Ha cundido la alarma entre los casi dos millones de andaluces que votaron a favor de un cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía y también entre los muchos millones de españoles que han visto el resultado de las autonómicas andaluzas como el anuncio esperanzador de una nueva etapa política en España, a causa de las dificultades surgidas de cara al voto de investidura del nuevo jefe del Ejecutivo regional por la exigencia de Vox de que se suprima el punto 84 del acuerdo entre PP y Ciudadanos. El tratamiento dado por la izquierda al fenómeno de la denominada violencia de género ha suscitado polémica desde su arranque durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Fracasado el marxismo como doctrina económica, política y social, y también como sistema de interpretación de la Historia, es bien sabido que el socialismo ha sustituido esta doctrina periclitada por sucedáneos que le permitan utilizar el mismo esquema con fines de movilización electoral. En este contexto, el feminismo radical y su cobertura conceptual, la ideología de género, representan una herramienta de eficacia considerable para fabricar artificialmente una clase oprimida, las mujeres, frente a otra opresora, los hombres, cuya mera existencia es una amenaza de carácter estructural que debe ser neutralizada mediante todo tipo de medidas legislativas, educativas, culturales y sociales, dedicando a ello ingentes recursos presupuestarios y humanos. Este constructo formidable ha dado lugar a la aparición de una densa red clientelar de asociaciones y ONGs que se nutren de subvenciones, sector de actividad que en Andalucía en particular ha alcanzado un volumen realmente llamativo. Las leyes de violencia de género, tanto a nivel nacional como autonómico en el caso andaluz, son un detallado compendio de afirmaciones teóricas, por un lado, como de políticas concretas a desarrollar por otro que obedecen a este sesgado planteamiento de las relaciones entre los dos sexos y que han suscitado serias dudas entre juristas, psicólogos, antropólogos y especialistas diversos sobre su capacidad de reflejar fielmente la multidimensional realidad del binomio hombre-mujer en las sociedades democráticas avanzadas.
Con el panorama interno que tenemos los líderes que no sepan distinguir entre lo urgente y lo trascendente y entre lo accesorio y lo esencial durarán poco
El programa electoral de Ciudadanos de 2015, sin ir más lejos, incidía en la asimetría penal aplicada a los dos sexos en esta legislación y proponía su corrección. Con posterioridad, y ante la tremenda presión emocional creada por algunos crímenes particularmente horrendos y su seguimiento exhaustivo y permanente por los medios de comunicación, tres partidos nacionales, PP, PSOE y C´s, ratificaron en el Congreso en Diciembre de 2017 el Pacto Nacional contra la Violencia de Género, votación en la que sorprendente e incongruentemente se abstuvo Podemos. Por consiguiente, la primera cosa que Vox debe entender es que ni el PP ni C´s pueden aceptar la supresión del punto 84 de su acuerdo porque están atados por su compromiso parlamentario a nivel nacional. Otra cosa es la forma en que se concrete este Pacto en la acción legislativa y de gobierno de la alianza entre ambos en Andalucía para los próximos cuatro años. Y lo que PP y C´s han de comprender a su vez es que esta cuestión es para Vox de gran relevancia porque está estrechamente ligada a los fundamentos mismos de su proyecto.
Puestas así las cosas, la solución pasa obviamente por trasladar la discusión del plano del “si” se debe respetar el Pacto al “cómo” se ha de materializar en propuestas legislativas y de gobierno concretas en Andalucía. Situado el tema en este terreno, el PP puede sentarse con Vox y acordar unos criterios orientadores de desarrollo del punto 84 que amplíen su ámbito de operación a otras figuras además de las mujeres maltratadas, que fijen condiciones específicas para otorgar subvenciones, como la ausencia de politización o de sesgo ideológico de las entidades seleccionadas, que describan el tipo de programas a incentivar y que determinen los requisitos de experiencia, competencia y transparencia de cuentas asociados a cualquier colaboración con la Administración en este campo. Este protocolo sería suscrito por el PP y Vox y aceptado tácitamente por C´s aunque no hubiera participado formalmente en su elaboración.
Vox debe entender que ni el PP ni C´s pueden aceptar la supresión del punto 84 porque están atados por su compromiso parlamentario a nivel nacional
La complejidad derivada de la fragmentación del mapa parlamentario en cinco grupos que abarcan todo el arco ideológico obliga y obligará durante bastante tiempo a sus máximos responsables a utilizar grandes dosis de inteligencia para construir mayorías viables, estables y operativas. Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal han de demostrar ahora que están a la altura de este escenario inédito. Si no lo hacen, lo pagarán en las urnas porque sus votantes esperan de ellos racionalidad, equilibrio y sentido de Estado. Con el panorama interno que tenemos en España, debido a los desmanes del separatismo catalán, y con la recesión que vuelve a aletear en el horizonte europeo y global, los líderes que no sepan distinguir entre lo urgente y lo trascendente y entre lo accesorio y lo esencial durarán poco. Pedro Sánchez es un claro ejemplo de perfecto inútil para la tarea que tiene encomendada y su trayectoria pública ya tiene fecha de caducidad. Esperemos que la formación del nuevo Gobierno andaluz demuestre que hay todavía políticos en España de la talla suficiente para afrontar los desafíos existenciales que nos abruman.
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