Acabemos ya con la fiesta de Galapagar

"Si gestionamos con habilidad esta crisis, no nos sacan del Gobierno hasta 2030". Esta frase la ha pronunciado estos días un alto cargo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y resume a la perfección cómo se está viviendo el coronavirus en el palacio de la Moncloa y aledaños. Más que como un problema, como una oportunidad para consolidarse en el poder.

La idea es del gurú de cabecera del presidente del Gobierno, Iván Redondo, que justo recibió la semana pasada el encargo de dirigir el denominado grupo de desconfinamiento progresivo a pesar de no constar en su currículo que sea experto en epidemias o en economía. Él de lo que sabe es de marketing político y de cómo ganar elecciones, y por eso mismo está pilotando esta crisis en primera línea... para garantizar que Sánchez salga mucho más reforzado de lo que entró.

Esa filosofía es compartida al 200% por Pablo Iglesias, con quien Redondo se lleva de maravilla desde que en 2016 le entrevistó en su programa de televisión. De hecho, su entorno asegura que el líder de Podemos está estos días eufórico ante la certeza de que esta crisis brinda una ocasión sin igual para acelerar la hoja de ruta prevista en su cabeza.

Para entender los motivos de esa 'alegría' conviene tener muy presente el escenario previo a la formación del Gobierno. Tanto Sánchez como Iglesias se fundieron en un abrazo en un pacto de supervivientes con el que lo único que pretendían era salvar su propio pellejo. Y, cuando diseñaron su programa conjunto, ambos fueron muy conscientes de que poco iban a poder hacer, porque el ajuste presupuestario pactado con Bruselas exigía seguir haciendo esfuerzos en la consolidación fiscal, sobre todo teniendo en cuenta que en 2019 ya se le había ido la mano a Sánchez con el gasto y por primera vez desde 2012 se había incrementado el déficit público en España. Si a ello unimos las dificultades para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el margen de maniobra de PSOE y Podemos quedaba muy limitado.

Gran oportunidad

Pero, de pronto, todo ha cambiado. La emergencia sanitaria desatada por la Covid-19 ha abierto la caja de Pandora. El Gobierno ha activado el estado de alarma y, gracias a él, ha logrado acaparar el mayor poder jamás visto en democracia. Con los tribunales medio parados y la prensa adormecida, la oposición no ha tenido más remedio que tragar con las sucesivas prórrogas del confinamiento.

El Ejecutivo está haciendo justo lo que tenía limitado antes del 14 de marzo: gobernar a golpe de decreto y empezar a repartir dinero sin ningún control. Con el virus como coartada y ante el convencimiento de que la era de la austeridad ha terminado, se ha puesto en marcha todo aquello que PSOE y Podemos jamás imaginaron poder realizar. Ya se habla incluso de empezar a poner límites al capitalismo y de iniciar un proceso de nacionalización de la economía, según ha expresado el propio Josep Borrell, encargado de la política exterior de la UE.

Ejemplos de lo anterior hay varios durante las últimas semanas. El más descorazonador es el gasto de millones de euros de forma totalmente opaca para comprar material sanitario, con contratos adjudicados a dedo con la excusa de la urgencia. Ni siquiera ante las preguntas insistentes de los periodistas el Gobierno ha accedido a dar el nombre, por ejemplo, del distribuidor español al que le compró los famosos tests defectuosos. Sin embargo, como ha explicado en Vozpópuli el abogado Eduardo Gamero, la ley que regula la contratación de emergencia por parte del Estado no contempla ningún tipo de excepción que ampare la falta de transparencia. Semejante comportamiento es completamente ilegal, pero aquí casi nadie dice nada.

Y luego está ese gusto que le ha cogido el Gobierno a los decretos durante el estado de alarma, no sólo para tomar medidas que afectan a la crisis sanitaria, sino para sacar adelante decisiones colaterales aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid: desde los 15 millones de euros concedidos a las televisiones privadas hasta la decisión de facilitar la ocupación de viviendas por parte de las "personas vulnerables" durante ¡los próximos cinco años! 

España se encuentra estos días en una especie de '1984' orwelliano donde, para colmo, si enciendes el televisor, las posibilidades de que salga un ministro dándote la chapa son altísimas

Con la economía prácticamente parada y la gente recluida en sus casas, bajo amenaza de multa y con el miedo en el cuerpo ante la posibilidad de contagiarse, España se encuentra estos días en una especie de 1984 orwelliano donde, para colmo, si enciendes el televisor, las posibilidades de que salga un ministro o el propio presidente dándote la chapa son altísimas, sobre todo a la hora en que la gente suele conectar para informarse. Si a eso añadimos que hasta redes como WhatsApp se han sumado al aquelarre limitando el reenvío de mensajes, con el supuesto objetivo de evitar la propagación de bulos a nivel mundial, el panorama no puede ser más sombrío.

Evitar el desastre

Urge, por tanto, romper con esta situación cuanto antes y volver a la legalidad. Sí, a la legalidad, porque el Gobierno está haciendo un uso abusivo del estado de alarma, no sólo por todo lo mencionado anteriormente sino además porque, como ha denunciado el magistrado Manuel Aragón, nada sospechoso de ser un peligroso facha, se está vulnerando la Constitución al limitar libertades esenciales mediante un instrumento que no está previsto para ello.

Ante los excesos del Gobierno, algunos corregidos parcialmente tras las protestas iniciales, como las ruedas de prensa en Moncloa (al principio se censuraban las preguntas) o las sesiones de control en el Parlamento (no previstas hasta esta semana), cabe preguntarse si no es mejor empezar a poner fin al estado de alarma, como por cierto solicitan numerosos expertos que no suelen aparecer en los medios de comunicación, y ahí están por ejemplo el manifiesto 'Contra el confinamiento de la población' o lo que argumenta con cifras el siempre polémico Martín Varsavsky.

España necesita cuanto antes recuperar su normalidad democrática para que la actuación del Ejecutivo pueda ser fiscalizada por los tres contrapoderes que ahora mismo están trabajando a medio gas: el Parlamento, los tribunales y los medios de comunicación. Sólo así se podrán evitar los abusos y que se sigan tomando decisiones que tendrán enormes consecuencias en el futuro.

Ante este panorama, y tras la llamada de Sánchez para buscar unos nuevos 'Pactos de la Moncloa', el líder de la oposición, Pablo Casado, tiene dos opciones encima de su mesa: aceptar el envite del presidente, pero obligándole a volver a la senda ortodoxa y a soltar el lastre podemita, o enfrentarse a él con todas sus fuerzas y convertirse en su alternativa. Cualquiera de las dos opciones tiene sus riesgos, pero lo que no le vale es quedarse parado como si aquí no pasase nada... porque eso lo único que garantiza es que el dúo Sánchez-Iglesias siga en La Moncloa hasta 2030. O se para a tiempo la fiesta de Galapagar, o España tendrá que abonar antes o después la onerosa cuenta de la juerga.