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Margarita Batallas

Opinión

Un conejo en la chistera judicial del Constitucional

Los magistrados del TC eran conscientes de que debían tomar cartas en el asunto y marcar “la líneas rojas” para evitar que España “volviera a ser el choteo en Europa”

Magistrados del Tribunal Constitucional
Magistrados del Tribunal Constitucional

Érase una vez un Gobierno sin estrategia que actuaba a la desesperada frente a un político errante que le echa un pulso tras otro y unos jueces que le socorren in extremis para salvar al Estado. Este cuento se repite desde que Catalunya inició la vía de la declaración unilateral de la independencia. El pleno del Tribunal Constitucional se ha visto obligado a parar esta deriva soberanista ante la incapacidad de los políticos de sentarse a negociar una solución. Los togados del Tribunal Constitucional pasaron del drama a la dicha el pasado sábado en las seis horas de debate al examinar la demanda presentada por el Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Los magistrados entendían “las razones políticas” del Ejecutivo para recabar su auxilio, pero rechazaban sus argumentaciones jurídicas. La demanda, como afirmaban el Consejo de Estado y los letrados del TC, era “prematura”, ya que se basaba en “el hecho cierto de la futura incomparecencia del candidato propuesto”, es decir, en una mera hipótesis. A pesar de ello, los titulares del alto tribunal eran conscientes de que debían tomar cartas en el asunto y marcar “la líneas rojas” para evitar que España “volviera a ser el choteo en Europa”, según fuentes jurídicas.

El Tribunal Constitucional se sacó un conejo de la chistera para impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont después de que el Gobierno forzara la ley para evitar un nuevo esperpento político

Sin embargo, la solución no era fácil. El pleno del TC se dividió en dos bloques que no daban su brazo a torcer. Siete (seis conservadores y el progresista Cándido Conde-Pumpido) se decantaron por aceptar, como hasta ahora, la demanda del Gobierno y suspender la sesión de investidura, y cuatro progresistas (Juan Antonio Xiol, Fernando Valdés, Encarnación Roca y María Luisa Balaguer) amenazaron con un voto particular si se admitía la demanda gubernamental. A la sesión faltó Andrés Ollero, de baja por enfermedad.

El drama se instaló en el salón de plenos ante la posibilidad de que saltara por los aires la unanimidad con la que han resuelto hasta ahora el reto catalán. La elección del nuevo president del Govern es “una de las decisiones más cruciales para la sociedad”, explican fuentes jurídicas. Por ello, el pleno se confabuló para buscar una solución de consenso, y para que los secenionistas no fueran los ganadores morales al haber impuesto en el tribunal la estrategia del emperador romano Julio César de “divide y vencerás”.

El remedio llegó de la mano del progresista Fernando Valdés que fue asumido por Xiol (ponente de la resolución): una “interpretación flexible e innovadora” del artículo 161 de la Constitución que regula la actuación del TC ante las demandas del Gobierno. Hasta ahora, los magistrados han interpretado que para aplicar la suspensión que reclama el Ejecutivo ante actuaciones contrarias a la ley dictadas por las Comunidades Autónomas era preciso admitir previamente los recursos. Sin embargo, Valdés logró convencer a sus colegas de que dicha admisión no está reglada en ninguna norma y, por tanto, al ser una apreciación del TC podía ser modificada.

El remedio, una “interpretación flexible e innovadora” del artículo 161 de la Constitución, llegó de la mano del progresista Fernando Valdés

De este modo, todos ganaban, ya que esa solución evitaba aceptar la demanda del Gobierno, (lo que permitió a los cuatro discrepantes sumarse a la mayoría) y, además, les facultaba para poner deberes a Carles Puigdemont y al presidente del parlamento catalán, Roger Torrent. Los jueces se juramentaron también para bajar el telón a la “vena artística” de Puigdemont por lo que acordaron que solo puede acudir al Parlament si cuenta con la autorización del juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera que ordenara su ingreso en prisión cuando pise suelo español. La sesión de investidura no podrá celebrarse si el político errante accede a la cámara catalana por las alcantarillas de Barcelona, por helicóptero o disfrazado de lagarterana.

No obstante, el TC asumió que el líder independentista no ha perdido sus derechos para ser candidato a la presidencia de la Generalitat porque aún no ha sido procesado ni condenado. Sin embargo, es muy difícil o casi imposible que pueda ejercer su cargo desde la cárcel, pero esta cuestión tendrá que dilucidarla Llarena.

Además, con esta salida, los magistrados han lanzado una advertencia al Gobierno sobre la necesidad de argumentar jurídicamente sus demandas, ya que es la primera vez que adoptan medidas cautelares sin la aceptación del recurso o, lo que es lo mismo, sin que el TC haya iniciado “formalmente” un procedimiento. No obstante, lo más probable es que los togados dejen sin respuesta al Gobierno, ya que evitaran dictar un fallo por “falta de objeto” si Puigdemont es investido o es elegido otro candidato, en un plazo de 10 días, para evitar nuevas elecciones.

Así las cosas, el TC con esta decisión ha logrado sacar un conejo de la chistera, pero también ha hecho cierto el dicho del político estadounidense Alexander Hamilton quien afirmó: “La Justicia es el final del Gobierno”.

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