Fue en diciembre de 2019 cuando una transexual, llamada Elsa, acudió al Parlamento de Extremadura para contar su historia. Tenía entonces ocho años y afirmó que, al cumplir cuatro, se dio cuenta de que no era un niño, sino una niña. Su discurso incluyó una moraleja: “Las leyes tienen que reconocer que las personas somos diversas. Sigan en ello, pese a las amenazas”.
Una buena parte de sus señorías aplaudieron a rabiar a la ‘conferenciante’ porque es sabido que la doctrina que marca el partido suele tener más peso a la hora de pronunciarse que el sentido común, que es la brújula de la razón y el sensor que debería activarse cuando un infante con dientes de leche asegura que su alma ha encarnado en el cuerpo equivocado, como si el carro alado platónico hubiera sufrido un siniestro total y su mercancía se hubiera derramado.
No deja de sorprender que, hasta hace unas fechas, hubiera tanta complicidad en el partido de Pedro Sánchez –digo bien- con el proyecto de ley que se publicó el pasado 12 de septiembre, que incluye párrafos como el siguiente: “Se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. En el caso de personas menores entre 12 y 16 años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas”.
Resulta todavía más llamativo que los representantes de las asociaciones médicas tan sólo hayan alzado de forma firme la voz cuando se conoció la intención del PSOE de retrasar la tramitación de esta norma por el rechazo que genera en el ala feminista del partido, encabezada por Carmen Calvo.
La democracia, secuestrada
Sería redundante, a estas alturas, reflexionar sobre el contenido de un texto legal que permite cambiar el sexo del DNI a adolescentes que a esa edad no pueden votar ni acudir a una excursión escolar sin el permiso de sus padres. Por no hablar de la facultad que concede a estos chicos para resolver sus posibles desórdenes de personalidad en la consulta del endocrino, sin que medie un psicólogo en el asunto.
¿Por qué perder el tiempo en argumentar sobre algo tan evidente y tan alejado del terreno de la razón? ¿Para qué abundar en algo tan ilógico? En este caso, es mucho mejor abordar apuntar a la política y a todos aquellos componentes de la sociedad civil que tiene cautivos o a su favor.
Porque no parece casual que las asociaciones de especialistas clínicos hayan alzado la voz –en un gran reportaje publicado por El Mundo- en el mismo momento en el que los socialistas han expresado su voluntad de modificar la norma y retrasar su tramitación. Dicho de otro modo: la ciencia se ha pronunciado con claridad sobre los peligros de este texto legal cuando el PSOE ha mostrado sus dudas sobre la conveniencia de aprobarlo.
¿Casualidad? Podría ser que los representantes de los colegios de médicos hayan hablado “en público por primera vez” –como dice el citado artículo periodístico- sobre los perjuicios de esta norma sin estar condicionados por el viraje de los socialistas. Pero cuesta pensar que su opinión sobre este asunto no haya estado condicionada por los intereses del Gobierno. Entonces y ahora.
Salió Pedro Sánchez a la palestra un domingo, propuso la creación de centros públicos de confinamiento (Arcas de Noé) y nadie dijo 'esta boca es mía'
Del análisis de estos hechos se extrae la misma conclusión de siempre, y es que la política española es tan invasiva que no hay ningún proceso electoral que no esté salpicado por los intereses partidistas. Esto sucede desde en la selección de los Comités de Empresa de las grandes empresas hasta en una parte de los colegios profesionales.
En el ámbito académico –y en el de la investigación-, la influencia es todavía más evidente. Basta con recordar los silencios cómplices sobre algunas de las medidas más disparatadas que se tomaron durante la pandemia para cerciorarse de eso. Salió Pedro Sánchez a la palestra un domingo, propuso la creación de centros públicos de confinamiento (Arcas de Noé) y nadie dijo 'esta boca es mía'.
¿Compensa ser valiente y denunciar la irracionalidad de un gobernante que tiene en su mano –directa o indirectamente- la financiación de los proyectos de investigación? Son muchos los que se habrán hecho esta pregunta. En sus silencios cómplices o en sus afirmaciones, cuando toca hacerlas, está la clave sobre lo que ocurre en este ámbito de forma mayoritaria.
Así que nos encontramos en un momento histórico en el que un ‘valiente’, como es José Errasti, publicó un libro en el que denunciaba el incremento de casos de transexualidad, y comparaba este fenómeno con lo que sucedió con la anorexia, hace dos décadas, y se quedó solo. En sus declaraciones públicas, la emprendió contra los aspectos más absurdos de la 'teoría queer' y señaló los peligros de los tratamientos hormonales.
Sobra decir que no encontró muchos apoyos hasta que le convino al Gobierno. Al del PSOE. Al del partido que, primero, patrimonializó el régimen democrático, y, posteriormente, se arrogó como la única fuerza política con la legitimidad para impulsar medidas sociales. Las suyas siempre son positivas. Las de otros, retrógradas. Propias de los herederos del franquismo, a los que nunca ha reconocido como fuerzas plenamente democráticas.
A sabiendas de todo esto, ninguna acción u omisión que esté alineada con los intereses de este partido debería resultar extraña. La España contemporánea funciona así; y en el caso de la ‘Ley trans’ se ha vuelto a evidenciar.
