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Margarita Batallas

Opinión

Cuando los árboles del procés pretenden tapar el bosque judicial

Aunque parece que lo único que les ocupa y preocupa es lo que les separa, la crisis catalana, lo cierto es que PP y los herederos de CiU comparten un oscuro destino judicial

Ricardo Costa, con chaqueta azul, detrás de Álvaro Pérez, con un polo rosa, en la Audiencia Nacional.
Ricardo Costa, con chaqueta azul, detrás de Álvaro Pérez, con un polo rosa, en la Audiencia Nacional. Europa Press.

“La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa”, decía el escritor mexicano Marco A. Almazán. PP y CiU, y lo que después ha venido, se han especializado en el arte del disimulo. Confrontan abiertamente en la arena política, e intentan ocultar su evidente sintonía en el terreno judicial. Ambos partidos están atenazados por una misma práctica: el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas para financiar ilegalmente sus partidos. Sin embargo, una y otra prefieren que sus siglas sigan vinculadas al culebrón del reto independentista. Carles Puigdemont no ha dedicado ni un minuto de su tiempo en pedir disculpas a la ciudadanía por el expolio del Palau, que durante años fue la tapadera para que su antigua formación se embolsara 6,6 millones de euros.

Por su parte, Mariano Rajoy tampoco se ha dado por aludido por las confesiones del que fuera secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa quien, sin eufemismos, ha reconocido que su partido se financió con dinero negro.

El fraude de la financiación ilegal de CDC a través de la fundación CatDem, ronda los 200 millones de euros y acabará en la Audiencia Nacional

Sin embargo, la maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, sigue su curso y la fiscalía anticorrupción, que ya no ocupa portadas diarias como cuando la dirigía Manuel Moix, está cosechando algunos éxitos tan sonoros como el arrepentimiento de más de la mitad de los imputados en la financiación ilegal del PP en Valencia. Fuentes fiscales han explicado que los nuevos colaboradores de la justicia han dado este paso tras constatar “la solidez de las pruebas” y el negro futuro carcelario que les aguarda. Sus abogados informaron a los fiscales de este cambio de posición antes de la vista, pero la fiscalía se negó a negociar con ellos previamente la rebaja de la pena. Y es que, explican las mismas fuentes, “no se pasa de villano a héroe por una confesión”. Además, Anticorrupción quería curarse en salud y que su arrepentimiento fuera con “luz y taquígrafos”, y no pactado en un despacho.

Los arrepentidos han usado casi la misma estrategia y han pensado “en su propio interés” para obtener ventajas, es decir, “han apuntado a personas que no están sentadas en el banquillo”, como Luis Bárcenas o Francisco Camps (citados sólo como testigos), se han negado a asumir su responsabilidad en el delito más grave, la falsedad continuada, y se han comido el más liviano, la financiación irregular. Por ello, fuentes fiscales sostienen que estas declaraciones no sirven para sacarles “bajo palio”. Así que, hasta que no termine el juicio, los arrepentidos, entre ellos Vicente Cotino, el sobrino del ex director de la policía, Juan Cotino, no conocerán si han logrado convencer a los fiscales de su cambio de actitud.

Anticorrupción se negó a pactar con los arrepentidos en la financiación ilegal del PP en Valencia porque por un solo testimonio “no se pasa de villano a héroe”

Además, Anticorrupción ha dado un paso más para poner contra las cuerdas a Artur Mas y a los convergentes. El juez del Vendrell, Josep Bosch, tiene encima de su mesa un informe para que remita la causa del 3% a la Audiencia Nacional. La fiscalía sostiene que este caso, la financiación de CDC a través de la fundación CatDem, ha causado un grave perjuicio a la economía nacional. Y no es para menos, ya que la investigación ha acreditado que el fraude ronda los 200 millones de euros aunque aún no se ha calculado el importe de las comisiones abonadas que, en algunos casos, alcanzó el 10% de la obra adjudicada.

Esta investigación tendrá vida propia y no se unirá a la que se sigue contra la familia Pujol en esta sede judicial. Sobre esta última habrá pronto novedades. Cuando, en cuestión de días, empiecen a llegar nuevas comisiones rogatorias. Se da la circunstancia de que algunos de los empresarios investigados en el 3% son los mismos que hicieron rico a Jordi Pujol Ferrusola y en la causa catalana ya han empezado a colaborar.

Así las cosas, el PP y los convergentes seguirán vinculados en los juzgados por la corrupción, aunque parezca que su única preocupación sea el futuro territorial de España y Cataluña.



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