Convoca la Plataforma “Escuela de Todos” con el lema: “Español, lengua vehicular ¿Por qué? Para que el español, como lengua oficial de España sea lengua normal de educación en toda la Nación (también donde gobiernan nacionalistas y afines), esto es, aprender la lengua y aprender otras materias, como matemáticas o ciencias en español.
Pero, esto que es lo normal ¿no sucede? Realmente no, sino todo lo contrario: la presencia del español en la educación catalana es residual (2-3 horas a la semana) como una lengua extranjera. La vida escolar transcurre únicamente en catalán como lengua de educación (salvo las horas de aprendizaje de lenguas extranjeras), de comunicación institucional y de relaciones externas. No sólo es exclusión, sino intolerancia. Se ejerce presión para que no se hable español ni siquiera en las relaciones interpersonales de los alumnos, en pasillos, lavabos, patio, comedor, transporte. Es el ambiente hispanófobo creado por los nacionalistas; está mal visto hablar y escribir en español.
El lector se preguntará ¿cómo es posible? ¿cómo hemos podido llegar a esta degradación? La respuesta es simple: durante décadas ha prevalecido la voluntad de poder nacionalista, la dejación irresponsable de los gobiernos del PSOE y PP, y la falta de asertividad del TC.
Durante 40 años los nacionalistas han impuesto la exclusión de España y el español en la vida social que controlan, singularmente en la educación, pues los gobiernos de España, irresponsablemente, les fue cediendo las competencias —cuyo titular único es el pueblo español— sin controles ni garantías. Han sido familias, alumnos y asociaciones civiles quienes han levantado la voz y se han organizado para exigir los derechos constitucionales amputados por los gobiernos nacionalistas.
Así empezó la larga, costosa y correosa vía de las demandas, alegaciones, argucias legales, elusión de responsabilidades… y en ello seguimos.
Sucintamente, los hechos más relevantes son:
—Las demandas de familias a la Generalidad por vía administrativa no prosperaron, salvo el apartheid de la atención individualizada (en un aparte hablar al alumno es español), vía declarada discriminatoria por el Tribunal Supremo (STS de 23.04.2015).
—Las familias recurrieron a los tribunales de justicia y consiguieron el reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus hijos, pero abarcando a todos los alumnos del aula para evitar el trato discriminatorio. Es decir, las escuelas afectadas tuvieron que modificar su programación lingüística de los grupos-clase donde estaban escolarizados los demandantes para hacer efectivo el aprendizaje en castellano y catalán.
—Así hasta llegar al año 2020 para lograr el reconocimiento judicial (STSJC 8675/2020) de que la Generalidad debe “garantizar que todos los alumnos (de todo el sistema educativo) reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales”. Además, ante los incumplimientos del ejecutivo catalán, concretó que debe impartirse un mínimo del 25% de las clases en castellano (en lengua y como mínimo una materia troncal en castellano), coherente con la STSJC de 30.01.2014, avalada por el Tribunal Supremo (STS de 23.04.2015). Estos requisitos mínimos están asociados de forma directa a la condición de lengua oficial, por debajo del cual una lengua oficial deja de serlo.
—En mayo de 2022, la Generalidad se revuelve en contra de la ejecución forzosa de la sentencia citada de 2020, convertida en firme por el Tribunal Supremo. Y lo logra haciendo uso de su potestad legislativa a través del Decreto ley 6/2022 y de la Ley 8/2022. ¿Qué dicen estas normas? Dicen que el catalán es la lengua preferente y única de la educación por ser lengua propia, vehicular y de uso normal de la vida escolar, relega el castellano a lengua curricular, esto es, aprendizaje de la lengua como cualquier otra lengua extranjera. Además, proscribe, en el tratamiento de las lenguas, referencias cuantitativas en forma de horas o porcentajes en frontal oposición a las sentencias citadas. Niega al castellano su condición de lengua oficial y por ende de uso vehicular normal en la educación en igualdad de condiciones formales que el catalán.
—El TSJC recoge el guante, y aun reconociendo que los derechos lingüísticos de los alumnos derivan directamente de la Constitución, opta por que el Tribunal Constitucional resuelva, pues razona que estas normas son inconstitucionales. En este punto, es notorio señalar que el TC ya se había pronunciado reiteradamente sobre el carácter vehicular de las lenguas oficiales, esto es, lengua habitual y normal de comunicación y aprendizaje. En concreto:
a. El carácter oficial del español con la obligación de conocerlo y el derecho a usarlo (art. 3.1 CE) lo constituye en lengua vehicular de todos los españoles (STS 796/2009 y STC 31/2010, J.F. 24º), esto es, lengua propia de uso normal.
b. Las lenguas cooficiales tienen un estatus jurídico de igualdad vehicular (STS 5581/2013, F.D. 1º); es decir de uso normal en la vida escolar: comunicación institucional e interpersonal oral, escrita y digital, y en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
c. La enseñanza en ambas lenguas oficiales es garantía de derechos en igualdad de condiciones (STC 137/1986, FJ. 1º).
d. Las otras lenguas oficiales de España no tienen preferencia sobre el español (STC 31/2010, F.J. 14º).
Por tanto, estamos en un círculo vicioso regido por la voluntad de poder nacionalista y la complicidad del gobierno de la Nación.
El gobierno Sánchez es responsable, pues podría haber recurrido estas normas obstruccionistas de la Generalidad con dos efectos: la suspensión de las normas hasta el pronunciamiento del TC, con lo que continuaría la ejecución preceptiva de la sentencia firme. No lo ha hecho, privando a los alumnos de sus derechos lingüísticos, incluso a los alumnos que individualmente los tienen reconocidos.
En consecuencia, estamos en punto muerto hasta que el TC se pronuncie. Entretanto, la Generalidad gana tiempo para mantener la dominación lingüístico-cultural que ejerce y continuará con el régimen de exclusión del español de la vida escolar, lesionando derechos constitucionales reconocidos de todos los alumnos.
Esta situación que frustra expectativas razonables de familias, alumnos y ciudadanos libres es la que motiva la unión cívica, expresada en la manifestación pública, convocada por la Plataforma ESCUELA DE TODOS, que demanda una educación bilingüe en ambas lenguas oficiales sin discriminaciones.
Lo que esté en juego no es sólo el español en la educación catalana, sino la integridad de la Nación, pues al enajenar la lengua española se erosiona la malla compleja de significados, símbolos y valores que procura la lengua común como vínculo objetivo de unión entre españoles.
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