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Guadalupe Sánchez

Opinión

Las denuncias falsas por violencia de género en la nueva normalidad

Al negarse a reconocer la existencia de personas y asociaciones que se amparan en la ley para conseguir fines espurios están perjudicando a las mujeres verdaderamente maltratadas

Las denuncias falsas por violencia de género en la nueva normalidad
Las denuncias falsas por violencia de género en la nueva normalidad Europa Press

Lo llaman ‘nueva normalidad’, pero la verdad es que se parece mucho a la antigua. Una vez que el Ejecutivo ha decidido que la pandemia únicamente le interesa en la medida en la que le resulte útil para hacer oposición a la Comunidad de Madrid, toca retomar los debates inútiles asociados a la guerra cultural en la que tan cómodos se encuentran.

Y es que mientras discutimos sobre la nueva Ley de Memoria Histórica anunciada por Carmen Calvo, nos olvidamos de lo que de verdad importa: la memoria pandémica. Porque mientras ponemos el foco en la posible ilegalización de fundaciones de corte franquista o en las fosas de la Guerra Civil, eludimos evocar la nefasta gestión y el alud de mentiras vertidas por el Gobierno durante el estado de alarma: que si las mascarillas eran inútiles, que si a las mujeres nos iba la vida en asistir a las manifestaciones del 8-M, decisiones de cambio de fase tomadas por un comité de expertos inexistente, la prohibición de los despidos o la negación de un plan B que ahora abraza el Gobierno para eludir cualquier responsabilidad por la gestión de la covid-19. No es la memoria, es el relato.

El gran bulo de la ultraderecha

Así que no les sorprenderá que otro de los temas que han vuelto a sacar a la palestra para acudir a su propio rescate sea el del feminismo identitario. La perspectiva de género es a España lo que el Black Lives Matter a los EEUU: un movimiento para atacar los cimientos del Estado liberal y democrático de derecho instrumentalizando supuestas identidades colectivas oprimidas. Tanto es así que la ministra de Igualdad se ha atrevido a resucitar los delitos de pensamiento, colocando fuera de la ley a quienes creen que la violencia no depende de una condición biológica. ¡Los forajidos de género!

No es de extrañar que no hayan tardado ni un segundo en retomar la falacia de las denuncias falsas por violencia de género aprovechando la publicación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Dicen que, como en 2019 no ha habido ninguna condena por denuncia falsa y que el valor medio entre 2009-2019 es del 0,0069%, queda desmontado el gran bulo de la “ultraderecha” contra la ley de violencia de género. Vuelta la burra al trigo.

¿Son también falsas las denuncias que terminan en absolución, sobreseimiento o archivo? Porque la proporción sería escandalosa

Parece que no ven que se están ahorcando con su propia soga desde el punto de vista argumental: si solo consideramos falsas aquellas denuncias sobre las que exista pronunciamiento por sentencia firme, ¿qué sucede con las denuncias por violencia de género que no han acabado en sentencia condenatoria? ¿Son también falsas las denuncias que terminan en absolución, sobreseimiento o archivo? Porque la proporción sería escandalosa: de las 166.961 denuncias por violencia de género interpuestas, en torno al 70% no acaba en sentencia condenatoria. Y esto es algo que no se refleja en la Memoria de la Fiscalía, pero sí en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Los datos pueden presentarse de muchas formas para que digan lo que a uno le interesa que digan.

¿Quiere esto decir que todas esas denuncias que acaban en absolución, sobreseimiento o archivo sean falsas? Pues no. Parte de ellas no llegan a buen puerto por falta de pruebas, pero es innegable que otra parte se corresponde con denuncias instrumentales interpuestas por mujeres (muchas veces mal asesoradas) por simple venganza o para obtener una ventaja en un proceso de divorcio o equivalente, más aún cuando existen menores.

Un calvario personal

La siguiente pregunta es: ¿y por qué no se procesa y condena a estas mujeres por denuncia falsa? Pues por el mismo motivo por el que no prosperan buena parte de las denuncias por violencia de género: por una cuestión probatoria. Así que, de igual forma que muchas mujeres no se atreven a denunciar a su maltratador, muchos hombres no se deciden a hacerlo contra su acusadora en falso. Es más, en casos en los que la denunciante se limita a interponer una denuncia pero ni tan siquiera la ratifica o decide acogerse a la dispensa de la obligación de declarar, las posibilidades de que el procedimiento contra ella prospere son muy escasas. Por no hablar de que la pena prevista para la acusación falsa por un delito de violencia de género del art. 153 del Código Penal se limita a una multa (salvo que ella hubiese prestado falso testimonio en juicio, en cuyo caso sí que se contemplan penas de prisión). Visto el panorama, se entiende que muchos hombres decidan que no les sale a cuenta denunciar, más aun después de haber vivido un calvario personal y judicial. Por no mencionar que no es algo a lo que precisamente se les aliente desde las instituciones: las campañas que animan a las mujeres a denunciar a su maltratador no tienen correspondencia en otras que fomenten la denuncia de las acusaciones en falso. Más bien todo lo contrario.

Azuzar la victimización

Yo sólo le pido a toda esta gente que instrumentaliza la violencia contra la mujer para hacer política y colocar etiquetas de machistas y fascistas que paren. Porque, al negarse a reconocer la existencia de personas y asociaciones que se amparan en la ley para conseguir fines espurios, están perjudicando a las mujeres verdaderamente maltratadas, detrayendo cuantiosos recursos con los que podría salvarse la vida a muchas.

El drama de la violencia machista existe. El de las denuncias falsas por violencia de género, también. Dejen ya de plantear falsas dicotomías y de azuzar la victimización de la mujer a costa de criminalizar al hombre. Ya no es ningún secreto que, con sus batallitas culturales, lo que de verdad pretenden es socavar la presunción de inocencia para acabar con la igualdad ante la ley e institucionalizar el privilegio.

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