Los debates electorales presidenciales en España son un asunto pendiente de nuestra democracia. Todas las elecciones nos enfrentamos a la misma situación: es el presidente del Gobierno quien, en función de sus intereses, acepta o no las invitaciones que diversos medios de comunicación plantean. Siempre la misma operación: los medios de comunicación proponen, la oposición acepta y desde Moncloa disponen.
Todavía no he sido capaz de encontrar el estudio académico que demuestre que los debates son contraproducentes para los candidatos que lideran las encuestas. Es cierto que el hecho de asumir riesgos en una campaña es una mala estrategia para quien va en cabeza, pero, ¿por qué los debates son percibidos como un riesgo en nuestra democracia? Veamos qué sucede en los dos países con más tradición en cuanto a los debates: EEUU y Francia.
En EEUU existe una Comisión de Debates Presidenciales, es una organización independiente no partidista que se encarga de organizar una media de 4 debates para las presidenciales, tres de los candidatos a presidente y uno de los candidatos a vicepresidente. Al contrario de lo que pudiera parecer, no existe ley alguna que regule estos encuentros, pero ningún candidato cuestiona su comparecencia, ni si quiera el esperpéntico Donald Trump, quien se midió en tres ocasiones con la experimentada Hilary Clinton. El lugar elegido para la celebración de los debates suelen ser universidades, la comisión decide los moderadores, que son periodistas de reconocido prestigio. Lo que la comisión regula es que deben ser organizaciones sin ánimo de lucro los que pueden organizar debates y los partidos negocian las fechas con más de un año de antelación.
En Estados Unidos ninguna ley regula los debates, pero nadie los cuestiona: hasta Trump se midió en tres ocasiones con la experimentada Hilary Clinton
En Francia también existe una larga tradición de debate desde 1974, sólo interrumpida en los comicios del 2002, ante la negativa de Chirac de debatir con Jean-Marie Le Pen, un cordón sanitario a la extrema derecha que Macron no le impuso a Marine Le Pen en las pasadas elecciones presidenciales. En Francia, los debates electorales presidenciales son organizados por la televisión pública. En la primera vuelta, debaten todos aquellos que se presentan; se han podido ver debates hasta con 11 candidatos. En la segunda vuelta, son los dos candidatos finalistas quienes vuelven a debatir ante una gran audiencia por los canales de que deciden retransmitirlo.
En ninguno de los casos mencionados existe una ley que regule los debates electorales, que son parte fundamental de la campaña, concitan gran interés en la audiencia y sirven para ayudar a los electores a tomar su decisión de una manera más fundamentada. En Italia sí existe una regulación que marca las normas de los debates, sin embargo no obliga a los candidatos a participar en ellos, así que queda a su voluntad. Son también voluntarios en el Reino Unido, cuya tradición en cuanto a los debates es de las más recientes de Europa: los primeros en celebrarse fueron los tres sucesivos en el año 2010, entre David Cameron, Nick Clegg y Gordon Brown.
Celebremos que vamos a asistir a dos debates, y que los periodistas de la televisión pública defendieron su independencia en esta extraña campaña electoral
En cada campaña, en nuestro país surge el mismo debate sobre la necesidad de regular los debates electorales, una polémica que tarda en desaparecer lo que los espacios electorales habilitados para colgar la cartelería. Pero qué sentido tiene obligar a los candidatos a debatir y, sobre todo, cuál sería la pena del incumplimiento, cuántos debates serían los deseables, qué candidatos tienen el derecho a participar; son preguntas sin una respuesta única ni fácil. Es inconcebible que, tras 40 años de democracia, tan reivindicada por todos los partidos, todavía se cuestione el derecho de los ciudadanos a ver a aquellos que quieren presidir este país confrontar sus propuestas, proyectos y estilos. Resulta extraño que sean los medios de comunicación quienes compitan por atraer a los candidatos a sus platós para rentabilizar lo que debería ser una parte esencial del juego democrático. Y, por último, es altamente cuestionable que media campaña electoral esté centrada en el debate sobre el debate, en una pelea de unos partidos contra otros donde unos son valientes o no en función de su disponibilidad para participar.
Todos los candidatos se proclaman ganadores del debate, una vez ha tenido lugar. Cada partido señala los puntos fuertes de su candidato y los débiles de los contrincantes, por lo tanto, el post debate también es fundamental. La preparación de un debate es una de las disciplinas más importantes de la comunicación política, que difiere de los objetivos que cada candidato se marque. Pero un debate es siempre una oportunidad, y por supuesto, también un riesgo si uno no se toma en serio su preparación. Lo que nadie debería poner en duda es que los debates no son un privilegio de los candidatos, sino un derecho de los electores. Así pues, celebremos que en esta campaña vamos a tener derecho a dos debates; celebremos que los periodistas de la televisión pública defendieron su independencia en esta rara campaña electoral.
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