La UCO mancha la operación limpieza de Ana Patricia

Recibió el banco vestida de negro. Con el cuerpo castigado por la tragedia. Delgadez acusada. Ojos hinchados por el llanto. Gesto serio. Mirada huidiza hacia el presente. Con la voz firme pese a estar a punto de romperse en cada sílaba. Flotando entre la persona y la banquera. Y un encargo mayúsculo. Tan grande como encerrarse con seis morlacos en Las Ventas. Tomar las riendas del Santander. El banco superlativo y sus circunstancias. Más bien las circunstancias de Emilio Botín. El banquero máximo al que la Justicia le acomodó una doctrina para lograr lo que no ha conseguido ni siquiera una Infanta de España: librarse de la pena del telediario. Una imagen suya sentado en el banquillo.

Botín (Emilio) fue capaz de evitar la foto del millón de dólares. Toda una obra de arte de quien sabía qué tecla era necesaria tocar en cada ocasión. Ya fueran negocios o marrones. La capacidad de tener amigos hasta en el infierno. Y un desparpajo a prueba de multas de Hacienda. “Lo mismo he pagado de más y van a tener que devolverme”. La sentencia sonó natural, incluso con ese gracejo campechano que don Emilio gastó en el encuentro con la tropa de periodistas financieros previo a la Junta de accionistas de 2011, apenas 24 horas después de conocerse que la familia Botín había regularizado 200 millones de euros con Hacienda. Sucedió en junio de 2011. Fue el primer enlace sonoro entre los Botín, el HSBC y la famosa lista Falciani.

La relación entre los Botín y el HSBC se instaló rápidamente en el imaginario financiero el pasado viernes

La multa llegó un año después de que la Hacienda francesa informase a la española de que el banquero y sus familiares figuraban en la relación de personas con dinero en Suiza que se dio a conocer en 2010 y que no habían declarado estos fondos entre los años 2005 a 2009. Emilio Botín y cinco de sus hijos, entre ellos Ana Patricia, por entonces presidente de Santander UK, así como su hermano, Jaime Botín, y también cinco de sus hijos, aparecían entre los 659 contribuyentes españoles que ocultaron más de 6.000 millones en la filial suiza del banco HSBC, el HSBC Private Bank.

Un episodio, y una relación, la de los Botín con el HSBC, que se instaló rápidamente en el imaginario financiero el pasado viernes cuando los primeros titulares inyectaban adrenalina en las redacciones. El whatsapp se hizo viral.  ¡La UCO en Boadilla! El cuartel general del Santander. Y de Botín padre. No así, de Ana Patricia. Por allí, no apareció el séptimo de caballería, como ha sucedido en otros episodios de la historia de esta España alicatada de corrupción. Tampoco hubo imágenes de guardias civiles entrando y saliendo con cajas como en tantos otros registros, el del gigante chino ICBC, por ejemplo. La delegación de la UCO, fiscalía y Banco de España llegó de incógnito. Y de incógnito salió de Boadilla.

Fueron horas de elucubraciones. Los mentideros engordaban teorías. Más cuando,  la Audiencia Nacional lanzó un comunicado en el que anunciaba que el juez José de la Mata incoaba 40 diligencias a 40 personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban en la llamada lista Falciani. De nuevo, el informático se colaba en un día abyecto para la reputación del banco de Botín. El castigo en Bolsa se aderezó entre horas de incertidumbre hasta que, desde la entidad, se reconoció que la UCO solicitó todo tipo de información de las cuentas que el HSBC tiene en el Santander. Miles de operaciones y transferencias de ida y vuelta: de España a Suiza y su contrario.

La Guardia Civil pretendía comprobar si el Santander cumple con el protocolo de prevención y blanqueo de capitales

Pero el despliegue de la UCO, por más que fuese de incógnito, sobrepasó el protocolo habitual entre bancos y juzgados. Casi a diario, según se reconoce en el sector, los secretarios judiciales cursan peticiones a los departamentos jurídicos de las entidades para que entreguen información de clientes envueltos en algún procedimiento. Desde los casos de mayor corrupción, con blanqueo de capitales de por medio, hasta otros más mundanos, como peleas entre hermanos por herencias. La aparición de los agentes de la Guardia Civil tenía otro fin. Comprobar si el Santander cumplió con el protocolo de prevención y blanqueo de capitales ante la posibilidad de que alguno de los fondos de las cuentas que el HSBC tiene abiertas en el Santander pueda ser opaco.

Una pesquisa que debía de haberse investigado en el anonimato. Fuera del foco mediático, según reconocen fuentes de la investigación. Porque el registro a Boadilla forma parte de los primeros movimientos de la instrucción de la pieza separada que ha abierto el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 buscaba con esta diligencia indicios sobre un posible delito de blanqueo de dinero cometido desde dichos depósitos y, por extensión, una explicación de por qué el Santander no alertó sobre la existencia de movimientos sospechosos en ellas.

En la entidad se niega la mayor. Y se asegura la colaboración total con la Justicia. Del volcado y análisis de la información extraída por la UCO de esas cuentas se derivarán responsabilidades o, por el contrario, dejarán sin mácula a la entidad. Pero el golpe reputacional es indiscutible a la operación limpieza que está ejecutando Ana Patricia desde que tomó la sala de máquinas del gigante español. Detrás de su famoso lema ‘Simple, personal y justo’ se esconde un complicado ejercicio de funambulismo de cómo gestionar los marrones de la anterior etapa. Porque es complicado enmendar la plana al banquero don Emilio. Tan difícil como para un hijo dejar en evidencia la decisión que ha tomado su padre. De ahí, que las decisiones tengan que estar cargadas de circunloquios.

La lupa del BCE o de la FED americana escruta al detalle a los consejos de los bancos

Ana Patricia tuvo que cerrar el Consejo Asesor Internacional del banco para hacer desaparecer a Rodrigo Rato del banco. Una voladura necesaria para no señalar en solitario al exvicepresidente cargado con una mochila corrupta de goma dos a su espalda y al que la anterior etapa se ofuscaba en proteger. Esa medida inició una de las grandes líneas rojas de la presidencia de Ana Patricia: mejorar el gobierno corporativo en un complicado entorno cargado de regulación. La lupa del BCE o de la FED americana escruta al detalle a los consejos. En especial, la de Mario Draghi, que amenaza con aumentos de capital en caso de que un presidente maneje su consejo a golpe de reino de taifas.

La actual presidenta intenta cumplir al detalle con el libreto dictado desde Fráncfort, pese a que aún quedan tarjetas incómodas del pasado. Como la imputación del consejero Villar Mir por presuntas irregularidades en la concesión del hospital mallorquín de Son Espases. Pero el HSBC ha vuelto a aparecer. Y lo ha hecho con fuerza. Con la UCO bajo el brazo. Un cóctel explosivo en su operación limpieza.