Otra legislatura, otra ley reformando el funcionamiento de una televisión pública. En este caso es Telemadrid, con la coalición de gobierno del PP y Vox sacando adelante legislación mediante un procedimiento de urgencia fuera del periodo de sesiones. Supongo que no debe haber pasado nada de interés o importancia en la CAM durante los últimos 18 meses, ya que ha sido la primera ley aprobada tras las elecciones.

Los detalles de la reforma son previsibles y conocidos. A Isabel Díaz Ayuso no le gusta el tratamiento que recibe desde Telemadrid, así que la ley da más control a los partidos de gobierno de la comunidad sobre su gestión. Es el tradicional uso torticero, abusivo, y propagandístico de lo que en teoría debería ser un servicio público. No hay mucho que añadir.

No obstante, no creo que esta clase de leyes sean a estas alturas ni siquiera criticables. Son tan previsibles, tan obvias, y tan directas que no hay mucho que añadir. Que los políticos intenten convertir a los medios públicos en su cortijo no es un escándalo, es una inevitabilidad, algo tan cierto y constante como la ley de la gravedad.

La teoría del servicio público

Y es por ese motivo, precisamente, por el que ha llegado la hora de abolir las televisiones públicas en España por completo.

Los defensores de la televisión pública (que son, casi siempre, el partido que ha perdido las últimas elecciones) argumentan que la existencia de unos medios de comunicación sin ánimo de lucro imparciales e independientes es un servicio público, algo necesario para el funcionamiento de una democracia moderna y una ciudadanía bien informada.

Estos argumentos, sin embargo, tienen poco sentido. Para empezar, la existencia de la televisión pública en Europa es un accidente histórico, no el resultado de un sobrio proceso de toma de decisiones de algún antepasado más sabio que nosotros. La empresa privada no tuvo problema alguno en crear un ecosistema mediático vibrante antes de la segunda guerra mundial en radio y prensa. La televisión emerge como tecnología viable justo después de la guerra, en un momento en el que no hay demasiado capital privado sobrante y los gobiernos están con ganas de intervenir en la economía con entusiasmo.

Internet y las plataformas digitales permiten, casi literalmente, un número infinito de medios, así que la excusa de regular un mercado con escasa competencia no tiene ya sentido

Regular las televisiones tenía cierta justificación en los años cincuenta, cuando debido a limitaciones tecnológicas (número de frecuencias disponibles) la competencia en el sector iba a ser, en el mejor de los casos, limitada. Esto lo vemos en Estados Unidos con la fairness doctrine, la normativa que obliga a las televisiones a dar múltiples puntos de vista en sus informativos (y que fue abolida en la era Reagan), pero incluso en ese contexto, los monopolios públicos eran difíciles de justificar. Las privadas en Estados Unidos compiten, informan y entretienen, y lo hacen sin costar un céntimo a los contribuyentes ni debilitar la democracia.

Ahora mismo, sin embargo, esas barreras a la entrada no existen. Internet y las plataformas digitales permiten, casi literalmente, un número infinito de medios de comunicación, así que la excusa de regular un mercado con escasa competencia no tiene ya sentido. Queda entonces la idea de crear un medio independiente e imparcial. Que es precisamente lo que los políticos no quieren, pueden, o saben hacer.

Los politólogos a menudo hablamos sobre una de las paradojas del poder político: el tener poder implica a su vez no poder limitarse a uno mismo de forma efectiva. Del mismo modo que un Dios omnipotente no puede crear una roca tan pesada que ni él sea capaz de levantarla, porque su omnipotencia le permite hacer que la roca pese lo que le plazca inmediatamente después, un parlamento soberano no puede aprobar una ley que no pueda ser invalidada por el mismo parlamento al día siguiente.

Dicho en otras palabras: la Asamblea de Madrid, el congreso de los Diputados o el Parlamento catalán podrían aprobar la más perfecta de las leyes sobre televisiones públicas imparciales mañana mismo, pero no pueden eliminar su capacidad de deshacer esa reforma en el momento que en el telediario hablen mal de ellos. Un partido puede decidir, en un ataque de altruismo, sacar una ley adelante en este sentido, pero sabe que en el momento en que pierda las elecciones sus sucesores pueden deshacer ese trabajo de inmediato. Ninguna regulación, aparte de codificar a RTVE en la constitución (buena suerte llegando a un acuerdo para ello), no hay “independencia”, va a sobrevivir a otra ley orgánica.

En Cataluña, hogar de la televisión pública más politizada del país, la audiencia de TV3 está compuesta por votantes de los partidos nacionalistas que controlan la Generalitat

Así qué, ¿para qué intentar una ley así? Mejor politizar y listos. Lo divertido, por supuesto, es que los votantes no son estúpidos, y son perfectamente conscientes de que esto sucede. En Cataluña, hogar de la televisión pública más politizada del país, la audiencia de TV3 está compuesta por votantes de los partidos nacionalistas que controlan la Generalitat, que escuchan lo que quieren oír. El resto se largó hace tiempo a otras cadenas.

Dado que los políticos en este país nunca van a tener los incentivos para hacer lo correcto, y que las televisiones públicas acaban siendo inevitablemente chiringuitos partidistas que todo el mundo sabe que es propaganda, lo mejor que podemos hacer es privatizarlas, y hacerlo cuando antes mejor. Nos ahorraríamos un montón de dinero (especialmente en Cataluña), un puñado de espectáculos bochornosos en los parlamentos con los políticos fingiendo preocuparse por independencia periodística, y no reduciríamos un ápice la calidad de la información que recibimos como ciudadanos.

Si me apuráis, las administraciones podrían mantener algunas cadenas de radio en manos públicas, para emergencias, catástrofes y apagones, y tener algún sitio donde pongan música clásica. Fuera de este nicho, el sector audiovisual privado puede cubrir de sobras las necesidades informativas de la ciudadanía. El estado debe limitarse a mantener la competencia, garantizar cierta pluralidad en los medios y evitar monopolios, pero poco más.

Los políticos son malos productores televisivos. Mejor no darles acceso a los platós.