Cuarenta años de democracia han permitido a muchos ciudadanos permanecer ajenos a lo que supone vivir en libertad. A la importancia de tener un sistema de contrapesos ágil y efectivo que defienda a los españoles de la arbitrariedad del poder. Creyeron que nuestras libertades estaban ahí, sin más.

Menos de un año y medio de Gobierno socialcomunista y una pandemia han bastado para volar la estructura sobre la que se asienta nuestro Estado de Derecho. Sus cimientos se forjaron en torno a las buenas intenciones de nuestra clase dirigente, asumiendo que habría líneas rojas que jamás se atreverían a traspasar. Por eso los apuntalaron con un Tribunal Constitucional politizado e inoperante, cuya reforma no se ha considerado como algo urgente a pesar de que hay sentencias que se eternizan en el tiempo. Unos diez años llevamos esperando la del aborto, nada menos. Pero nadie le da importancia porque ha calado en el electorado la idea de que lo peor de lo que se puede acusar a un político es de corrupto, ya sea por malversación o por prevaricación. De la corrupción que supone colonizar e ideologizar las instituciones y utilizar atajos legales para burlar el sistema de contrapesos y vulnerar nuestros derechos, que es igual o más grave que la otra, no se habla.

Muchos ciudadanos has preferido ignorar deliberadamente cuestiones básicas sobre el funcionamiento de un ordenamiento jurídico democrático, si bien es justo decir que el Estado tampoco ha puesto empeño en revertirlo. Al contrario: lo han reducido a cuitas de políticos, jueces y abogados. Y se ha aceptado sin más porque es mas fácil creer que nuestras libertades, una vez conquistadas, no requieren de mantenimiento. Mi amigo John Müller habla de que hay varias generaciones que creen que del grifo siempre salió agua caliente. Aplíquese al tema que nos ocupa.

Recurrir a estas leyes para suspender o restringir libertades no es ni un trámite burocrático ni un mero capricho jurídico: es una salvaguarda frente a las pulsiones totalitarias, un contrapeso formal

Algo que cualquier español con el graduado escolar -ahora ESO- debería saber es que no todas las normas tienen el mismo rango. Algunas pueden utilizarse para limitar derechos fundamentales del individuo y, por eso, su aprobación requiere de una mayoría cualificada y de unos requisitos formales especiales para su aprobación: son las leyes orgánicas. Recurrir a ellas para suspender o restringir libertades no es ni un trámite burocrático ni un mero capricho jurídico: es una salvaguarda frente a las pulsiones totalitarias, un contrapeso formal. La Constitución veta expresamente que pueda utilizarse el Real Decreto Ley, idóneo en situaciones de urgente y extraordinaria necesidad, para limitar los derechos y libertades de su Título I (art. 86.1).

¿Qué se hizo del 'plan b'?

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto que el proceder imprudente y la falta de previsión en la adquisición de material sanitario puede hacer necesaria la adopción de medidas drásticas. Y el ordenamiento jurídico está preparado para ello, pues cuenta con la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Pero estos estados suponen una excepcionalidad constitucional, pues alteran el normal funcionamiento de las instituciones y dotan al Ejecutivo de facultades extraordinarias. Así que no están diseñadas para prolongarse en el tiempo, sino para lidiar con las primeras embestidas, por explicarlo de una manera coloquial.

Por eso existen las leyes orgánicas sanitarias, especialmente la LO 3/1986, que permite a las autoridades del sector–entre las que se encuentran las CCAA- adoptar las medidas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Eso sí, deberán ser ratificadas judicialmente. Porque si cediésemos a nuestra clase dirigente la posibilidad de acordar las medidas que considere pertinentes para proteger la salud, sin mayor tipo de control, estaríamos listos.

Pues no se lo van a creer, pero es lo que pretenden. Voy a ver si consigo explicárselo sin que les resulte tedioso. No sé si recuerdan que, tras negar Su Persona por activa y por pasiva la existencia de un 'plan b' al estado de alarma decretado en marzo, el Gobierno decidió que gestionar el coronavirus sólo les traería desgaste y les restaría votos. Así que para la gestión de la segunda ola, dejaron en manos de las autonomías adoptar las medidas oportunas, con la previa intervención de los tribunales. Sánchez e Illa sólo aparecerían para obtener rédito electoral o comunicar buenas noticias, aunque éstas no fueran ajustadas a la realidad. Así que se convirtieron en el mejor valedor de un 'plan b' cuya existencia hasta entonces negaban.

