El derribo constitucional

En términos políticos, 2020 ha sido el año en el que se han advertido señales inequívocas de un intento de derribo de nuestro edificio constitucional. No son las grietas o agujeros por los que todos los gobiernos tienden, en mayor o menor medida, hacerse con más poder del que los ciudadanos y el sistema constitucional les ha otorgado. No parece tampoco que dicho derribo sea consecuencia de la crisis sanitaria. Nadie sin intereses ocultos puede negar que la pandemia está siendo aprovechada para acelerar los trabajos de demolición y construir una nueva sociedad "democratizada" por gente como el terrorista Otegi. “Nueva república”, o “nueva era”, lo llaman quienes ocupan el poder.

Las señales acerca del posible derribo de nuestra arquitectura constitucional se aprecian al acercarnos a cuestiones que determinan el carácter democrático de toda sistema político.

Todos los gobiernos desde la Constitución de 1978 fueron elegidos democráticamente, y nunca se generalizó la acusación de “no aceptar el resultado” a quienes ejercían la oposición, ni siquiera cuando se ejercía.

Empecemos por el voto. El año 2020 arrancaba con una coalición entre PSOE y Podemos. Así, se constituía un Gobierno legítimo tras cumplirse todos los preceptos constitucionales en una convocatoria electoral sin un remoto síntoma de sospecha. Pero la democracia no se limita a una urna. El voto no faculta para perpetrar todo tipo de actos arbitrarios sobre el destino de unos 'súbditos' que sólo tienen derecho, de cuando en cuando, a votar y, eso sí, a pagar siempre. La democracia no es elegir cada cuatro años un gobierno de poderes plenipotenciarios, sin control alguno y con plena arbitrariedad “porque ha ganado unas elecciones”. Todos los gobiernos desde la Constitución de 1978 fueron elegidos democráticamente, y nunca se generalizó la acusación de “no aceptar el resultado” a quienes ejercían la oposición, ni siquiera cuando se ejercía.

Ataques al Poder Judicial

Una democracia requiere de un sistema fundamentado en valores democráticos, en un Estado de derecho en el que nadie esté por encima de la Ley y en la división de poderes. La democracia es un poder limitado y controlado que rinde cuentas a los ciudadanos, verdaderos sujetos de la soberanía nacional.

El control del Poder Judicial al Poder Ejecutivo es determinante a la hora de que se pueda calificar como democrático a un determinado sistema político. Desde Podemos se habla abiertamente de “togas franquistas” en un intento de amenazar a quien está ejerciendo legítimamente el control sobre presuntas irregularidades en la financiación de esta formación comunista. Otro ataque del PSOE y Podemos al Poder Judicial ha sido intentar establecer un nuevo sistema de elección del CGPJ donde el Poder Ejecutivo sustituiría al Legislativo.

El Tribunal Supremo ha remitido las múltiples denuncias contra el Gobierno interpuestas por afectados de la mala gestión de la covid a un Juzgado para que las investigue. Este control judicial se llevará a efecto a pesar del rechazo sistemático de la Fiscalía a actuar ante dichas denuncias, cuya Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, llegó al cargo tan sólo un día después de estar sentada en el Consejo de ministros. El intento de derribo en el flanco judicial es ahora mismo implacable y  frontal. Este Ejecutivo ha  intentado que sus actos queden fuera de todo control y que permanezcan ajenos a cualquier posibilidad de investigación en un momento clave, en base al han justificado todo poder excepcional. Y tras 70.000 muertos.

Medios y Transparencia

Otro puntal de la estructura básica del edificio constitucional es la prensa. A través de ella, los gobernantes dan explicaciones de su actuación ante los ciudadanos. Sin afán de un resumen exhaustivo en este campo, vemos cómo el Gobierno ha suspendido la obligación de responder a preguntas de Transparencia desde marzo. No se informa del comité de expertos, ni de los contratos públicos multimillonarios durante la pandemia, ni de la cifra real de muertos. No hay información, sólo mentiras. Se ha creado un Comité de la verdad formado por miembros del Ejecutivo, para controlar lo que publiquen los medios no controlados por el mismo.

Se ha institucionalizado que los miembros del Gobierno no respondan a ninguna de las preguntas que les formulen los periodistas. Sólo se escuchan evasivas y mentiras inaceptables que han sido toleradas por una prensa que, salvo excepciones, ha presentado tan sólo quejas y no ha dado la batalla ante tal atropello. Los medios oficialistas que ocupan la mayoría del espacio informativo, han mostrado una coordinación vergonzante con la agenda decidida por Redondo e Iglesias. Ni un Ministerio tiene esa unidad de acción. La falta de formación sobre cuestiones democráticas básicas que se aprecia en algunos agentes televisivos podría explicar el fanatismo de sus discursos. Representan muy bien al Gobierno que defienden, pero no a los ciudadanos, que empiezan a estar ya muy cansados del acoso mediático de sus mensajes sectarios.

Finalmente, la actitud del Gobierno ante la oposición es de desprecio deslegitimador. El supuesto control en este caso se ve una vez más invertido, pero con una virulencia muy lejana a lo admisible en un clima democrático. El Gobierno lleva a cabo una ofensiva encaminada a derribar al discrepante, y por tanto a la democracia. Ante el matonismo de que es objeto la oposición, ésta parece ir adaptándose a lo que esperan de ella quienes pretenden hacerla desaparecer. Estamos en un Estado de alarma de seis meses en el que el presidente ha delegado lo que no puede delegar y donde no debe rendir cuentas ante las Cortes. ¿Qué hizo la oposición cuya única labor útil es controlar al Ejecutivo?

El papel de Ciudadanos

Afirma Inés Arrimadas sobre su apoyo: “Mi intención es que hagan el menor daño posible”. No cabe dudar de sus buenos deseos, pero sí del resultado. En la constante defensa de su reiterado aval al Gobierno, afirma que lo único útil y bueno es apoyarlo y acusa de lo contrario a todo el que se oponga. Así participa, quizá sin pretenderlo, de la difusión del mensaje que necesitan Sánchez e Iglesias para neutralizar a la oposición y blanquear sus actos. En vez de colocar un ladrillo en pleno derribo del edificio constitucional, acaba poniendo una malla publicitaria que oculta el estado de demolición democrático en el que nos hallamos. Los ciudadanos están ocupados en sobrevivir, literalmente, necesitan una imagen clara de lo que está pasando. En medio de esta polvareda PP y Vox se hallan en un cruce constante de ataques y acusaciones que poco interesa a los ciudadanos. Todos pendientes de diferenciarse en vez de oponerse a quien está desmontando el sistema para construir otro nuevo, en el que sólo cabe la oposición que les proporcione apariencia de democracia.

Es necesario presionar a un Gobierno opaco que no acepta control alguno, sino que es él quien controla al resto de poderes. Un Gobierno sin contrapesos no es democrático aunque sea un Gobierno emanado de las urnas.