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Miguel Ángel Aguilar

Opinión

El castellano, ¿lengua impropia?

Dice el artículo 3 de la Constitución que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla

La ministra de Educación, Isabel Celaá.
La ministra de Educación, Isabel Celaá. EFE

Nunca se sabe para quien trabajas. Por ejemplo, Pablo Casado al negar su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha terminado haciendo más necesarios y, por consiguiente, más valiosos los votos de Esquerra Republicana de Cataluña quien, resultando así favorecida, se atreve, por ejemplo, a exigir como contraprestación que el castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza en toda España. Ese valor acrecido de los votos de ERC, Junts pel Cat, CUP, EH Bildu o el sursum corda para aprobar cada una de las sucesivas prórrogas del primer estado de alarma, ha permitido a esos grupos arrancar concesiones varias sin relación alguna con lo que el pleno del Congreso debatía

De manera que el PP, esforzándose por restar al gobierno de Sánchez, acaban impulsándole a echarse en brazos de independentistas de toda laya y les permiten arrancar del Pedro precario concesiones capaces de horadar, por ejemplo, el status del castellano en la enseñanza. Baste un botón de muestra, el de la enmienda que PSOE, Unidas Podemos y ERC han presentado al proyecto de LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) liquidando la anterior Disposición Adicional 38 de la LOE que obligaba a las Administraciones educativas “a garantizar el derecho de los escolares a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios” y que dotaba al castellano “del carácter de lengua vehicular” de la enseñanza en toda España.

La enmienda, supondría acabar con el modelo de conjunción lingüística y perpetuaría el modelo de inmersión obligatoria en catalán

A quién puede extrañar que estos grupos del nuevo “tripartito educativo”, según denominación acuñada por la AEB (Asamblea por una Escuela Bilingüe), sean los mismos que en su día aprobaron la Ley de Educación de Cataluña. Ley en la que, con detalle, se regula el régimen lingüístico de la educación no universitaria obligatoria en Cataluña, disponiendo explícitamente (artículo 11) que el catalán, como lengua propia de Cataluña, sea normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. Enseguida, se pregunta la AEB ¿por qué querrían los enmendantes suprimir el carácter de lengua vehicular de enseñanza para el castellano? y adelanta como respuesta que tal vez les incomode que la perseverancia de muchos padres y madres haya hecho posible que los Tribunales reconocieran también al castellano el carácter de lengua vehicular de enseñanza en la escuela catalana. Por eso, quieren acabar con la posibilidad de que los escolares reciban “las enseñanzas” también en ese idioma. De ahí, su empeño en achicar el régimen de bilingüismo integral en la escuela reduciendo el espacio del castellano. 

La enmienda, supondría acabar con el modelo de conjunción lingüística y perpetuaría el modelo de inmersión obligatoria en catalán. Para la AEB al sumarse a la enmienda el PSOE y Unidas Podemos se convierten en palmeros del nacionalismo más sectario, excluyente y retrógrado, convirtiendo el lingüicidio del castellano en su guía política. El compromiso de ambos partidos con las fuerzas identitarias más excluyentes les hace cómplices de sus políticas, que ya han sido denunciadas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Extraño júbilo el que manifiestan PSOE y Podemos por conseguir que la lengua materna de tantos, incluidos ellos mismos, deje de tener carácter vehicular en el modelo educativo español. El triunfo a la vista es que por fin las nuevas generaciones dejen de poseer el idioma castellano. Equivale a lo que sería celebrar la ceguera como una conquista.  

Pero, como señala la AEB, el modelo derivado de la enmienda encontrará enfrente a los ciudadanos que reclaman una escuela incluyente que enseñe en la lengua de sus alumnos y esté dispuesta a abrirse al conocimiento de otros idiomas. La firmeza de su decisión para seguir reclamando sus derechos en todos los espacios, en los centros educativos, en las Administraciones, en los parlamentos, en los Tribunales, en la Unión Europea, en los organismos internacionales y también “en la calle, cívicamente, con mascarilla y respetando la distancia” será sometida a prueba. Dice el artículo 3 de la Constitución que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Pero luego vinieron los estatutos de autonomía que declaraban otras lenguas como propias. ¿Avanzaremos hasta que el castellano quede estigmatizado como lengua impropia de los desleales al nacionalismo rampante?  

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