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Guadalupe Sánchez

Opinión

La caída del muro de Madrid

La 'desescalada' por fases ha erigido muros en nuestra sociedad, creando categorías de españoles con distintos grados de libertades

La presidenta de la Coumunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene una reunión por videoconferencia
La presidenta de la Coumunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene una reunión por videoconferencia Efe

Han levantado un muro en torno a la Comunidad de Madrid. Aunque los materiales empleados para la construcción del madrileño difieren del berlinés, ambos comparten un componente principal: la arbitrariedad.

Los ciudadanos alemanes despertaron una mañana con el ejercicio de sus derechos y libertades limitados en función del lado del muro en el que se encontraban. Los políticos del este tiraron de propaganda para presentar al muro como una medida provisional de autoprotección. El poder actuando al margen de la legalidad para proteger a su pueblo es un clásico de nuestra historia totalitaria reciente.

Salvando las distancias, la discrecionalidad y ausencia de transparencia del Gobierno, negándose a motivar las decisiones y a publicar los criterios técnicos en los que se fundamentan para limitar los derechos de los madrileños suponen, para el día a día de muchos ciudadanos, el alzamiento de una alambrada intangible que les separa del resto de sus compatriotas.

Sánchez e Illa aseguran en sus mítines ante la prensa que no son decisiones políticas, sino científicas, adoptadas por un comité secreto con la finalidad de proteger nuestra salud. Pero si algo hay transparente en este Gobierno son, precisamente, las actas e informes del comité y la identidad de sus miembros. De tan transparentes que son, nadie los ha visto. Sánchez evita responder a las preguntas de Ayuso en la conferencia de presidentes autonómicos e Illa declara en su comparecencia del domingo que se publicarán en el momento en el que todos los territorios se encuentren en la misma fase. Lo que viene a ser algo así como decir que cuando al Gobierno le dé la real gana.

Demandar mayor transparencia equivale, para algunos, a un acto de rebelión, generador de un repunte de contagios y de muertes

La ausencia de cultura jurídica en nuestro país lleva a muchos a asumir con naturalidad que la palabra del Ejecutivo es la única cualificada. Hasta la ciencia precisa de homologación gubernamental. Las apelaciones a la seguridad convierten el apoyo a una medida del Gobierno en un auténtico dogma de fe. Demandar mayor transparencia equivale, para algunos, a un acto de rebelión, generador de un repunte de contagios y de muertes.

Pero los ciudadanos somos consumidores de política. Y al igual que los bancos deben suministrar a sus clientes toda la información necesaria sobre la letra pequeña para asegurarse de que el consentimiento que prestan es informado, nuestros gobernantes deben de hacer públicos los criterios en los que se amparan para recortar nuestras libertades. Los actos administrativos que se dictan para combatir la crisis sanitaria han dado paso a una nueva crisis, esta vez de inseguridad jurídica. La 'desescalada' por fases ha erigido muros en nuestra sociedad, creando categorías de españoles con distintos grados de libertades en base a criterios que, en tanto que desconocidos, son simple y llanamente arbitrarios.

El principio de legalidad

Y esto es algo verdaderamente peligroso. El germen de la unidad en cualquier democracia liberal es el principio de legalidad, que somete la actuación de todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, al imperio de la ley. Las facultades especiales que confiere el estado de alarma al Ejecutivo para luchar contra la pandemia no habilitan a este para ignorar las exigencias que la ley impone al Gobierno. Y mucho menos aquéllas referidas a la necesaria motivación de esos actos.

Como recordó el Tribunal Constitucional en una sentencia de agosto de 2016, en aquellos casos en los que, en virtud de una decisión administrativa, se coarte el ejercicio de derechos constitucionales, la gravedad del acto administrativo deberá tener una especial causación que tendrá que explicarse para que los destinatarios conozcan las razones “por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó” siendo la motivación en tales casos “un riguroso requisito”. De esta resolución deberían tomar nota quienes, desde el ejecutivo, han hecho del estado de alarma su sayo. El muro arbitrario que se ha construido en torno a los derechos y libertades de los madrileños a base de silencio, ocultación y mentiras, debe caer.

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