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Juan Pablo Colmenarejo

Opinión

De memoria

Hay razones, hechos y pruebas suficientes para seguir pidiendo justicia y dignidad y memoria para las víctimas y sus familiares

Captura de vídeo del comunicado de ETA de 2011,  el que anunciaron el "cese definitivo de su actividad armada".
Captura de vídeo del comunicado de ETA de 2011, el que anunciaron el "cese definitivo de su actividad armada". EFE

La mirada de la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril es el espejo del alma de nuestra maltratada democracia del 78. Desde su escaño en el Congreso contempla con amargura cómo la vicepresidenta Calvo afirma, con vehemencia fingida, que lo de ETA es agua pasada, a pesar de los más de 300 crímenes sin esclarecer: “Ustedes todas las semanas recuerdan aquí a ETA, que desapareció hace diez años. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan constantemente traer todas las semanas a la política española lo que para la política española está en una clave que ha resuelto la fortaleza del Estado de derecho y de la democracia?”. Dejando al margen el análisis sintáctico en esta cita parlamentaria, las palabras empleadas por Calvo desnudan aún más el proceso de blanqueo de los herederos de ETA, sus legatarios tal y como sentenció el Tribunal Supremo.

Los pistoleros de ETA dejaron de matar hace diez años gracias a las Fuerzas de Seguridad y el poder judicial. El fruto de aquella dedicación lo recogió Rodríguez Zapatero, quien además no tuvo empacho en negociar políticamente un final aparte. La realidad es que ETA nunca fue únicamente un grupo de supremacistas nacionalistas con pistola y capucha blanca. ETA era una trama que se empieza a desmontar a finales de los noventa cuando el Gobierno de Aznar abre otras vías para desmantelar a una mafia con tentáculos -siguiendo la pista del dinero- en todos los ámbitos.

El precio pagado fue admitir que podían volver a las instituciones democráticas que habían pretendido destruir con crímenes, extorsiones y limpieza ideológica sin pedir perdón

Por eso no está resuelto. No solo por los crímenes no juzgados y pendientes de ser investigados. ETA fue legalizada como partido político una noche de la primavera de 2011, cuando el Tribunal Constitucional permitió a su legatario presentarse a las elecciones municipales echando abajo nada más y nada menos que los hechos probados de la sentencia del Supremo que ilegalizaba al brazo político de la banda. La democracia española acabó con los pistoleros, pero el precio pagado fue admitir que podían volver a las instituciones democráticas que habían pretendido destruir con crímenes, extorsiones y limpieza ideológica calle a calle, barrio a barrio y pueblo a pueblo sin pedir perdón. Si lo de ETA está “resuelto desde hace diez años” como dice la vicepresidenta, cómo es posible que entre manos tenga una ley, llamada de “memoria histórica”, que profundiza en la enmienda a lo ocurrido antes, en la Transición desde la dictadura y su inmediata consecuencia, la democracia del 78

El olvido mentiroso

¿De ETA no se puede ni hablar, a pesar de tener al frente de Bildu a un tipo condenado por secuestro y pertenencia a banda armada con el que se ha abierto una negociación en el Congreso de los Diputados para formar parte de “la dirección del Estado”? ¿De ETA no se puede hablar, a pesar de la negativa de sus herederos a la condena y repudio del terrorismo? ¿De ETA no se puede hablar, a pesar de los homenajes que a todos y cada uno de los sicarios se tributa cuando salen de prisión, para asombro de la Unión Europea? ¿De ETA no se puede hablar porque quien lo haga recuerda que unos miraban hacia atrás con miedo, otros señalaban y la mayoría se distraía con el “algo habrá hecho”? ¿De ETA no se puede hablar, a pesar de que cuando no se habían disuelto mataban a dirigentes socialistas, ahora olvidados por quienes se hacen fotos en sabrosas sociedades gastronómicas brindando por la prolongación del silencio en un olvido mentiroso?

La cuestión es cómo tienen a la vez el cuajo de abrir, como si nada, la herida de la Guerra Civil de 1936, un asunto zanjado, cosido y cerrado por los que la hicieron durante la Transición

A pesar de los pesares, hay razones, hechos y pruebas suficientes para seguir pidiendo justicia y dignidad y memoria para las víctimas y sus familiares. Y no solo eso, sino para defender el único sistema democrático que ha tenido éxito en la historia de España y al que ETA quería ver muerto. Se debe hablar de ETA, cuyo objetivo era el mismo de hoy: “Tumbar el régimen”. Antes, con tiros en la nuca y bombas en los bajos de los coches y ahora, ensalzando a quienes perpetraron los crímenes. Si lo ocurrido hace diez años hay que olvidarlo, como dicen los voceros oficiales, la cuestión es cómo tienen a la vez el cuajo de abrir, como si nada, la herida de la Guerra Civil de 1936, un asunto zanjado, cosido y cerrado por los que la hicieron durante la Transición.

En 1977 hubo una amnistía y los miembros de ETA tuvieron la oportunidad de entrar en política, tal y como hicieron los que empezaron en la década de los 60 en el antifranquismo. Algunos volvieron a casa sin haber pegado un tiro aprovechando el comienzo de la -tan odiada por ETA- democracia liberal del 78. Los enemigos de aquel consenso mayoritario optaron por el camino del crimen abrazados a una serpiente y al marxismo-leninismo. No hay que hablar de ETA porque ya no matan, pero sí se puede dar la vuelta a un éxito como fue la reconciliación, el pacto del recuerdo, como dicen esos mayores a los que la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, prefiere en el asilo político. El blanqueo del partido legatario de ETA hace necesario recordar de dónde vienen con las sentencias y los hechos en la mano. ETA no fue una oveja descarriada del antifranquismo. Los brochazos con pintura blanca para clarear a Bildu, de la mano de un vicepresidente del Gobierno de España, no disimularán nunca el color siniestro de su infamia.

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