Después de un año, las dificultades previstas en la gestión de los fondos europeos se han confirmado. Es cierto que dos tercios de los 24 mil millones de euros presentes en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 aparecían al cierre del ejercicio como obligaciones reconocidas, uno de los estatus más avanzados en la ejecución de las partidas. Pero esto no implica que necesariamente haya llegado al tejido productivo, de tal modo que el dinero de estos fondos aún no son conocidos por buena parte de quienes, en teoría, se beneficiarían de ellos.
Y es que buena parte del dinero ya movilizado solo ha cambiado de titular de la cuenta donde están depositados, pero dichos titulares siguen siendo, en muchos casos, administraciones. De esos dos tercios, no poco ha sido transferido a organismos autónomos de la administración general, comunidades autónomas o entidades locales. Sin embargo, aún esperamos a que estas hagan lo propio para trasladar dichas cantidades a quienes son su objetivo natural.
A pesar de que estos fondos se empiezan a mover cada vez con más rapidez, la sensación latente es que somos lentos, muy lentos, en ejecutar los mismos. A veces pensamos que todo es por culpa de la burocracia. Pero aunque no deja de ser cierto, la pregunta que nos hacemos sobre la naturaleza de esta lentitud exige respuestas algo más elaboradas que una simple palabra.
En concreto, algunas de las respuestas que explican la lenta gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, son comunes a otros fondos. Sin embargo, otras son particulares de los mismos. De todas las posibles, voy a mencionar solo tres, las que en estos momentos creo se deben destacar. Las demás, ya irán apareciendo con el tiempo.
Al exigirse una enorme cantidad de información para proceder a la concesión, estos instrumentos provocan importantes ineficiencias
Por un lado volvemos a abusar de los instrumentos tradicionales para trasladar la ejecución presupuestaria al tejido productivo. Es el caso de la prevalencia de las licitaciones y, particularmente, las subvenciones sobre otras herramientas como son, por ejemplo, los créditos fiscales a empresas.
El problema con los instrumentos mencionados y usados por las administraciones españolas es que exige un grado mucho mayor de burocracia, de control y de tiempo. Además, al exigirse una enorme cantidad de información para proceder a la concesión, estos instrumentos provocan importantes ineficiencias, pues parte de los requisitos para que dichas ayudas sean concedidas podría hacerse de un modo más sencillo y simple por la propia Agencia Tributaria, depositaria de buena parte de la información necesaria para la concesión. ¿No sería más fácil gestionar parte de estas ayudas a través de la AEAT, ya que esta tiene la capacidad necesaria, además de poder, casi, automatizar los procedimientos?
Además, dichos procedimientos de concesiones de subvenciones son muy costosos en tiempo. Como ya se ha comentado, esto termina por alargar, retrasar y, sobre todo, exigir un coste en recursos humanos, tanto monetario como en estrés para miles de empleados públicos, pero también para las empresas, que deben reunir los datos que ya constan en buena parte en la administración.
Cuando consultas a responsables de la administración muchos señalan, por ejemplo, a razones políticas, como es el control de las ayudas y los claros réditos que ofrece gestionar recursos y aparecer como aquellos que los conceden
Entonces, si parte de las ayudas podrían ser otorgadas por créditos fiscales, ¿por qué no se hace? Aquí la respuesta es compleja, pero no existe un claro impedimento legal para no usar dichos créditos en la fiscalidad de las empresas y conceder ayudas contra proyectos elegibles por la Comisión Europea. Cuando consultas a responsables de la administración muchos señalan, por ejemplo, a razones políticas, como es el control de las ayudas y los claros réditos que ofrece gestionar recursos y aparecer como aquellos que los conceden. El titular que une a la administración con la ayuda que concede es poderoso. Otra explicación es que siempre se ha hecho así. Otras, simplemente, por razones culturales, al creer que así se controla más y mejor lo que se entrega.
En segundo lugar, el proceso de elaboración del plan no ha sido el mejor posible. Que este sea un plan nacional no significa que tuviera que ser monopolizado exclusivamente por el gobierno central en su desarrollo y diseño de su gobernanza. Es cierto que ha habido consultas, manifestaciones de interés, conferencias sectoriales y algún aterrizaje en los supuestamente destinatarios de las ayudas. El Kit Digital presentado esta semana tiene esta naturaleza más “cercana” al tejido y, por cierto, un diseño más ágil e innovador para poder llegar a las Pymes. Pero no deja de ser relevante que buena parte de las administraciones que tienen que gestionar estos fondos no hayan sido partícipes en su diseño y se vean abocadas, ahora, a una enorme tarea de gestión que no han podido prever hasta última hora. Esto genera malestar y desconfianza, y no solo política.
Para que nos hagamos una idea, existen departamentos públicos que van a pasar de tramitar, con dificultades, cien millones de euros al año en ayudas con fondos europeos a hacerlo con quinientos. Todo ello sin ajuste de personal ni de medios. Si creen que esto se puede hacer sin ningún problema es que sobrevalora la capacidad administrativa de estos centros. Simplemente, no es posible.
Tanto las empresas como las Administraciones deben adelantar con cantidades no cubiertas por los fondos las cantidades concedidas o entregadas. Todo ello encarece la inversión
En tercer lugar, existen elementos que aún no están aclarados en cuanto a la gestión de los fondos que dificultan o encarecen su gestión, lo que está generando un cuello de botella, en especial en las CCAA. Es el caso del IVA y quién lo paga. En principio el IVA no es elegible. Esto significa que por cada euro de inversión que se lleve a cabo con fondos europeos, un porcentaje tiene que ser liquidado como IVA y abonado por quien le corresponda, generando por lo tanto un coste implícito o bien en la administración o bien en los beneficiarios. Así, tanto las empresas como las Administraciones deben adelantar con cantidades no cubiertas por los fondos las cantidades concedidas o entregadas. Todo ello encarece la inversión, pero además obliga a desviar parte de los presupuestos públicos a financiar el impuesto, lo que tiene una repercusión en los fondos propios no financiados por los europeos que reducen la capacidad de acción de las administraciones como es el caso de las Comunidades Autónomas.
En definitiva, les he mencionado algunas razones que llevan a que gestionar fondos sea una pesadilla burocrática, de esfuerzo y tiempo para las administraciones. La formación, la capacidad en medios y la voluntad de hacer las cosas no impiden que estos cuellos de botella aparezcan. Quizás hay que ser innovadores, dejar de hacer lo que se hacía y buscar los modos más eficientes de movilizar con seguridad los euros. Quizás hay que valorar ser diferentes.
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