La vicepresidenta Calvo se comprometió a acometer las reformas legislativas necesarias para solventar las dudas interpretativas de los tribunales. Algo que no sucedió

No contaban con que algunos tribunales iban a mostrar dudas sobre el alcance de las medidas que las CCAA estaban adoptando al amparo de esa legislación sanitaria, pues “cualquier medida que se considere necesaria” puede parecer excesivo en una materia en la que rige el principio del favor libertatis: en caso de duda, siempre la interpretación más favorable al derecho y, por lo tanto, contraria a su limitación. Ante esta situación, la vicepresidenta Calvo se comprometió a acometer las reformas legislativas necesarias para solventar las dudas interpretativas de los tribunales. Algo que no sucedió a pesar de que lo recomendó el Consejo de Estado en un informe que se guardó en el cajón para que no molestase.

Así que para enfrentarse a la tercera ola, volvieron a recurrir a la situación de excepcionalidad constitucional que supone el estado de alarma, pero esta vez sin mancharse las manos con la gestión -cedida a las CCAA- y sin ni tan siquiera respetar los límites temporales que marca la Constitución: una prórroga de seis meses nada menos, cuando hay muchos juristas que dudan de que puedan superar los quince días o, en su defecto, los sesenta días establecidos como duración máxima del estado de excepción.

Como cabía esperar, el Gobierno socialcomunista ha utilizado el estado de alarma de forma torticera, arbitraria, desproporcionada y acientífica, muchas veces para legislar sobre cuestiones que nada tienen que ver con la salud. Y la mayoría de CCAA, también. Los recursos que se han interpuesto por ello ante el Tribunal Constitucional duermen el sueño de los ángeles.

Llevan en campaña contra Ayuso desde el verano. Ya en septiembre empezaron a esbozar la caricatura de Puigdemona castiza, y ahora con la convocatoria de elecciones en Madrid hasta se atreven a hablar de un 'procés' madrileño

La única comunidad autónoma que puso pie en pared ante la orgía prohibitiva en la que se embarcaron todos fue Madrid, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha venido negando a declarar incompatible la protección de la salud con la libertad y la economía. Ha puesto en práctica la ponderación de derechos, ha construido un hospital especializado en tiempo récord y se ha rodeado de un equipo sanitario decidido a enfrentarse al virus con técnicas innovadoras, rechazando los confinamientos severos medievales. Y le ha funcionado y le sigue funcionando. Algo que el Gobierno y otros líderes autonómicos -algunos de su propio partido- no pueden soportar. Básicamente porque les retrata.

Así que llevan en campaña contra Ayuso desde el verano. Ya en septiembre empezaron a esbozar la caricatura de Puigdemona castiza, y ahora con la convocatoria de elecciones en Madrid hasta se atreven a hablar de un procés madrileño. Pero a Ayuso no le van a poner una mesa bilateral de diálogo para intentar seducirla, como a los independentistas catalanes sediciosos. Van a por ella con todo.

Hechos consumados

La última es anunciar que no van a prorrogar el estado de alarma una vez éste decaiga el día 9 de mayo, justo después de las elecciones madrileñas. Todo aliñado con una defensa inusitada del 'plan b' por parte de Carmen Calvo. Ahora resulta que vale para lo mismo que el estado de alarma, tras haberlo negado por activa y por pasiva. Se afirma incluso que ni el Gobierno ni ninguno de los partidos que superan los 50 escaños recurrirán las normas que adopten las CCAA en forma de decreto o real decreto ley para limitar derechos fundamentales de sus ciudadanos, aunque sea palmariamente inconstitucional (de ahí el acuerdo para no acudir al Tribunal Constitucional e imponer las restricciones por la vía de los hechos consumados). Tanto golpe en el pecho sobre el constitucionalismo para esto.

La torpeza de muchos líderes del PP no les deja ver -o sí, que nunca se sabe- que esto es una estrategia más del Gobierno para atacar a Ayuso en campaña electoral, a través de su propio partido y, especialmente, de algunos barones. Es una rebelde que hasta va en contra de las directrices de su partido. Otra vuelta de tuerca a la hipérbole ayusofóbica.

Pero la realidad es que, una vez celebradas las elecciones, nada impide que el Gobierno declare otro estado de alarma. Algo que, por cierto, no es en absoluto descartable. Y mientras ellos mueven sus piezas en el tablero electoral, nuestro Estado de Derecho desaparece lentamente por el sumidero de la política española.