La Audiencia Provincial de Sevilla no considera necesario que cuatro de los principales condenados en el escándalo de los ERE vayan a prisión a la espera de que se sustancie el recurso ante el Tribunal Supremo. No ha lugar, dicen los jueces del tribunal sevillano. Los exconsejeros andaluces Antonio Fernándexz y José Antonio Viera, que diseñaron y manejaron esa gran máquina de saquear los fondos públicos para alimentar las arcas privadas, y los exdirectores generales Francisco Javier Guerrereo (el de la coca y los puticlubs) y Juan Márquez, podrán seguir tranquilamente en sus casas. El único gesto de firmeza del tribunal es que se les obliga a cumplir con los engorrosos trámites de presentarse una vez al mes en el juzgado y que no podrán disfrutar del uso del pasaporte durante una temporada. No hay riesgo de fuga, dicen los magistrados.
Casos bien distintos
Evitemos la demagogia y los golpes de pecho. Nada de exclamar, como aquel dirigente de antaño, que "la Justicia es un cachondeo". Pero hay decisiones que mueven a la perplejidad. Y hasta al desconcierto crítico. Recientes están los casos de dos dirigentes del Partido Popular, también con altas responsabilidades en un Gobierno regional, que fueron directos a prisión sin que la Audiencia Nacional tuviera a bien estimar eximente alguno. Francisco Granados e Ignacio González, de todo menos ejemplares, cumplieron 32 y seis meses, respectivamente, de prisión provisional en espera de juicio. Eduardo Zaplana, expresidente valenciano y exministro de Aznar, hubo de cumplir una larga estancia en un centro penitenciario antes de que se le permitiera cumplir arresto domiciliario pese a sus severos problemas de salud. Casuísticas diferentes, se dirá. En efecto. Pero decisiones judiciales que alientan el desconcierto. Y hasta el rechazo.
La decisión de la Audiencia sevillana es jurídicamente razonable pero políticamente discutible. El caso de los ERE es el mayor episodio de corrupción consumado en nuestro país desde el retorno a la democracia. Una Administración afanada en recolectar dinero público (que de alguien será) para sostener un modelo clientelista, para ganar elecciones y para eternizarse cuarenta años en el poder. Extraña sobremanera que ninguno de los diez dirigentes andaluces condenados a prisión haya visitado aún la cárcel. Casi como los Pujol. Lo que en otros casos, en especial con acusados del PP, era una decisión tan urgente como insoslayable, en otros es justo lo contrario. Distintas varas de medir, podría argüirse.
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