Desde el 4 de mayo, en la Moncloa han puesto en marcha el auto-rescate del presidente del Gobierno. Sobre la palabra rescate cayó la maldición. La Troika penetraba en las finanzas de los Estados, como un elefante enfurruñado dentro de una cristalería fina, para poner orden en las cuentas de los Estados manirrotos del sur de Europa. Pedro Sánchez se quiere salvar a sí mismo. Sin ruborizarse hará de rescatador y de rescatado. Asoma su gurú la vara de medir por la ventana de la Unión Europea y el presidente del Gobierno la mano blanda para cerciorarse de la llegada a tierra de esas primeras gotas de los fondos europeos, llamados Next Generation, el camuflaje del nuevo rescate europeo.

El maná trae disimulado el recorte del disparado gasto español y las reformas pendientes desde hace más de una década. Todo a su tiempo. La Unión Europea ha aprendido a regalar primero y sacudir después tras los rescates a Grecia, Irlanda, Portugal y a medias España. Italia, entonces y ahora, juega en otra división. Madrid, apuntado queda. Después del “ayusazo”, primera parte del auto-rescate en marcha para asegurar los votos de ERC en el Congreso.

Sánchez se jacta, saca pecho, como de estreno; al actual Gobierno no le hacen un referéndum ilegal ni le proclaman la República. Así de fácil y sin pestañear. La diferencia justa y exacta se halla en el precio. Rajoy, no hizo nada, porque no cedió.  Eso sí, de tanto quedarse quieto llegó tarde, pero aplicó la ley destituyendo a un gobierno insurrecto, como hubiera hecho cualquier democracia europea, con el apoyo del PSOE. A Sánchez no se lo van a perpetrar mientras les sirva. Los independentistas no bajarán la guardia con la gracia de los indultos. Por el camino ya se llevan al zurrón el estacazo al Tribunal Supremo y algunas reformas legales que permiten el insulto y la vejación al Rey, como símbolo de la democracia del 78, y que el Tribunal Constitucional no pueda ordenar la ejecución de sus sentencias tal y como le habilitó una reforma del Gobierno Rajoy: Sánchez abre la barra libre a la desobediencia.

Cuando el ministro Iceta y el PSC predican la solución federal saben que nunca será aceptada por el independentismo porque dotaría de competencias exclusivas al Estado, tal y como ocurre en Alemania o Estados Unidos

La democracia del 78 descalabrada, pieza a pieza. El precio seguirá subiendo hasta la factura final cuando, entre líneas, el nuevo Estatuto de Autonomía se solape por completo con la Constitución. Avisa el magistrado emérito del Constitucional, Manuel Aragón de “la imposibilidad conceptual de que el Estado Constitucional pueda dar cobijo a una confederación” (El País 17-06-2021). Cuando el ministro Iceta y el PSC predican la solución federal saben que nunca será aceptada por el independentismo porque dotaría de competencias exclusivas al Estado, tal y como ocurre en Alemania o Estados Unidos. Por lo tanto, en la marmita se cuece una soberanía nacional fragmentada que el magistrado Aragón ya ve venir: “Incluir en una Constitución la autodeterminación significaría admitir que la soberanía está dividida”.

Negociación de los convenios

Sánchez y los independentistas de ERC se rescatan entre sí. Los indultos a cambio de la estabilidad política del Gobierno, que necesita tiempo, como siempre recurre a su juego favorito, mejor 29 segundos que nada, para que los fondos europeos y la recuperación económica se note un poco a pie de calle antes de volver a votar a finales de 2023. No obstante, como avisa el consenso económico, España saldrá de esta crisis con más paro del que tenía en 2019 y, por supuesto, con la deuda lastrando la posibilidad de alcanzar la altura suficiente. Solo el paso de los meses desvelará que, a cambio del dinero de los fondos europeos, hay exigencias que obligarán al Gobierno a desdecirse de subidas salariales a funcionarios y pensionistas, a no quitarle a las empresas el corazón de la reforma laboral, es decir, la negociación descentralizada de los convenios y a una reducción del gasto público que no se haga solo a base de subidas de impuestos, sin hacer prisioneros.

Basta con recordar el informe emitido por el Tribunal Supremo sobre lo “inaceptable” del indulto a los sediciosos: “Algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno”. Sánchez se auto-indulta. La factura pendiente, camuflada, como en el rescate de España aprobado con sobresaliente y una sonrisa por la Unión Europea.