Mientras el Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, se ha opuesto a la prórroga del estado de alarma desde hace un mes y medio, algunos de sus presidentes autonómicos insisten en lo contrario al pedir al Gobierno del binomio Sánchez-Iglesias que la restricción a la movilidad de los ciudadanos se mantenga después del 21 de junio. Tanto Castilla y León como Murcia -ambas autonomías presididas por el PP y en coalición con Ciudadanos- no disimulan su reparo ante la llegada de ciudadanos procedentes de Madrid ya que “tienen comprobado” que los contagios en sus territorios fueron “importados” especialmente por madrileños.
Más internacional en su recelo a la libertad de movimiento es la Junta de Andalucía, que ha solicitado la cancelación de la operación “Paso del Estrecho”, que permite a tres millones de personas regresar a sus lugares de origen en el norte de África cada verano, tras atravesar, por cierto, también la Comunidad de Madrid. Si el Gobierno hiciera caso a la propuesta andaluza, España tendría que cerrar su frontera norte bloqueando el paso de cientos de miles de vehículos con matrícula europea procedente tanto de Francia como de Bélgica. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Se quedarían atrapados dentro de España en los arcenes de las carreteras? ¿Qué haría Francia en respuesta a semejante colapso? La cuarentena obligatoria impuesta por Sánchez ha sido respondida por Francia con un trato recíproco considerando a España como un tercero, un país ajeno a la Unión Europea, recomendando a los franceses no pisar la parte española de la península Ibérica. La epidemia de la covid-19 muestra que las autonomías españolas tienen tantas virtudes como defectos, inclinando la balanza hacia el lado negativo en situaciones de crisis.
El problema del PP es más reciente. La moción de censura les hizo añicos y cada fragmento tiene vida propia. No hay temor a Casado
El sistema autonómico fragmentó al PSOE desde que el Gobierno de Zapatero fomentó la diferencia del PSC en Cataluña -un partido soberano- con el resto de sus compañeros españoles. El PSOE se ha arrimado a la política de las identidades nacionalistas para sumar más votos que el PP, sea como sea, dando aire a diferencias y superioridades. El problema del PP es más reciente. La moción de censura les hizo añicos y cada fragmento tiene vida propia. No hay ningún temor a Casado. Ni con Aznar ni con Rajoy se atrevían ni siquiera a pedir la palabra en las reuniones de partido. Parte de la escisión de votantes recogida por Vox se debe a la gestión autonómica -especialmente en su intento de apaciguar al independentismo catalán- del Gobierno Rajoy.
Miedos y complejos
Las encuestas del CIS venían anunciando desde antes de la eclosión de Vox una extensa y amplia corriente de opinión partidaria de dar más competencias al Estado y de reducir el peso autonómico e incluso de la supresión de toda descentralización. Con Rajoy todavía presidente, Vox estaba ya “en el radar” de La Moncloa. La crisis del coronavirus nos ha traído el mando único, todo un descubrimiento. Menos mal que lo ha puesto en marcha el PSOE, si lo llega a hacer el PP estaríamos en una involución de dimensiones cósmicas. La recentralización del 15 de marzo de 2020 -obra de un Gobierno con socialdemócratas, sanchistas y neocomunistas- queda como prueba para futuros miedos y complejos.
La solución a nuestro estado autonómico ya no es ir hacia atrás -no se puede meter otra vez la pasta de dientes en el tubo-, sino hacia delante con la creación de instituciones federales que tengan competencias propias. O el Ministerio de Sanidad se dota de mecanismos y personas para hacer frente a una epidemia al primer síntoma, o volveremos a ver cómo en las pistas de despegue de los aeropuertos asiáticos le levantan la mercancía con un fajo de dólares a cualquier autonomía española, algo que así ha ocurrido en esta crisis.
Igualdad de los españoles
El Gobierno de España debe tener sus propias competencias, así como la dirección y la coordinación de las que considere necesarias, por ejemplo residencias de ancianos, para garantizar las igualdad de todos los españoles. Le guste o no al PNV y demás independentistas, es el siguiente paso para fortalecer el sistema. El contrario no solo es el 'debate constituyente' en el que parece ser que estamos, según el ministro de Justicia, sino el levantamiento de fronteras interiores que impidan salir a los españoles de Madrid donde les parezca oportuno. Lo incluirán en la nueva normalidad con su decreto y órdenes ministeriales. Se acercarían un poco más al desmontaje del 78. Mientras tanto, hay dirigentes autonómicos que no ven más allá de su propia linde. Cuando se quieran dar cuenta, será tarde.
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