El gobierno de Giorgia Meloni, con tan solo diez días de vida, fijó su punto de mira a las raves, fiestas electrónicas ilegales en las que es habitual el consumo de drogas sintéticas. Además, poca broma, lo ha hecho promulgando un decreto-ley que amplía el artículo cinco del Código Penal italiano para perseguir “la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública”. Quienes organicen o promuevan este tipo de fiestas se arriesgan a una pena de entre tres y seis años de prisión y una multa de entre 1.000 y 10.000 euros. Pocos días antes de esta decisión, se había celebrado una fiesta multitudinaria en Módena a la que asistieron miles de jóvenes.
El asunto no solo preocupa a Meloni: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó también en fechas recientes su posición contra el consumo de estupefacientes. Durante un acto del PP con los jóvenes, acusó a la izquierda de “frivolizar” con las drogas, recalcó que las adicciones “destrozan proyectos de vida” y explicó que “las drogas son, sobre todo, una amenaza para la libertad”. Muy poca gente disentirá de este diagnóstico, especialmente los familiares de adictos, pero estamos ante un debate espinoso, basta decir que uno de los grandes filósofos de referencia del liberalismo español es Antonio Escohotado, defensor a ultranza de la despenalización, como queda claro en su extensa bibliografía y en su condición de prologuista del ensayo clásico Nuestro derecho a las drogas, del psiquiatra Thomas Szasz. ¿Cómo se combina aquí la libertad individual con el rechazo institucional? De hecho, el decreto-ley de Meloni ha abierto las primeras fisuras en su gobierno.
Drogas y derecha
Por encima de este debate se sitúa la cuestión de la eficacia práctica: ¿es posible prohibir el consumo de drogas en el siglo XXI, una época porosa y globalizada con la deep web al alcance de cuatro clics? Recordemos que ya hubo un intento de ilegalizar las raves en la Inglaterra de comienzos de los noventa, cuando John Major consideró que eran un peligro social. Su Criminal Justice and Public Order Act (1994) proscribió la “música repetitiva” para permitir a que la policía británica actuase en fiestas como la de Castlemorton Commons en 1992, que duró una semana y reunió entre 20.000 y 40.000 asistentes. Por supuesto, no se consiguió parar este tipo de fiestas, sencillamente porque no tenía policía suficiente para hacerlo y porque se puede recurrir a argucias para evitar la detención. Un ejemplo: el grupo electrónico Autechre hizo circular una grabación donde no se repetía ningún ritmo para que los organizadores pudieran alegar en el juzgado que no se había pinchado la “música repetitiva” que prohibía esa ley. Limitar el derecho de reunión siempre es mala idea, como seguramente habrá defendido Meloni frente a los ‘antifascistas’ que aspiran a ilegalizar las manifestaciones públicas de su partido, Fratelli d’Italia.
Nuestras élites políticas saben que es compatible ser partidario de legalizar las drogas y estar convencido de que su consumo es humanamente desastroso
Más que ante un conflicto político, estamos ante un choque cultural entre generaciones. Después de la tragedia del Madrid Arena en 2012, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, hizo las siguientes declaraciones: “Estas macrofiestas son un verdadero problema social que responde a todo un problema sociológico generacional, de estructura familiar, que hay que atender, pero sobre todo desde la perspectiva de la legalidad”, dijo a los medios de comunicación. Cuesta imaginar otra situación en que un funcionario de primer nivel pueda culpar a los familiares de las víctimas y que nadie lo obligue a presentar su dimisión (ni siquiera hubo presiones para que se disculpase). Del mismo modo, la izquierda italiana ha dado la medida de su puritanismo y desorientación al declarar que “la ley antirave hay que leerla con mucho cuidado” porque tiene “castigos desproporcionados que puede que no solo se apliquen a las raves", dijo Andrea Orlando del Partido Democrático. Como si fuese intolerable prohibir manifestaciones, pero legítimo perseguir fiestas.
De izquierda a derecha parece sobrevolar el problema del clasismo: en una rave se hace exactamente lo mismo que en un festival de verano o una discoteca de Ibiza, solo que mucho más barato. ¿Es eso lo que molesta a Meloni? Rafael Vera, en su etapa de secretario de Estado del PSOE, dirigió el operativo contra la llamada ‘ruta del bakalao’, donde no ocurrían cosas muy distintas a las que pasaban en el Space ibicenco, más allá de que la inmensa mayoría de fiesteros valencianos eran de clase baja. En realidad, nuestras élites políticas saben que es compatible ser partidario de legalizar las drogas y estar convencido de que su consumo es humanamente desastroso en muchos casos. Se trata de defender la libertad y cultivar la responsabilidad, de convertirnos en una sociedad adulta capaz de relacionarnos con cualquier tipo de sustancia. ¿Seremos capaces?
