo de Resurrección.