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Juan Laborda

Opinión

En defensa de una reforma tributaria radical

Las propuestas fiscales del nuevo gobierno no dejan de ser meros parches de las políticas neoliberales. Deberían ser mucho más ambiciosas

Agencia Tributaria
Agencia Tributaria EFE

Admitámoslo, España tal cual está ahora tiene un futuro bastante sombrío. El dinamismo de nuestro sector exterior, gracias a la sorprendente pericia de pequeñas y medianas empresas patrias, es insuficiente. La realidad ya la conocen ustedes. La tasa de paro patria sigue siendo descomunal, nuestro mercado laboral frágil y precario, y los salarios menguantes. Sumemos a ello las limitaciones derivadas de esa superestructura que surge de la interacción política y económica -Ibex 35-, y que da origen y soporte a la búsqueda de rentas o apropiación de la riqueza por parte de ciertos grupos (buscadores de rentas), a través de mecanismos no competitivos.

La pregunta es ¿qué podemos hacer? Para ello debemos asumir que tenemos dos restricciones muy importantes. La primera, nuestra pertenencia a la Unión Europea, que nos ha supuesto una pérdida de soberanía monetaria de la que gozan otros países occidentales europeos como Reino Unido, Suecia, o Dinamarca. Ya saben nuestro posicionamiento. Bajo soberanía monetaria, con tipos de cambio flexibles, las políticas fiscal y monetaria pueden concentrarse en garantizar que el gasto doméstico sea el suficiente para mantener altos niveles de empleo. Pero en la zona Euro, tal como está diseñada, eso es una quimera. Este razonamiento, económicamente irrefutable, no supone ser un furibundo antieuropeo. Es una descripción de una realidad objetiva, sin más. Tal como está diseñado el Euro es imposible que España alcance el pleno empleo. Y como discutir de estos temas es un tabú electoral, habrá que buscar políticas alternativas.

Las relaciones de poder y modelo productivo

La segunda restricción se deriva de las relaciones de poder y de su traslación a una superestructura que distorsiona de manera sistemática la asignación de recursos para el beneficio de unos pocos. Ello no sólo fomenta la desigualdad, sino que también ahoga el crecimiento. En nuestro país la búsqueda de rentas que ahogan el crecimiento toma muchas formas, desde transferencias ocultas -deducciones fiscales permanentes, créditos fiscales a la banca, valoración del suelo ad-hoc…-, pasando por subsidios del gobierno a grupos de presión –básicamente de comunicación-, leyes que favorecen los oligopolios y una aplicación laxa de leyes de competencia -a pesar de que el actual presidente de la CNMC lo intenta, algunos de sus correligionarios actúan como esos zorros que cuidan las gallinas-. El resultado es tan perverso que en la actualidad quienes sostienen el estado del bienestar son simplemente los trabajadores por cuenta ajena, y los pequeños y medianos empresarios. Por el contrario, los rentistas, básicamente aquellos que se apropian de la renta del suelo y sus múltiples derivaciones, y los grandes contribuyentes-empresas del Ibex y sus consejos de administración- apenas aportan nada.

En la actualidad son los trabajadores por cuenta ajena y los pequeños y medianos empresarios los que sostienen el estado del bienestar

De esta manera se ha ido modelando a lo largo del tiempo el modelo productivo patrio: predominio de rentistas y una serie de oligopolios que no han hecho prácticamente nada por cambiar el modelo productivo de nuestro país. Su actividad investigadora, por ejemplo, es completamente nula y nuestro retraso secular respecto a nuestro entorno creciente. Si echan una ojeada al índice bursátil patrio más representativo, el Ibex 35, predominan antiguos monopolios naturales, básicamente empresas eléctricas, petroleras, y del sector de telecomunicaciones. Junto a ellos, el sector inmobiliario, ligado al BOE, y el bancario, que tras el triste y lamentable proceso de concentración sufrido en nuestro país, tras la Gran Recesión, lo hace dependiente de las tetas del Estado si las cosas vinieran mal dadas. El impacto en nuestra Hacienda de esta superestructura del poder es brutal. Además de ser un sistema tributario socialmente injusto, es ineficiente. Los ingresos fiscales patrios son muy volátiles en función del ciclo económico y lo sustentan trabajadores, y pequeños y medianos productores, que ya no admiten ninguna subida adicional de impuestos.

Frente a los parches, una reforma tributaria radical

Las propuestas fiscales del nuevo gobierno deberían ser mucho más ambiciosas. No dejan de ser meros parches o remiendos a las políticas neoliberales, cuyo efecto real sobre la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente los trabajadores, es muy limitado. La razón es muy sencilla, no implican un cambio del modelo productivo actual. Y muchas de estas rentas, desde las enormes plusvalías del suelo, pasando por las rentas del espectro electromagnético, están casi totalmente libres de impuestos. Exige además una acción rotunda contra el aumento exponencial de los precios de los alquileres de la vivienda. Fiscalmente hay que hacer de la vivienda sea un bien de uso, no de inversión. Cambiar el modelo productivo patrio, en definitiva, exige un enfoque estructural de reforma que cambie la balanza de poder y nos lleve de una vez por todas a la eliminación de la pobreza institucionalizada.

Bajo estas premisas es necesario diseñar un sistema impositivo que bajo el principio de equidad redistribuya la riqueza de los más acaudalados a los más pobres sin castigar la actividad productiva, en definitiva, la creación de riqueza. Primero, se debe desincentivar a los buscadores de renta. La solución ya fue ideada hace más de 100 años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra. Lo hemos comentado y analizado hasta la saciedad.

Una reforma tributaria radical pasa por reducir de manera ostensible ese impuesto que se ceba especialmente con los más débiles, el IVA

Segundo, es necesario introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, apoyando e impulsando el proyecto de Directiva Accis. Hay que recuperar ya, y con carácter de mínimos, la capacidad recaudatoria de un tributo que se ha visto afectada por las maniobras de los grupos multinacionales encaminadas a situar artificialmente sus beneficios en países de baja tributación. Las multinacionales deben pagar sus impuestos en los países donde obtienen los beneficios, siendo necesarias además una serie de actuaciones inspectoras y modificaciones legales que impidan la planificación fiscal agresiva en las operaciones interiores de los grupos empresariales. Para evitar estas maniobras, siguiendo las propuestas del economista Gabriel Zucman, autor de “La Riqueza Oculta de las Naciones”, es necesario que los impuestos se establezcan sobre las ventas, los gastos de personal o las inversiones en inmovilizado material. De esta forma no se jugarían con los intangibles y los precios de transferencia.

Tercero, no hay que eliminar el Impuesto de Sucesiones, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie la mayoría de la población, pero no los más acaudalados. Permítanme utilizar los argumentos que ciertos multimillonarios estadounidenses utilizaron en un manifiesto cuando George W. Bush, bajo el influjo ideológico en materia económica de los neoconservadores, quiso eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos. En él se decía: "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito".

Bajo esta reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, y habría un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo, a las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, permitiría reducir de manera ostensible ese impuesto tan injusto que se ceba especialmente con los más débiles, el IVA. Todo lo demás, meros parches y tiempo perdido.



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