Una autorización preceptiva

“Yo ya no sé si soy de los nuestros”, es frase certera que se atribuye a Pío Cabanillas. Pero más de treinta años después podría servir para reflejar otras muchas perplejidades que nos aquejan porque, gracias a la coalición PSOE-UP, cunde la sensación de que viviéramos bajo un gobierno de ¡sálvese quien pueda!, como señalaba la viñeta de El Roto. Cualquiera que sea la naturaleza del asunto sobre el que se pronuncie el Consejo de Ministros, sucede que, apenas concluida su reunión, salta la bronca para desconcierto del público de a pie que se queda sin saber a qué atenerse. Luego, cuando se trata de un proyecto de Ley o de un Real Decreto que requiere la aprobación del Congreso de los Diputados, empiezan los sois disant aliados parlamentarios del presidente Sánchez los bien ensayados ejercicios de lanzamiento de soflamas encendidas y amenazas humillantes de votar a la contra, a menos que se les concedan las peticiones más peregrinas, ajenas por completo a la cuestión que se ventila. Momento en que, bajándose del Falcon, Pedro Sánchez dé vista a la derecha para reclamar la adhesión que debe prestarle, sin excusa ni pretexto, la oposición del PP tildada a continuación de negacionista, mientras concede indulgencia plenaria a sus socios de investidura eximidos de prestarle lealtad alguna.

El conflicto de Ucrania demuestra, como ha escrito el teniente general Pedro Pitarch, que no hay meteorología adversa para el negocio del miedo, pero también que ni siquiera en asuntos de este calado cabe esperar una posición donde esté concorde todo el Gobierno. Porque Podemos difundió un comunicado el viernes, día 21, en el que pide la desescalada del conflicto y el diálogo y rechazan el envío de tropas. Otras formaciones, como la CUP, EH Bildu, BNG, Compromís, Más País o Alianza Verde, se han sumado a la iniciativa.

A continuación, el ministro José Manuel Albares ha recordado que la política exterior la define el presidente del Gobierno. También habría podido añadir que la participación de efectivos militares españoles en las operaciones de la OTAN en el Este de Europa responde a un acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de diciembre donde se señala que “España mantiene su compromiso con la disuasión y defensa colectiva, a la vez que refuerza sus lazos con el resto de países de la Alianza, participando con unidades terrestres y aéreas en las actividades de la Presencia Avanzada reforzada en las repúblicas bálticas y en la Policía Aérea de la OTAN, asistiendo a los aliados que adolecen de una adecuada defensa aérea [en alusión a los países bálticos y los Balcanes orientales] y prosigue su participación en las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN, tanto de escoltas (SNMG) como de buques contraminas.

Nadie dijo ni pío en aquel momento procesal y ahora Iglesias, aduciendo que como ya no es político puede decir la verdad, acusa a la ministra Robles de tratar de tontos a los españoles".

Nadie dijo ni pío en aquel momento procesal y ahora Pablo Manuel Iglesias, aduciendo que como ya no es político puede decir la verdad, acusa a la ministra de Defensa, Margarita Robles de tratar de tontos a los españoles por su justificación del papel de la OTAN y arremete contra su fulgor militarista. Cuestión distinta es que deba cumplirse lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, a tenor de cuyo artículo 17 “para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados”. Además de que, en esos casos, según el artículo 19 “para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior se deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Que se realicen por petición expresa de Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias.
2. Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.
3. Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a su ordenamiento, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución.

Veremos si el presidente Sánchez comparece en el hemiciclo para recabar esa autorización preceptiva del Congreso; qué le dicen sus aliados en el Gobierno y en el Parlamento y el abrazo del oso que le calza Pablo Casado.