La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha definido las medidas adoptadas en el último Consejo Interterritorial de Salud como “acuerdo de país”. No sabemos qué quería decir exactamente al utilizar esa abultada retórica, pero sin duda no al enorme perjuicio que el cierre perimetral de las comunidades autónomas durante el puente de San José y la Semana Santa va a causar a la maltrecha economía nacional, y en especial a los sectores del turismo y la hostelería.
Un año después de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas, alterándolas en muchos casos de forma irreversible, no existe explicación convincente que pueda justificar que, en pleno proceso de vacunación, cuando los datos señalan un retroceso sostenido del virus y un descenso significativo de la incidencia acumulada, la mortalidad y las hospitalizaciones, las autoridades sanitarias no sean capaces de ofrecer alternativas que, sin poner en riesgo la salud, den un respiro a la actividad económica y a los también exhaustos ciudadanos.
Lo más triste es que la mayoría de las comunidades autónomas se han acabado apuntando, sin distinción de colores, a la política de mano dura impulsada desde el Gobierno
La sistemática apuesta por la brocha gorda, por la dureza dispositiva y la merma de derechos, lo único que pone de manifiesto, un año después, es una gran incapacidad a la hora de activar medidas flexibles de prevención y respuesta sanitaria compatibles con eficaces protocolos de protección. Y lo más triste es que la mayoría de las comunidades autónomas se han acabado apuntando, sin distinción de colores, a la política de mano dura impulsada desde el Gobierno cuando caprichosamente así lo decide, pues para las pasadas elecciones catalanas bien que defendía los argumentos opuestos.
Así que, tras las últimas decisiones adoptadas por el Consejo Interterritorial, la única certeza es que somos los sufridos ciudadanos, los empresarios y comerciantes, los hoteleros que a la vista de lo acordado han decidido cerrar sus establecimientos y anular reservas, y los trabajadores en paro o en fase de perder su empleo, los paganos de una política simplista y en muchos casos errónea, cuando no absurda e incoherente. Que un conquense no pueda pasar la Semana Santa en Málaga, por poner un ejemplo, y sí pueda hacerlo un parisino, es un disparate solo superado por otro aún mayor: el despropósito que supone que un madrileño pueda gastar su presupuesto vacacional en República Dominicana y no se le permita hacerlo en la Costa Brava.
Lo que está en cuestión, después de un año de clamoroso destierro de la inteligencia, es la capacidad de nuestras autoridades para adecuar sus decisiones a las necesidades de cada momento
Conviene recordar que el estado de alarma, vigente hasta mayo tras el haraquiri del Congreso de los Diputados, en absoluto contempla una suspensión de los derechos fundamentales, sino simplemente una limitación puntual. Y hay municipios en algunas zonas de España que llevan confinados desde hace meses con una grave conculcación de la libertad de movimientos. Por no hablar de esos arbitrarios toques de queda a los que nos hemos acostumbrado mansamente como si el virus sólo se propagase de noche.
La salud es lo primero. No es eso lo que se discute. Lo que está en cuestión, después de un año de clamoroso destierro de la inteligencia, es la capacidad de nuestras autoridades para adecuar sus decisiones a las necesidades de cada momento. No, señora ministra, no es este un acuerdo de país, sino un disparate más tras un año plagado de errores.