Tras más de dos años de negociaciones, la comisión del Pacto de Toledo ha cerrado la legislatura sin acuerdo sobre las reformas necesarias para garantizar el equilibrio, sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones. Con un déficit que en 2018 alcanzó 18.937 millones de euros (unos 150 euros mensuales por pensión), la falta de acuerdo sobre un pilar fundamental del Estado de bienestar es una mala noticia. Bien es cierto que también lo habría sido alcanzar un pacto sin acometer las soluciones con las que afrontar los retos demográficos y económicos a medio y largo plazo, que no harán sino aumentar el elevado déficit actual a medida que se jubile la generación del baby boom.
El diagnóstico de los problemas actuales del sistema es bien conocido. Desde que se iniciara la crisis en 2008 el gasto en pensiones ha crecido a una tasa anual media del 4%, mientras los ingresos se estancaban o incluso disminuían como consecuencia de la destrucción del 17% del empleo. La recuperación económica iniciada en 2013 ha permitido cerrar 2018 con unos ingresos superiores en un 9% a los de 2008, gracias al aumento de las bases de cotización y de los salarios, mientras el número de afiliados en diciembre de 2018 (19.024.465) era todavía un 2,4% inferior al máximo alcanzado en julio de 2007. En este contexto, el gasto en pensiones se ha acelerado además en los últimos meses. Al crecimiento del 1,1% en el número de pensiones y del 1,6% en la pensión media por el efecto sustitución, como consecuencia de que las pensiones que causan baja por fallecimiento son de menor cuantía que las altas, se ha sumado la revalorización de las pensiones por encima de la inflación para la pensión media. En febrero de este año, el gasto ha crecido un 7,2% en relación al mismo mes del año anterior, el mayor crecimiento en tasa interanual de los últimos diez años.
El aumento de la presión fiscal es una alternativa ineficiente y poco realista, dado el elevado nivel de partida de las cotizaciones sociales y la magnitud del esfuerzo fiscal necesario
Con carácter general hay que aspirar a que las pensiones se revaloricen con el IPC. Pero para asegurar su sostenibilidad es necesario adoptar medidas compensatorias que reduzcan el crecimiento del gasto al de los ingresos. Este equilibrio es una condición absolutamente imprescindible en un sistema de reparto que financia pensiones contributivas con los ingresos por cotizaciones. Como señala la Agenda del Cambio, con un crecimiento potencial del PIB real entre el 1,5% y el 2% no se alcanza para compensar el 2,7% de crecimiento del gasto debido a los aumentos de la pensión media por el efecto sustitución y del número de pensiones.
¿Cómo se puede asegurar el equilibrio en el sistema de pensiones? La condición de equilibrio entre ingresos y gastos implica que la pensión media sobre salario medio (o tasa de prestación) debe ser igual al producto de los ingresos totales sobre los salarios de la economía por la relación entre cotizantes por pensión. En diciembre de 2018 el número de pensiones era de 9.695.870, por lo que había casi dos afiliados por pensión. De ahora a 2050 el número de pensiones irá aumentando gradualmente. Con las tasas de mortalidad previstas, vamos a tener que financiar unos 15 millones de pensiones. Por lo tanto para mantener el sistema de pensiones sin cambios, es decir, con el déficit, presión fiscal y pensión media sobre salario medio actuales, necesitaríamos que el número de afiliados supere los 29 millones y crezca más de tres millones por década.
Ninguna proyección, ni la más optimista, contempla este aumento de la población en edad de trabajar, salvo que retrasemos la edad de jubilación para mantener la relación entre cotizantes y pensiones. Pero, esta solución es muy exigente, sobre todo teniendo en cuenta que la esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta más de 16 meses cada 10 años y que la edad media de jubilación lo ha venido haciendo a un ritmo de 6 meses por década. Para darnos una idea de lo que esta solución supondría, con las previsiones demográficas disponibles la OCDE ha calculado que para mantener el ratio de cotizantes sobre pensionistas la edad de jubilación debería aumentar en más de 11 años hasta 2050. Por lo tanto, todo lo que hagamos para aumentar el empleo, la población activa y la edad de jubilación es parte de la solución pero no será suficiente sin otras medidas adicionales.
