Ahora que Luis Bárcenas, sentado en el banquillo vuelve a la sede de Génova y pugna por un careo con quien fuera presidente del PP, es interesante recuperar la columna censurada por el diario El País del martes, día 5 de febrero de 2013, de un buen amigo periodista, titulada El dinero perdido de Rajoy cuya eliminación también de la web suscitó curiosidad añadida en las redes sociales. La columna tomaba como referencia la declaración del presidente en su comparecencia del sábado, día 2, en la que, a raíz de las acusaciones de recibir sobresueldos del partido, Mariano Rajoy manifestó que si hubiera querido ganar dinero se hubiera dedicado a su profesión de registrador. 

El columnista apelaba a los votos de transparencia y honradez del entonces presidente del Gobierno y le incitaba a explicar si había habido alguna simultaneidad en el ejercicio de sus funciones políticas y las de registrador y reclamaba que aclarase si en ese caso cobró alguna cantidad como titular de los registros que tuvo a su cargo de manera simultánea. Esta cuestión fue objeto de una pregunta parlamentaria por parte de Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, a la que el Gobierno respondió que Mariano Rajoy no había recibido retribución alguna por su condición de Registrador en el tiempo en que desempeñaba funciones políticas. Pero quedó sin aclarar si la situación del entonces presidente era reglamentaria a tenor de los artículos 541 y 552 del Reglamento Hipotecario que pudieran serle de aplicación, si bien uno le hubiera permitido cobrar y otro no. 

De todo lo anterior la web ¿Hay derecho? concluía que no resultaba evidente la situación administrativa de Mariano Rajoy y que habría sido muy conveniente que se aclarara. Máxime cuando toda esta normativa hipotecaria parece incompatible con la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y particularmente con su artículo 5, que establece la incompatibilidad de su “actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado”. Es más, el art. 11 de dicha norma exige una declaración de actividades que en el caso de Mariano Rajoy no recogía su situación de “servicios especiales” siendo así que había sido “renombrado” recientemente registrador de Santa Pola. 

La columna que venimos comentando señalaba que Mariano Rajoy debería contestar a algunas cuestiones relevantes que permitieran confirmar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política, a raíz de su mencionada intervención ante el comité ejecutivo nacional de su partido el sábado, 2 de febrero de 2013, más aún ante la situación en que se encontraba en esos momentos el caso Gürtel-Bárcenas. “Quiero”, dijo el presidente aquel día, “que en este asunto operemos con la máxima transparencia, el máximo rigor y la máxima diligencia”. Pero si Rajoy proclamaba nada tener que ocultar, no temer a la verdad, no haber venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda; ser a los 23 años, en 1978, Registrador de la Propiedad con una plaza; ganarse muy bien la vida; ingresar más dinero en su profesión que como político; haber venido a la política perdiendo dinero porque para él, el dinero no es lo más importante en esta vida; todas estas protestas le obligaban a esclarecer, por ejemplo:

Varias cuestiones que debería haber respondido Mariano Rajoy

  1. Si era cierto que Mariano Rajoy siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Villafranca, provincia de León, y de Padrón, provincia de la Coruña, cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981, director general de Relaciones Institucionales de la Xunta en 1982. .
  2. Si al concursar voluntariamente y obtener en 1982 el registro de Berga en el Pirineo catalán, contraviniendo entre otras la obligación de residir en la localidad donde tiene su sede el Registro, continuó obteniendo ingresos de esa plaza, situada a más de mil kilómetros de Pontevedra, ciudad donde seguía teniendo su residencia y sus responsabilidades como concejal del Ayuntamiento, presidente de la Diputación y Diputado al Congreso desde 1986 y vicepresidente de la Xunta en 1987. Porque si concursaba buscando mejores plazas y figuraba como registrador en activo, debemos saber cuánto cobraba de sus cargos políticos y cuánto recibía de los registros.
  3. Si era cierto que Mariano Rajoy nunca solicitó la declaración de compatibilidad del Ministerio de la Presidencia, a la que estaba obligado por la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios públicos, porque, en ese caso, alardear de ser persona escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad resultaba excesivo.
  4. Si los registros de Elche y Santa Pola, que solicitó y le fueron adjudicados en sucesivos concursos, los atendió alguna vez personalmente. También cuánto cobró hasta 1990 y si simultaneaba esa tarea con otras responsabilidades políticas.
  5. Si, cuando a partir de marzo 1990 pidió que se le declarara en servicios especiales y su plaza en Santa Pola, quedó encomendada a su buen amigo Francisco Riquelme, titular del Registro de Elche, esa designación a título de “sustituto accidental permanente”, era la que correspondía según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección de Registros y del Notariado.
  6. Si a partir de ese momento y siguiendo ejemplos acreditados pasó a repartirse al 50% los beneficios del Registro de Santa Pola con el sustituto que le hacía el trabajo.
  7. Si después 1998 a partir de algunos cambios legales, aprobados en el Consejo de Ministros donde él se sentaba, los beneficios del Registro de Santa Pola se han partido entre el amigo Riquelme y el Colegio de Registradores al 50%.

Eran cuestiones relevantes que hubieran permitido cuantificar el dinero perdido por Mariano Rajoy y evaluar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política y el lucro cesante que le acarreaba su afán de servicio. Se imponía, ya entonces, despejar de manera indiscutida esas incógnitas y ahuyentar los malos pensamientos de quienes sostenían en que en el caso de Rajoy más que renuncia había pluriempleo. Cuestión distinta es que en la Declaración de Actividades presentada en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2011 el punto segundo “Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración Pública” figurase en blanco y que tampoco especificara la Administración para la que prestaba sus servicios, ni si había solicitado el pase a la situación de servicios especiales o equivalente. Pero hace ocho años nadie en el Congreso de los Diputados, salvo Cayo Lara, tiraba de ese hilo y el diario El País, que fungía de prescriptor, prefería silenciar a su columnista interrogador. Vale.