Han pasado ya cuatro días desde el desplome de Ciudadanos en las autonómicas catalanas y todavía no le hemos oído a Inés Arrimadas ni una sola explicación razonable de lo ocurrido. Mal síntoma cuando en un partido político hay que recurrir a un grupo de exdiputados y cargos orgánicos apartados de todo nivel de representación para dar con un relato, si no plenamente certero, sí como mínimo verosímil de las causas que han conducido a semejante despeño. Señal inequívoca de que la actual dirección del partido –tan similar en su estructura, por cierto, a la de aquel Consulado tripartito salido del 18 Brumario en el que Napoleón ejercía de primer cónsul–, ha optado por eludir el análisis racional y ha impuesto, en su lugar, el cierre de filas.

Así, no hemos oído ningún argumento consistente; sólo burdas excusas. Que si una convocatoria electoral en plena pandemia iba a perjudicar al constitucionalismo –¿y cómo se explica, pues, el incremento porcentual y en votos del PSC, al que Cs ofrecía, nada más comenzar la campaña, entre abrazo y abrazo, una alianza futura junto al PP?–. Que si el electorado constitucionalista es el que más fácil se desmoviliza –¿no tendrá algo que ver en ello la capacidad del partido para movilizarlo, y no sólo en campaña, sino durante los tres largos años de una legislatura en la que era el primer partido de Cataluña?–. Que “la clave no es si lo hemos hecho bien o mal, sino si hemos hecho lo correcto” –de lo que se deduce que basta con hacer lo correcto para estar libre de reproche–. Y, en fin, esta excusa que ni siquiera es burda sino manifiestamente falsa y torticera y que consiste en echar la culpa a la anterior dirección de los pésimos resultados obtenidos; hace un año, y lo saben perfectamente quienes ahora dirigen el partido, las expectativas electorales en Cataluña eran porcentualmente muy superiores, por lo que una porción sustancial de su mengua es achacable tan sólo a quienes han gobernado desde entonces la nave.

Está claro que exigir a esta dirección tripartita que dimita, en pleno o en parte, es tiempo perdido. ¿Cómo van a dimitir quienes consideran que, dentro de lo que cabe, lo han hecho razonablemente bien y sólo han cometido pequeños errores?

Está claro que exigir a esta dirección tripartita que dimita, en pleno o en parte, es tiempo perdido. ¿Cómo van a dimitir quienes consideran que, dentro de lo que cabe, lo han hecho razonablemente bien y sólo han cometido pequeños errores? Parece que en el seno del partido e incluso del Comité Ejecutivo hay un evidente descontento ante la nula asunción de responsabilidades. Y que ya hay quien se está moviendo para promover una suerte de impeachment mediante alguno de los mecanismos previstos en los Estatutos de la formación. Sobra añadir que no les va a resultar fácil. Si existe un partido con una estructura diseñada para que el debate y la rendición de cuentas no pongan nunca en peligro la estabilidad del liderazgo este es Ciudadanos.

De las declaraciones de Arrimadas tras el desplome merece la pena destacar asimismo unas palabras que, aun siendo también un intento de justificar lo injustificable, tienen a mi entender un alcance mucho mayor, por cuanto son comunes a toda nuestra clase política. Es lo que podríamos denominar “la falacia del voto cautivo”. Según ella, no es justo comparar las elecciones de 2017 con las del pasado domingo, por cuanto en las primeras Ciudadanos recibió muchos apoyos circunstanciales. Sin duda. Como los recibió el PP de Alejo Vidal-Quadras en 1995, cuando pasó de 7 a 17 diputados y tuvo un incremento en el voto del 167% con respecto a los anteriores comicios. O como los ha recibido ahora Vox con Ignacio Garriga al frente al irrumpir en el Parlamento con 11 diputados y habiendo cosechado 218.000 sufragios. Tanto en 1995 como en 2017 o 2021 una parte considerable del electorado catalán vio en una determinada fuerza política el mejor muro de contención del nacionalismo. Y todo lo demás –ideología, programa, etc.– pasó a segundo término. Pero hablar en estos casos de voto prestado es creer que existe, por contraste, un voto propio. O sea, cautivo. El de los que siempre votarán un mismo partido. Por supuesto, haberlos haylos. Y en los partidos tradicionales más que en otros. Pero incluso en estos casos cuando un líder político se refiere a estos votantes como a “los nuestros”, está incurriendo en un grave error. El de despreciarlos. El de considerar que los votantes carecen de libre albedrío electoral. En el fondo, el único voto verdaderamente cautivo es el de los militantes, cargos y representantes públicos de una formación política –y aún habría que comprobarlo–. Y por razones que van mucho más allá de la lealtad a unas siglas.

Acaso esa debería ser, al cabo, la principal lección para la dirección de Ciudadanos de los resultados del pasado domingo. La de asumir que 952.000 ciudadanos dejaron de considerar que resultaba útil votarles. Y, acto seguido y sin dilación, olvidarse de trampantojos balsámicos y preguntarse por qué.