Se acabó la barra libre para los países más manirrotos. Como España. El Banco Central Europeo (BCE) ha aclarado este jueves cuáles serán las nuevas reglas del juego para los Gobiernos que necesiten ayuda financiera. Como, posiblemente, el español.
Esta vez, Christine Lagarde ha ido al grano. Hace un mes, sus dudas sobre el nuevo mecanismo para proteger la deuda soberana dieron un susto a inversores y gobernantes. La aparente indecisión del BCE enfrío las bolsas y calentó inmediatamente las primas de riesgo de las economías periféricas. La rentabilidad el bono español a 10 años superó la cota del 3% por primera vez desde 2014, un nivel preocupante teniendo en cuenta que rondaba el 0,4% hace sólo un año.
El mal precedente ha llevado al Comité Ejecutivo del BCE, liderado por Lagarde y Luis de Guindos, a tomar este jueves dos decisiones claras y contundentes. Una: subir los tipos el doble de lo esperado (50 puntos básicos), en un intento de contener la inflación desbocada, aunque ello conlleve una ralentización del PIB. Y dos: exponer las líneas maestras de ese esperado mecanismo, con el que el BCE socorrerá a las economías más expuestas ante una hipotética crisis de deuda soberana.
El giro de la política monetaria aprobado este jueves en Fráncfort tendrá consecuencias inmediatas. La subida de los tipos de interés encarecerá la financiación y el fin de las compras de deuda soberana dejará a todos los países desnudos ante los mercados. Es a partir de ahora cuando aflorarán las vulnerabilidades de cada economía: los puntos débiles que inquietan a los inversores y que obligan a los Tesoros nacionales a pagar más por sus bonos y sus letras.
A España le sobran vulnerabilidades y le faltan reformas. Es justo en ambos capítulos donde incidirá el BCE a la hora de activar el nuevo mecanismo de ayuda. Si la prima de riesgo de un país de la Eurozona se desboca, Fráncfort arrimará el hombro. Pero no prestará el servicio gratis, como hacía hasta ahora. Exigirá ajustes para reducir esas debilidades y avances para materializar esas reformas.
El comunicado oficial del BCE deja bien claro por dónde irán los tiros. Fráncfort tendrá en cuenta cuatro grandes asignaturas: el "cumplimiento del marco fiscal de la UE", la "ausencia de desequilibrios macroeconómicos severos", la "sostenibilidad fiscal" y las "políticas macroeconómicas sólidas y sostenibles".
Buena parte de los Gobiernos de la Eurozona no se dieron por aludidos este jueves al conocer el comunicado. No es el caso del español, que dirige el destino de una economía muy vapuleada por la pandemia (casi superada ya) y por la guerra de Ucrania (en plena ebullición).
Las reformas se convertirán en un requisito absolutamente ineludible si la prima de riesgo española vuelve a convertirse en tema central de los telediarios y el BCE se ve obligado a actuar
Según los últimos datos de Eurostat, España cuenta con la cuarta deuda pública más elevada de la UE (118,4%), tras experimentar un fuerte crecimiento a lo largo de la legislatura (rondaba el 100% en 2018). Nuestro país también está en el grupo de cabeza en términos de déficit, con un 6,9%. Al cierre de 2021, sólo tenían un desequilibrio presupuestario peor Malta, Grecia, Letonia, Italia y Rumanía.
Una vez anuladas las compras de deuda, a las economías poco saneadas como la española sólo les queda una barrera de protección: la suspensión temporal de las reglas fiscales en la Eurozona. Los topes de la deuda (60%) o el déficit (3%) impuestos por el Tratado de Maastricht fueron cancelados por la pandemia. Pero serán reactivados -probablemente, con modificaciones- cuando acaben las turbulencias que está provocando la invasión rusa.
Lo que pretende el BCE es que los países menos cumplidores empiecen a hacer cuanto antes los deberes, para contar con unos niveles de deuda o déficit aceptables cuando se reactiven las reglas fiscales. "Para determinar que la trayectoria de la deuda pública sea sostenible, el Consejo de Gobierno tendrá en cuenta, cuando estén disponibles, los análisis de sostenibilidad", precisa el comunicado de Fráncfort.
Al Ejecutivo de Sánchez, por tanto, le queda mucho trabajo por hacer. Y no sólo en materia de ajustes. Cuando Lagarde habla de "desequilibrios macroeconómicos severos" se refiere a indicadores bochornosos como el paro juvenil español, cercano al 30% (el mayor de la Eurozona). Y la exigencia de "sostenibilidad fiscal" tiene que ver directamente con la situación dramática de la Seguridad Social. Tanto el BCE como la Comisión Europea son conscientes de que el agujero seguirá creciendo si no se activa una reforma más contundente de las pensiones, mientras se aplican decisiones tan descabelladas como ligar su revalorización al IPC.
Hay otras reformas pendientes, como la fiscal. El Gobierno debe ir sacándolas adelante, sin una presión excesiva hasta por parte de Bruselas, para recibir el dinero de los fondos NextGeneration. Sin embargo, se convertirán en un requisito absolutamente ineludible, en tiempo y forma, si la prima de riesgo española vuelve a convertirse en tema central de los telediarios y el BCE se ve obligado a actuar.
En ese escenario, se encargarían de comprobar los avances los hombres de negro de Fráncfort. Los mismos que vigilaron el cumplimiento de las condiciones impuestas a España tras el rescate de la banca. La hipótesis de que su próxima parada sea el Palacio de La Moncloa es altamente probable, a juzgar por los bandazos que viene protagonizando su principal inquilino.
