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Opinión

La dictadura de los pensionistas

Los pensionistas vizcaínos, en su concentración semanal en demanda de unas pensiones públicas dignas.

Tenemos una Constitución de la que nos podemos sentir orgullosos solo a medias. Es verdad que ha procurado concordia y prosperidad desde la muerte de Franco, pero que con el tiempo ha creado problemas crecientes, sobre todo malinterpretada por los vampiros del sistema, es decir, la izquierda. El capítulo menos afortunado de la Carta Magna es el que se refiere a los derechos. La causa es que, además de los obvios, como el derecho a la vida, a la libertad -incluida por supuesto la de expresión-, el derecho de reunión y el de manifestación, incluye después engendros absolutamente impropios de un texto constitucional.  

El primero de ellos es el derecho al trabajo. Otro igualmente repudiable es el derecho a la vivienda. Son engendros porque, en puridad, solo es derecho aquello que puede proteger y garantizar la ley y el poder público, y como es una evidencia irrefutable la existencia de un paro muy notable en el país desde el comienzo de la Transición, y que tampoco toda la gente es capaz de acceder a una vivienda, es notorio que estos no son derechos en el sentido estricto del término, por mucho que se proclamen solemnemente, sino aspiraciones muy encomiables de la clase política por las que me parece muy bien que trabaje a destajo, siempre que, tratando de colmarlas, no perjudique los equilibrios económicos del sistema, produciendo efectos contrarios a los deseados.  

Manipulaciones y Constitución

A pesar de estos hechos tan evidentes, la izquierda, que es básicamente iletrada e irresponsable a partes iguales, ha tratado, primero, de reivindicar el texto constitucional para poner en entredicho al adversario, y después no ceja en el empeño de meter sus sucias manos en la Carta Magna. El adelantado que se ocupó a fondo de las tropelías que relato fue Julio Anguita, ese ser básicamente ignorante, ayuno de conocimiento económico alguno, y tremendamente pesado, que subía en su época a la tribuna del Congreso de los Diputados blandiendo un ejemplar de la Constitución para luego decir que se estaba incumpliendo a diario, porque ni había empleo para todos los españoles ni tampoco vivienda.

El segundo ejemplar del zoológico, sucesor genuino de Anguita en la política nacional, es el marqués delirante de Galapagar, el señor Pablo Iglesias, el más ardiente defensor del Che Guevara, uno de los mayores criminales de la historia. Para este analfabeto funcional, como hay paro, como no hay vivienda para todo el mundo, la Constitución se incumple, y por tanto estamos ante un régimen inconstitucional, y esto es lo que a su juicio se debe dirimir en las próximas elecciones. 

Pero hay otros líderes más importantes en el tablero cuya capacidad de hacer da daño es más intensa que la de Iglesias, que al fin y al cabo tiene una potencia de fuego limitada. Me refiero al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que en su carrera disparatada por volver a ganar las elecciones va ofreciendo regalías por doquier, en particular a los jubilados, a los que ha prometido revalorizar las pensiones según el IPC, así como incluir esta supuesto en la Constitución, como un artículo ordinario más, a fin de blindarlas legalmente, una pretensión que no sólo es básicamente irrisoria, una vez explicada la futilidad y el completo absurdo de reconocer el derecho al trabajo y a la vivienda, sino que está terminantemente desaconsejada por la Unión Europea y todas las instituciones y organismos que se dedican al estudio de la economía.

Da lo mismo: la estúpida izquierda de siempre, los socialistas oportunistas, demagogos y populistas de Sánchez están empeñados en sacar adelante esta decisión que será letal para el sostenimiento de la Seguridad Social, pues acarreará un gasto de 24.000 millones adicionales en los próximos once años, y de hasta 36.000 millones hasta 2050, y que, básicamente, es un propósito incumplible, se mire como se mire. Lo prometen a sabiendas. Prevaricando intelectualmente, persuadidos de que están malversando y sometiendo a una tortura insoportable las cuentas públicas, solo por el interés de comprar los votos que necesitan el próximo 10 de noviembre.

Los pensionistas españoles son los que tienen la jubilación más alta de Europa en relación con su último sueldo en activo, y tienen todo tipo de prebendas y privilegios

Y lo hacen porque saben que los pensionistas constituyen el grupo electoral más relevante del país. Y también que han evolucionado hacia un egoísmo inexorable, animado por las televisiones y los medios de izquierdas de la nación, que constituyen una mayoría granítica. Si en la época de Franco, y después en la Transición, siempre se dijo que el poder fáctico del Estado era el Ejército, ahora podemos afirmar, sin ningún género de duda, que el poder fáctico de la democracia son los pensionistas.

La última vez que Felipe González ganó las elecciones a Aznar fue tras un debate en televisión en el que dijo, mintiendo -y él era un experto en el arte-, que si pasaba a gobernar el PP los jubilados cobrarían ocho mil pesetas menos al mes. Convenció y venció. Desde entonces, todos los partidos políticos han dedicado una atención especial, y han tenido un miedo cerval, a los pensionistas españoles, más desde que se han vuelto agresivos y protestantes, a pesar de que son, de lejos, los mejores tratados de la UE. Los pensionistas españoles son los que tienen la jubilación más alta de Europa, en relación con su último sueldo en activo, y tienen todo tipo de prebendas y privilegios. Es el único colectivo que se ha mantenido incólume durante la pasada recesión, sosteniendo su nivel de vida en medio de una destrucción insólita del tejido empresarial, un aumento rampante del paro y una devaluación salarial notable, aunque finalmente benéfica.

Manipulación en el País Vasco

Desgraciadamente, el cáncer del Estado del Bienestar les ha nublado el juicio, y gran parte de las organizaciones que dirigen y manipulan a los pensionistas, principal e irónicamente en el País Vasco, donde viven como Dios, bastante mejor que en el resto del país, producto de los réditos de la reconversión industrial de los años ochenta, los han transformado en actores reivindicativos de primer orden y electoralmente cruciales.

La izquierda, los socialistas, que son los que primero y mejor huelen la sangre, los socialistas en este caso de Sánchez, que es un tiburón ciertamente peligroso, ya han prometido que si gobierna revalorizará eternamente las pensiones, y que esta idea completamente descabellada y mortal será blindada en la Constitución. Y dado que los pensionistas son el poder fáctico de la democracia española, los partidos de la oposición, el PP de Casado y Ciudadanos de Rivera, se han apresurado a decir que ok, que cuenten con ellos en esta ofensa a la inteligencia, al sentido común, a la higiene de las cuentas públicas e incluso a la salud de nuestra Constitución y del Estado de derecho.

En estas estamos, en un país con unas expectativas enormes, a nada que se hicieran bien las cosas, pero sometido a la dictadura de unos pensionistas egoístas que, producto de la corrupción intelectual inspirada y promovida por el Estado de Bienestar, aspiran a más prebendas y derechos en detrimento de las unidades productivas de riqueza, que son las que de verdad pueden dar de comer a sus hijos y a sus nietos, asegurar el futuro de la especie y sacar la nación adelante.  

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