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Cerco al último fortín del Estado

La pretendida reforma exprés del Poder Judicial es el penúltimo capítulo del proyecto de demolición institucional sobre el que asienta su continuidad la dupla Sánchez-Iglesias

Cerco al último fortín del Estado
Cerco al último fortín del Estado Europa Press

Cuando en 1985 el Partido Socialista, a lomos de una incontestable mayoría absoluta, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial arrebatando a los jueces, en favor del Parlamento, la elección de sus representantes en el órgano encargado del buen gobierno de la Administración de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), casi nadie opuso resistencia al cambio, a pesar de que se trataba del primer acto del largo proceso de politización que ha soportado la justicia en nuestro país. De hecho, el Tribunal Constitucional, al convalidar después aquella inicial y duradera alteración del espíritu constitucional, añadió al visado una inquietante advertencia, luego constatada, sobre el riesgo de contaminación política que incorporaba la reforma.

Pero a lo que no se atrevió aquel PSOE fue a canjear la elección consensuada de los vocales del CGPJ por una mera formalidad cuasi burocrática de uso común en regímenes autoritarios. Aquel PSOE, del que hoy apenas quedan vestigios, respetó la condición de que los candidatos contaran con el respaldo de al menos tres quintas partes del Parlamento, desestimando en este caso la aplicación del rodillo y garantizando así la participación en el proceso de al menos otro partido con representación parlamentaria. Con sus luces y sus sombras, y con su no siempre sutil aceptación de la alternancia partidista, esta ha sido en cualquier caso la fórmula que ha permitido que un poder del Estado heredero del franquismo, y que no había sido sometido al mismo proceso de regeneración afrontado por el Legislativo y el Ejecutivo, haya cumplido con su función constitucional y alcanzado notables niveles de consideración pública y prestigio.

La modificación urgente de esta ley es una espoleta, pero una espoleta retardada que activará todo el poder destructivo de esta iniciativa cuando ya no haya tiempo de poner a salvo nuestro Estado de Derecho

Se ha dicho, a partir de sobradas evidencias, que las circunstancias han convertido al Poder Judicial en el último fuerte defensivo de nuestro sistema de libertades. Papel que hoy, desgraciadamente, solo comparte con la Corona. Y ese incontestable hecho es el único que explicaría por sí solo el penúltimo e intolerable ataque del Gobierno social-populista al maltrecho Estado de Derecho español. Por mucho que se intente justificar como una solución de emergencia al largo bloqueo de la renovación del CGPJ, y de otras instituciones, el perentorio proyecto de reforma que la coalición gobernante ha registrado para su tramitación urgente en el Congreso de los Diputados, alterando gravemente el garantista procedimiento habitual -que incluye los informes preceptivos del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal-, es por encima de todo un nuevo capítulo del proyecto de demolición del edificio institucional sobre el que ha descansado el período de progreso más extenso de la historia de España.

El cerco al CGPJ, hasta su rendición incondicional, pone de manifiesto la falta de escrúpulos de una casta política que no se siente concernida, en contra de lo que proclama, por el sacrificio de las generaciones de españoles que sobre los escombros morales de una desoladora dictadura supieron conciliar voluntades y dar forma al Estado moderno que ahora Sánchez e Iglesias se disponen a derruir. Al alinearse con el líder de Podemos en esa infame campaña de los morados contra los jueces - casualmente en el preciso momento en el que los tribunales acumulan alarmantes indicios de prácticas irregulares presuntamente cometidas o consentidas por Iglesias y otros dirigentes de su formación-, el presidente del Gobierno da pábulo, y comparte, la deriva autoritaria de un personaje que ha dado muestras sobradas de no creer en la separación de poderes, además de traicionar el principio de transversalidad y lealtad institucional que ha preservado de la contienda política elementos esenciales que afectan a nuestra pacífica convivencia.

Como ha dicho el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, la pretendida reforma exprés de la Ley del Poder Judicial es una espoleta, pero no de efecto inmediato como cree el ministro, sino una espoleta retardada que activará todo el poder destructivo de esta iniciativa cuando muy probablemente ya no haya tiempo de poner a salvo la credibilidad de nuestro Estado de Derecho. 

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