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Opinión

Qué debería incluir el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos (II)

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en una imagen de archivo

Conforme ustedes están leyendo estas modestas líneas, estaremos a punto de saber si Pedro Sánchez es investido o no, en segunda votación, presidente del Gobierno de España. Depende exclusivamente de él, y si realmente el PSOE es capaz de asumir algo normal en otros lares, un gobierno de coalición, con un reparto justo de carteras acorde con el peso que los ciudadanos han dado a cada partido -PSOE y Unidas Podemos-. Pedro Sánchez y sus huestes han ido poniendo diversas piedras en el camino, guiados por lo que Andrés Villena, autor del libro “Las Redes de Poder en España. Élites e Intereses contra la democracia”, denomina la tecnocracia demoscópica. Estos brujos de nuevo cuño, instalados en Moncloa, han ido nublando la vista al presidente en funciones, poniendo en peligro la esperanza de millones de votantes. Ah, por cierto, les vaticino que, si eso pasara, el único responsable sería Pedro Sánchez, y en unas hipotéticas nuevas elecciones no superaría la barrera de los 100 diputados. Esperemos que no, pero como últimamente suceden acontecimientos extraordinarios, estamos preparados para en un blog posterior explicar, a partir de los análisis de Villena, qué hay detrás de todo ello.

Pero permítanme ser positivo, de manera que al final, sí se puede y un gobierno de coalición se formaliza. En el blog anterior detallamos dos condiciones necesarias que deberían ser aceptadas por las partes, previo a dar contenido a un programa económico conjunto. El acuerdo entre PSOE y Podemos debe recalcar, en primer lugar, el fracaso del consenso económico que rige la economía desde principios de los 80. Nos encontramos con un sistema roto de gobernanza económica, denominado "neoliberalismo" que, como explicitan James Montier y Philip Pilkington, es un proyecto llamado desastre, donde las políticas que prescriben son profundamente impopulares y disfuncionales. Es un proyecto que beneficia solo a unos pocos.

Es necesario, en primer lugar, diseñar un sistema impositivo que bajo el principio de equidad redistribuya la riqueza de los más acaudalados a los más pobres

En segundo lugar, el nuevo ejecutivo de España debe entender por qué misterios de la vida el crecimiento económico de España es robusto. Las claves no son las que detallan los medios de comunicación patrios, llenos de análisis espurios. Las razones son otras: relajación presupuestaria; el papel del Banco Central Europeo en lo que supone la aplicación de algunos de los principios de la Teoría Monetaria Moderna; y la subida salarial, que no está afectando a la productividad de las empresas. De eso ya hablamos largo y tendido en el último blog.

Relato de un programa económico a aplicar

Pero vayamos al grano, ¿cuál debería ser el contenido de un hipotético programa económico de un gobierno de coalición PSOE-UP? Todas y cada una de las medidas de política económica que se propongan, deberían ir encaminadas a alcanzar el objetivo de pleno empleo mediante un cambio de modelo productivo, alrededor de la economía verde y de una transición ecológica, y que termine con la pobreza, desigualdad y miseria que se han ido acumulando en exceso desde 2008. Este cambio de paradigma debería terminar con una de las hidras surgidas al albor del Neoliberalismo, la financiarización de la economía en su conjunto, y que en nuestro país además se mezcló con una tradición patria antiquísima, la extracción de rentas sin ningún tipo de control, aspecto que se remonta a los tiempos del Honrado Concejo de la Mesta.

Pero ¿cómo se puede hacer? Es necesario un New Deal verde a nivel europeo con fondos públicos masivos. Como mínimo 2 billones de euros. España por su cuenta no tiene capacidad alguna. Nos jugamos mucho. Aunque los distintos países de la Unión Europea carecen de soberanía monetaria, se podría utilizar para ello el balance del Banco Central. Y el instrumento básico vinculado al New Deal verde europeo podría ser el trabajo garantizado (0% desempleo). Dentro de este plan se pueden incluir diferentes proyectos como, por ejemplo, el Plan Estatal para la rehabilitación de viviendas vinculado a la eficiencia energética y la accesibilidad. Bajo este esquema no habría dificultad alguna de incrementar paulatinamente el salario mínimo.

Pero este planteamiento contrasta con la propuesta del European New Deal presentado por la flamante nueva presidenta de la Comisión Europea, Von Der Leyen, basado en mecanismos de mercado y más impuestos. Siguen sin entender nada. Son meros parches. ¡Que lean la propuesta y la memoria económica de Alexandria Ocasio-Cortez! Con las empresas se cuenta siempre a posteriori, fijándoles desde el gobierno las líneas políticas de actuación y aquello que se requiere.

Nuevo sistema impositivo: equidad y creación de riqueza son compatibles

La izquierda debería rebelarse contra las falacias impositivas de la derecha. ¿Puede haber algo más ineficiente que ayudar a grandes empresas y contribuyentes a vaciar de impuestos las arcas del Estado, para que, una vez se es ministro subir el IVA y el IRPF al factor trabajo? Esa es la marca Montoro. Debemos repensar nuestro sistema fiscal, asumiendo que los impuestos que pagan las clases más humildes o los pequeños empresarios no se pueden subir más.

Es necesario, en primer lugar, diseñar un sistema impositivo que bajo el principio de equidad redistribuya la riqueza de los más acaudalados a los más pobres sin castigar la actividad productiva, en definitiva, la creación de riqueza. Si se diseña adecuadamente daría margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo, al factor capital, y, sobre todo, permitiría reducir de manera ostensible ese impuesto tan injusto que se ceba especialmente sobre los más débiles, el IVA. Pero para ello hay que tener voluntad política e ir a por lo que en su momento denominamos buscadores de renta. La solución ya fue ideada hace más de 100 años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra, pero con unos mínimos exentos que libren de pagarlo al 95% de la población.

Hay que establecer un impuesto sobre el valor de la tierra, pero con unos mínimos exentos que liberen de pagarlo al 95% de los ciudadanos

Segundo, es necesario introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, apoyando e impulsando el proyecto de Directiva Accis. Hay que recuperar ya, y con carácter de mínimos, la capacidad recaudatoria de un tributo que se ha visto afectada por las maniobras de los grupos multinacionales encaminadas a situar artificialmente sus beneficios en países de baja tributación. Las multinacionales deben pagar sus impuestos en los países donde obtienen los beneficios, siendo necesarias además una serie de actuaciones inspectoras y modificaciones legales que impidan la planificación fiscal agresiva en las operaciones interiores de los grupos empresariales. Para evitar estas maniobras, siguiendo las propuestas del economista Gabriel Zucman, autor de “La Riqueza Oculta de las Naciones”, es necesario que los impuestos se establezcan sobre las ventas, los gastos de personal o las inversiones en inmovilizado material. De esta forma no se jugarían con los intangibles y los precios de transferencia.

Tercero, no hay que eliminar el Impuesto de Sucesiones, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie la mayoría de la población, pero no a los más acaudalados. Reconforta leer los argumentos que ciertos multimillonarios estadounidenses utilizaron en un manifiesto cuando George W. Bush, bajo el influjo ideológico en materia económica de los neoconservadores, quiso eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos. En él se decía: "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito".

Bajo esta reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, y habría un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo, a las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, permitiría reducir de manera ostensible ese impuesto tan injusto que se ceba especialmente con los más débiles, el IVA. Todo lo demás, meros parches y tiempo perdido.

El conjunto de estas propuestas supondría un salto adelante parta nuestro país, en un momento donde no podemos perder de nuevo el tren de la historia.

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