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Guadalupe Sánchez

Opinión

Censura encubierta

El estado de alarma ha destapado la pulsión totalitaria de nuestro gobierno de izquierda y de progreso, que se dedica a criminalizar las críticas al tiempo que socializa las responsabilidades por su imprevisión

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras la investidura del primero.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras la investidura del primero. EFE

“Los corruptos esquiando y los raperos a la cárcel. España, 2018”. Así es como Pablo Iglesias mostró su indignación en Twitter cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena al cantante Valtonyc por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas. Aunque hay que decir que Pablo se cuidaba muy mucho de hacer referencia explícita a las letras del rapero, no sea que se le colase alguna de esas frases en las que su amigo deseaba que explotasen bombas de ETA o que alguien pegase una paliza con un bate a una diputada del PP. Lo despachaba con un “Valtonyc va a la cárcel por cantar contra el rey. Es un preso político” mientras se quejaba amargamente de que el “fascista Losantos despotricase desde su emisora de radio.

Y qué decir sobre los llantos vertidos por la libertad de expresión cuando el Estado fascista español retiraba las urnas en Cataluña el 1-O y el Supremo condenaba a los organizadores del referéndum independentista. “La democracia está retrocediendo a pasos agigantados”, decían.

El postureo garantista llegó a su clímax a comienzos de este año, cuando presentaron una proposición de ley para suprimir del Código Penal los delitos de injurias y calumnias contra el Rey y las instituciones del Estado. Según la exposición de motivos de esta propuesta, en España “estamos asistiendo a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión”, principalmente por dos vías: la administrativa, a través de la llamada “ley mordaza”, y la penal.

Su alegato contra el cauce punitivo en la susodicha exposición de motivos no tiene desperdicio. No porque no tengan razón en cuanto al fondo, sino porque en cuestión de semanas se ha demostrado que no era erga omnes y que conciben la libertad de expresión como un privilegio del que sólo debe gozar la gente de izquierdas. Rezaba el texto así: “A través de la aplicación de determinados artículos del Código Penal se criminalizan conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad -la procesión del Coño Insumiso-, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los Reyes de España”.

Que sí, que ya sé que se trata de una bazofia indigna de formar parte de cualquier texto legislativo, pero la cosa tiene mucha más enjundia. Porque ahora sabemos que Podemos ha presentado dos denuncias por un delito de injurias contra el Gobierno basada en mensajes difundidos en las redes sociales. Uno de esos delitos que, hace apenas un mes, abogaban por suprimir: el art. 504 del Código Penal.

He tenido el privilegio (o la desgracia, según se mire) de poder leer las denuncias formuladas ante la Fiscalía. Resultarían hasta cómicas si no estuviese cayendo la que cae y el resto de poderes del Estado no estuviesen en situación de stand by debido al estado de alarma.

La importancia de estas acusaciones no radica en lo judicial, sino en lo político, porque ponen sobre el tapete uno de los sueños húmedos de Podemos: restaurar la censura"

Desde un punto de vista jurídico, los hechos denunciados carecen de trascendencia penal. Ni que decir tiene que los memes que muestran imágenes de ataúdes compartiendo espacio con un logo del PSOE no son constitutivos de delito. Tampoco el que un usuario de Twitter compartiese una noticia falsa que mostraba imágenes de material sanitario almacenado supuestamente sin utilizar, cuando en realidad eran palés con paquetes de folios. Ética y moralmente nos pueden parecer merecedoras de reproche, pero penalmente estos actos no determinan la comisión de un delito de simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal, que es lo que Podemos afirma en la denuncia.

La importancia de estas acusaciones no radica en lo judicial, sino en lo político, porque ponen sobre el tapete uno de los sueños húmedos de Podemos: restaurar la censura. Afirman en una de las denuncias que: “Claramente podemos comprobar que estamos ante una organización criminal, que busca dolosamente causar una injustificada alarma social, acusando directamente al Gobierno de ocultar información a la población, de ser incapaz de gestionar la crisis sanitaria (…), así como acusando a las instituciones oficiales de estar ocultando el número de fallecidos por Covid-19, procediendo a dar una imagen falsa de que hay más fallecidos que los que realmente se está informando por fuentes oficiales, buscando crear desconfianza y generando enorme desasosiego y ansiedad a nuestros compatriotas en unos momentos tan complicados para nuestro país”. Es que es para mear y no echar gota. Ahora resulta que señalar la incapacidad del Gobierno para gestionar la crisis, con meme o sin meme, convierte a uno en miembro de una organización criminal. Y que esto lo digan quienes veían democracia y no desórdenes públicos en la jornada del 1-O supera ya los límites del cinismo conocido.

Lo preocupante llega cuando desde las filas socialistas del Gobierno, concretamente el ministro de Justicia, busca el encaje legal para sancionar penalmente estas fake news. Y desde la cuenta oficial del PSOE se anima a los ciudadanos a denunciar a la asesoría jurídica del partido aquellos bulos que se compartan en las redes. Siempre y cuando los mismos se dirijan contra el Gobierno. Si las trolas proceden de algún ministerio o miembro del partido, entonces ya no. Porque eso sería crispar y hay que estar a lo importante.

El estado de alarma ha destapado la pulsión totalitaria de nuestro gobierno de izquierda y de progreso, que se dedica a criminalizar las críticas al tiempo que socializa las responsabilidades por su imprevisión y más que cuestionable gestión. “Ha sido un error, pero de toda la sociedad”, dijo este lunes el exministro socialista Miguel Sebastián. Se conoce que como nadie se traga ya lo de “esto no se podía saber” y los delirios triunfalistas de Marlaska no han tenido una buena acogida popular, están ya a la desesperada.

Y en ello andan, al tiempo que instan a los medios a imponernos una realidad edulcorada, inflada de spots motivacionales y anuncios que nos invitan a creernos héroes por quedarnos en nuestras casas delante de la televisión y salir a las ocho a aplaudir al balcón. Porque mientras nos convierten en héroes, no sólo no nos vemos como víctimas, sino que además nos arrogamos responsabilidades que no nos corresponden. Y esto les viene de rechupete a quienes intentan diluir las propias como si fuera un azucarillo. Piénsenlo.

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