Presión fiscal, empleo y productividad
El aumento de la presión fiscal es una alternativa ineficiente y poco realista, dado el elevado nivel de partida de las cotizaciones sociales y la magnitud del esfuerzo fiscal necesario. Todas las proyecciones (Fedea, Comisión Europea o AIReF) indican que sin medidas compensatorias el déficit del sistema de pensiones aumentará en las próximas décadas en varios puntos del PIB. Según las proyecciones de la Comisión Europea (2018), mantener el sistema de pensiones sin cambios exigiría aportar ingresos anuales por valor de 6,3 puntos del PIB en las próximas décadas. Esta cantidad equivale al 115% de lo que recaudó el IVA en 2017, a un 95% del IRPF o a unos 4.000 euros anuales por afiliado, haciendo recaer sobre trabajadores y contribuyentes todos los riesgos demográficos y económicos futuros. Es difícil pensar que este enorme coste impositivo y la menor contributividad del sistema no afecten negativamente al crecimiento del empleo y de la productividad, la inversión y la innovación, reduciendo a largo plazo las pensiones. En plena revolución digital, este coste hace que la promesa de aumentar en esta magnitud la presión fiscal resulte poco creíble. Lo más probable es que una futura crisis fiscal obligue a un drástico ajuste de la pensión media, como ya han padecido otros países europeos.
La reforma ha de contribuir a que las cotizaciones sociales se perciban como un ahorro y no como un impuesto, ayudando así a crear más empleo productivo
La tercera alternativa consiste en reducir el gasto disminuyendo gradualmente la pensión media sobre salario medio al nivel de otras sociedades en la Unión Europea. Desde 1995 la tasa de prestación ha aumentado unos 20 puntos porcentuales, hasta el 64,2% del salario medio en 2016, siendo la tercera más alta de la UE y casi 20 puntos por encima de la media europea, de acuerdo con la Comisión Europea. ¿Por qué es tan elevada la tasa de prestación? Las pensiones de los nuevos jubilados son muy superiores a lo cotizado a lo largo de su carrera laboral. Incluso con la reforma de 2011 funcionando plenamente, el déficit actuarial será de 28 céntimos por euro para la nueva pensión media.
Como hemos venido defendiendo desde el Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones y otros grupos de especialistas desde hace años, la solución pasa por implantar cuanto antes de manera gradual y anticipada un sistema de reparto sobre la base de cuentas individuales (nocionales) en el que las nuevas pensiones entren en el sistema sin déficit. Al calcularse la pensión inicial en función de lo cotizado durante toda la carrera laboral y de las proyecciones demográficas y económicas a lo largo de la esperanza de vida del nuevo pensionista desde su jubilación, se aseguraría que las pensiones puedan revalorizarse con la inflación sin pérdida de poder adquisitivo. Las cotizaciones sociales se percibirían así como un ahorro y no como un impuesto, ayudando a crear más empleo productivo. La información anual de los derechos acumulados por cada trabajador también permitiría ver cuánto aumenta la pensión por cada año que se retrasa la jubilación. Y para las pensiones actuales habrá que buscar un equilibrio entre revalorizaciones algo inferiores a la inflación, salvo para las mínimas que deben aumentar al menos como el IPC, y aportar ingresos adicionales, pero con la expectativa de que estas medidas sean transitorias hasta que el sistema esté en equilibrio.
Como decía Peter Diamond, premio Nobel de Economía, mejorar el sistema de pensiones actual, que en muchos aspectos funciona muy satisfactoriamente, es preferible a buscar reformas radicales. El inmovilismo tampoco es una opción, prometiendo lo que no se podrá pagar en el futuro ante continuos cambios demográficos, económicos y sociales. Esperemos que en la próxima legislatura el Pacto de Toledo logre un amplio consenso sobre una solución gradual, equitativa, eficiente e integral, similar a la de otros países europeos como Suecia, que garantice la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones de manera equilibrada entre pensionistas, trabajadores y contribuyentes actuales y futuros.
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